Perspectiva de la previsión social en Argentina
Claudia Giacometti, Laura Pautassi y Oscar Cetrángolo
En el ámbito del Seminario Permanente sobre Derechos Sociales y Políticas Públicas del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio L. Gioja”, se desarrolló en la tarde del 13 de junio una nueva actividad cuyo principal objetivo fue el estudio de las políticas de previsión social aplicadas a la realidad Argentina. De hecho, en el marco del tema convocante de este año -la “seguridad social” en su sentido amplio-, resultó algo más que interesante la posibilidad de debatir con expertos aquellos diferentes abordajes que son posibles trazar a partir de la problemática de la salud. A su vez, el seminario buscó incorporar en el análisis la reflexión en torno a las capacidades estatales en la provisión, regulación y financiamiento del sistema y los desafíos para proteger a los ciudadanos y ciudadanas ante las diversas contingencias sociales.
Fue el economista Oscar Cetrángolo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) el primero en tomar la palabra. El expositor reconoció como un tema complejo aquello que en esta oportunidad se dispondría a analizar. Ya de por sí surge la particularidad de que los cambios que puedan generarse en el sistema previsional producen efectos retardados y de allí lo necesario de contar con una perspectiva a largo plazo. Una decisión política en materia previsional puede en ocasiones tornarse fructífera recién a partir de la segunda generación de beneficiarios. En este sentido, destacó que “cada vez que el Estado interviene para resolver algo es posible que se genere una dificultad adicional”. Resulta de una alta complejidad el comprender que un joven de 23 años que empieza a aportar recién podrá favorecerse directamente de tal accionar pasados por lo menos 30 años desde su primer aporte.
En lo referido al financiamiento y los derechos que esto genera, afirmó que se puede percibir en estos últimos tiempos una aparente modificación en la lógica aportante - beneficiario. Es decir, pareciera intensificarse el debate en torno a si los beneficios son exclusivamente para los aportantes o si también estos recursos deberían ser destinados a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
Recordó una reciente entrevista realizada por un diario de gran tirada al Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo Lorenzetti, en la que el magistrado sugirió al Poder Legislativo que determinara con claridad si la seguridad social debe dar beneficios sólo a los aportantes o si también debe dar respuestas a todos los sectores en situación de marginalidad.
Cetrángolo anticipó su postura personal al respecto, sin antes admitir las controversias que tal postura podría llegar a general. “No creo que los derechos de un sistema de pensiones sean similares a los derechos de un sistema de salud”, aclaró el disertante. Aunque en los dos hay beneficios contributivos y no contributivos, la salud no debería hacer distinciones entre un trabajador formal de uno informal o de un desempleado, la cobertura debería ser idéntica en todos los casos. Sin embargo, según el expositor, en el caso del sistema previsional la realidad debería ser otra. Confesó que en su opinión debería haber una mayor o menor cobertura dependiendo de si el beneficiario efectuó o no los aportes necesarios.
Con la asistencia de cuadros comparativos explicó el crecimiento demográfico que se está produciendo de acuerdo a los distintos grupos etarios. Adelantó que ya para el año 2035 se habrá producido en América Latina un envejecimiento de su población y, consiguientemente, habrá un número mayor de personas que requerirán de los beneficios del sistema previsional. Seguramente, uno de los principales desafíos para los años venideros será reducir la informalidad para, de este modo, reducir la demanda de cobertura por parte de aquellos no aportantes. “Hoy la cantidad de dependientes por trabajador formal es más alta obviamente en los países menos desarrollados, ya que en los más desarrollados la relación es menor”, expresó el disertante.
Sin embargo, resaltó que en la última década Latinoamérica ha podido aumentar su gasto público, especialmente el gasto público social, que incluye un engrosamiento de los fondos destinados a seguridad social y a programas asistenciales.
A partir de los datos arrojados por lo que se conoce como “Curva de Gini”, o también “Índice o Coeficiente de Gini”, el expositor pasó a analizar la distribución del ingreso en los distintos países de América Latina. Enseñó que la inversión en salud, en educación y en el sistema previsional generan en estos países hermanos y en la Argentina mayor igualdad entre los diferentes sectores de la sociedad.
En cuanto al caso concreto de la Argentina, mencionó que a raíz de las reformas en el sistema previsional impulsadas en los años 1993 y 1994 se produjo una fuerte caída en los niveles de cobertura, alcanzando su piso más bajo entre 2003 y 2004. Aquel régimen de capitalización incentivó una baja en la cobertura, producto de que se empezaban a exigir mayores requisitos en un contexto de altos índices de informalidad. Por aquellos tiempos la necesidad de un saneamiento financiero parecía poder lograrse sólo a través de una merma en el número de beneficiarios, y así sólo un selecto grupo de nuestra sociedad terminó recibiendo una digna jubilación.
Por su parte, la Dra. Laura Pautassi, miembro del Instituto Gioja y actualmente trabajando en el CONICET, estimó necesario dedicarle un espacio al estudio del funcionamiento del sistema previsional en la actualidad. De este modo, recordó al público presente que desde el año 2008 se lo llama “Sistema Integrado Previsional Argentino”, constituido a partir de la ley 26.425. Añadió que aún hoy subsisten variadas y numerosas desigualdades en nuestro sistema, especialmente en materia de género. “Varones y mujeres no han tenido la misma posibilidad de acceder al mercado de trabajo y tener una trayectoria laboral […] para que esto se pueda traducir dentro de sistema previsional”. En definitiva, explicó que la situación actual en el mercado de trabajo se suele repetir luego en el sistema de previsión social.
Seguidamente, se refirió a la llamada moratoria previsional, en donde se configura una jubilación para las amas de casa no aportantes y, asimismo, al rol del Poder Judicial, más precisamente, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el debate sobre el beneficio en relación a la contribución previa. “El sistema previsional es un tema que ha estado en permanente debate, en permanente crisis también, esta crisis viene de arrastre en toda América Latina. En los ‘90 se produce un punto de inflexión importante, quizás por el cambio también en la concepción del sistema de previsión social”. Esta nueva concepción ya no asociaba al sistema con los regimenes de reparto únicamente, sino que en la década de los años ‘90 se consolida también la idea de la capitalización individual, vinculando un aporte con un beneficio futuro. Esto último ha constituido un reacomodamiento de magnitud, en donde se termina de concretar el establecimiento de un sistema fragmentado o desintegrado en el cual coexiste un régimen de reparto público, además de los otros subsistemas privados. Hoy este carácter de desintegración en cierto punto se mantiene con cajas de jubilaciones provinciales y municipales, sumado a los órganos nacionales como la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), además de los regímenes especiales como, por ejemplo, el de las fuerzas de seguridad.
La última de las disertantes fue Claudia Giacometti, investigadora y consultora independiente, quien recurrió al uso de diversas estadísticas e índices nacionales, aunque reconoció que estos no abundan. Una de sus principales conclusiones fue que aún con un sostenido crecimiento general de aportantes, las mujeres continúan no estando presentes con la misma intensidad que los hombres. De hecho, las mujeres sólo representan el 30% de total de los aportantes. A pesar de ello, esta tendencia pareciera lentamente reducirse día a día. Esta baja participación en cuanto a aportes, se contrapone con una mayor presencia de mujeres en carácter de beneficiados, exacerbada a partir de la reciente integración al sistema de beneficiarios no contribuyentes. Lo anterior encuentra justificación cuando descubrimos que las mujeres suelen ser más longevas que los hombres.