Política Migratoria. Avances y desafíos
Cristian Barrita, Pablo Ceriani y Diego Morales
En la tarde del 26 de abril se desarrolló en el Salón Verde de nuestra Facultad la presentación de un informe titulado “Argentina: Avances y asignaturas pendientes en la consolidación de una política migratoria basada en los Derechos Humanos” y elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Federación Internacional de Derechos Humanos.
El primero de los expositores fue el Dr. Diego Morales, director del Programa de Derechos Económicos y Culturales del CELS, quien priorizó en sus palabras el análisis de las primeras secciones del informe que tratan sobre los alcances de la reciente ley nacional 25.871 -también conocida como ley de migración- sancionada en el año 2004.
Por otro lado, realizó un análisis comparativo entre la actual legislación con aquella vigente hasta el año 2004, fuertemente vinculada con el régimen militar iniciado en el año 1976. Definió a esta última como “restrictiva y arbitraria” ya que, entre otras cuestiones, contemplaba en su letra la posible detención e incluso expulsión sin mediar resolución judicial previa y hasta configuraba el impedimento de que el inmigrante tenga acceso a ciertos servicios públicos. Además, no se tomaba en real consideración aquellas situaciones en donde la familia del inmigrante ya era residente en el país. Con la venida de la democracia en 1983 la antigua ley de migraciones sufrió algunas modificaciones pero que, según Morales, terminaron perfeccionando antiguos institutos que en algunos de los casos contenían flagrantes violaciones a los derechos humanos. Esta realidad intentó ser revertida a partir de la sanción de la nueva ley de migraciones, aunque explica Morales que hubo que esperar recién hasta el año 2010 para que por medio de un decreto reglamentario del Poder Ejecutivo se pudiera impulsar la verdadera aplicación de muchas de sus cláusulas.
Luego, el Dr. Pablo Ceriani, co-autor del informe, no dejó de analizar cómo algunos sucesos globales, tales como un ataque terrorista o una crisis económica de repercusiones mundiales, terminan por robustecer o recrudecer políticas migratorias que violan reiteradamente los derechos humanos de los inmigrantes expulsados o cuando no sometidos a vejaciones varias. A pesar de ello, subrayó que paradójicamente suelen ser las grandes masas migratorias las que permiten el sostenimiento de la estructura productiva de los países desarrollados.
Seguidamente, mencionó que en los derechos del niño existe una cuestión que hoy requiere de nuestra atención y que no siempre es debidamente atendida por la normativa abocada a esta materia. Esto es, el modo en que se trata con los niños inmigrantes, sabiendo que en muchas legislaciones actualmente se prohíbe el acceso de menores no acompañadas por sus respectivos progenitores. Frente a ello, se deja en un estado de clara desprotección a aquellos adolescentes que escapan de sus países de origen, en donde reina la inestabilidad política y social.
Por último, resaltó que a pesar de los avances dados en materia de política migratoria, se ha subestimado la importancia capital de una campaña de difusión que comunique a la sociedad sobre los derechos reconocidos en esta nueva ley y que promueva una nueva conciencia de compromiso y sensibilización por aquellos que se encuentran en el país en calidad de inmigrantes.
A continuación, hizo uso de la palabra el Dr. Marcelo Peluzzi quien siendo juez del Juzgado Nacional de Ejecución Penal se encuentra permanentemente involucrado en la resolución de conflictos originados a partir de la comisión de un delito por parte de inmigrantes.
En el desarrollo de su tarea diaria de administrar justicia, Peluzzi comentó cómo opera el método por el cual se le ofrece al inmigrante retirarse del país para extinguir una pena, es decir, el acto administrativo de expulsión voluntaria como causal de extinción de la pena. Esta opción ofrecida en el artículo 64 de la ley nacional de migración al inmigrante condenado resulta, según Peluzzi, un derecho en beneficio del condenado. Aunque admitió que ya se ha reclamado por vía judicial que este artículo era contrario al principio de igualdad y, por ende, inconstitucional, debido a que los condenados nacionales no cuentan con el beneficio de expulsión y sí los condenados inmigrantes. Desde su experiencia como magistrado, señaló que aún solicitando el condenado esta opción, no siempre el trámite es ágil y sencillo, producto de que entre otras razones suele faltar toda la documentación necesaria y de este modo se suscitan retrasos cuando el condenado tiene hijos menores o cuando no hay una verdadera asistencia hacia él por parte de la embajada de su país.
Por su parte, el Dr. Cristian Barrita, co-titular de la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación, encargada no sólo de controlar el proceso de expulsión de un inmigrante, sino también de poder asistir a éste. De hecho, aclaró que siendo una de las obligaciones de la Defensoría General de la Nación la de velar por la protección y promoción de los derecho humanos, especialmente de aquellos colectivos en condiciones de vulnerabilidad y expuestos a discriminación, se creó la Comisión del Migrante, que se propone dar cumplimiento a esta obligación en el ámbito de las cuestiones relacionadas con la migración. Por otro lado, consideró sumamente positiva a la nueva ley de migraciones, ya que brinda nuevas herramientas que facilitan la asistencia al migrante y nuevas opciones para generar un mayor control en el proceso de expulsión. Para terminar, explicó a los presente el alcance de la asistencia brindada por la Comisión, que actúa para agilizar los trámites administrativos y observar el debido cumplimiento de la ley de migraciones y las garantías en ella reconocidas.
La actividad concluyó con las palabras de Alfredo Ayala, miembro de la Organización Civil Federativa de la Comunidad Boliviana, quien realizó un minucioso estudio de la naturaleza del término “inmigrante”, su evolución a lo largo de la historia y su desarrollo luego del surgimiento del sistema capitalista. Por otro lado, compartió con quienes asistieron al evento su experiencia como miembro de una organización que brega por la reivindicación de los derechos del inmigrante y, para finalizar, puntualizó que a diario se pude apreciar que cuando el Estado trabaja por la prevención del delito pone la atención primero en el inmigrante y no en aquellos sectores de nuestra sociedad que delinquen pero de un modo más complejo y refinado.