Pandemia COVID-19 y vacunas: acceso, reglas y estrategias de cooperación
Pandemia COVID-19 y vacunas: acceso, reglas y estrategias de cooperación
El pasado 18 de marzo de 2021 el CEIDIE y Flacso organizaron esta jornada que contó con la participación de Manuel Becerra Ramirez (Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM), Valentina Delich (UBA-FLACSO), Andrés Moncayo von Hase (CEIDIE-UBA) y Juan Correa (CEIDIE-UBA).
Tras una breve introducción por parte de la directora del CEIDIE, Sandra C. Negro, la moderadora del encuentro, Vanesa Lowenstein, le dio la palabra al primer expositor,
Manuel Becerra Ramirez. Para comenzar, el orador indicó que “en la década de los noventa la industria farmacéutica se convierte en un capitalismo especulativo que busca rentabilidad inmediata en términos generales y a esto se le sumó la inserción de la propiedad intelectual en particular sobre los farmacéuticos. En este marco, se refirió a la ronda de Uruguay y al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). “Por primera vez en un tratado internacional se regulan los productos farmacéuticos en términos generales. Con eso lo que se está haciendo es limitar las licencias obligatorias y, en lo que se refiere a las patentes, hay una extensión del plazo de protección”, puntualizó y remarcó que “esto da vida a lo que se considera como el capitalismo del conocimiento”.
En cuanto a las vacunas para el COVID-19, señaló que la Organización Mundial del Comercio (OMC) presentó una propuesta de exención de carácter temporal que propone la suspensión de cuatro secciones de la Parte II del ADPIC: “Esta exención duraría el tiempo necesario que se acuerde en el Consejo General de ADPIC hasta que se haya aplicado la vacuna a nivel general en el mundo”.
Más adelante se refirió a Quad Vaccine Partnership, grupo integrado por Estados Unidos, Japón, Australia e India. “Acordaron hacer una negociación para la producción de la vacuna y realizar un intercambio de tecnología. Lo que están diciendo es que van a satisfacer las necesidades internas y después se buscará ayudar con lo que sobre. Es interesante mencionarlo porque se están moviendo a nivel internacional las diferentes potencias en una especie de guerra y de nueva política internacional en materia política hegemónica alrededor de la vacuna”, contó.
Por su parte,Valentina Delich expresó: “Si uno tuviera que decir en líneas generales una apreciación sobre el escenario internacional en COVID, lamentablemente es un escenario en el que hay mucha más competencia entre los países que cooperación. Uno hubiera tenido derecho a hacer el supuesto contrario: que si una gran pandemia caía sobre la humanidad, esta iba a ser una causa más que razonable para que todos decidieran que era hora de cooperar y, sin embargo, la arquitectura legal y política internacional no pudo liderar una actitud más cooperativa y lo que vemos es una carrera por las vacunas y la provisión de vacunas que es no tan acuciante en los países desarrollados porque se han provisto de una buena cantidad, pero sí que es desesperante en los países en desarrollo”.
Por otro lado, sostuvo que “la propiedad intelectual es una sola de las dimensiones que uno necesitaría ajustar o articular para poder dar una respuesta consistente a una crisis como la del COVID”. En este sentido, expuso: “No puedo dejar de notar que durante el año 2020 según los reportes de la OMC más de ochenta países colocaron restricciones a las exportaciones (...). Esto también pone sobre la lupa una parte del escenario que es que en épocas de pandemia las cadenas globales de valor fueron bastante más difíciles de sostener porque los proveedores primero proveían localmente antes de proveer a la cadena de valor”.
Hacia el final, reflexionó: “Si una cosa quedó clara es la ausencia en América Latina de una política regional compartida de innovación o de propiedad intelectual y quedamos colgados de la arquitectura multilateral o de las capacidades nacionales”.
Juan Correa desarrolló: “Si bien hubo declaraciones, estas fueron bastante vacías de contenido o no llegaron a resultados favorables porque siempre estuvimos hablando de cooperación internacional, de mejorar las vacunas o de que el bien público global sean las vacunas o las tecnologías sanitarias esto finalmente nunca quedó acordado en ninguno de los textos que se presentaron tanto en Naciones Unidas como en la OMS principalmente por la oposición de la Unión Europea como Estados Unidos que, frente a la oposición de los países en desarrollo, que pedían que las vacunas o las tecnologías sanitarias para la lucha contra el COVID fueran consideradas bienes públicos globales encontró siempre un frente a estas resoluciones”.
Por otra parte, analizó: “Salvo en donde se autorizaron procesos de emergencia para la aprobación de vacunas del COVID o componentes que tienen que ver con la lucha del COVID, estamos hablando de que una patente se concentre en los países donde tienen la concesión más rápida y exámenes menos rigurosos en cuatro años. Entonces, sería muy difícil hoy hablar de que hay una concesión de patentes o un gran número de patentes que son relativos a la tecnología del COVID. Lo que sí se ve es que muchas de las vacunas son tecnologías que ya estaban utilizadas o que ya tienen componentes o partes patentadas pero en ninguna se hace referencia a la totalidad de la vacuna del COVID. En este contexto, sostuvo que “hoy estamos hablando más de la relevancia de la transferencia de tecnología y el know-how y acá entra el problema de que los procesos de transferencia de tecnologías son voluntarios”.
Finalmente, Andrés Moncayo von Hase recordó que “Argentina con motivo de la pandemia dictó toda una serie de normas de emergencia, es decir, acopló emergencias. (...) Lo que quedó claro de todo este andamiaje jurídico es que el estado tiene un rol primordial que cumplir en la coordinación de la política sanitaria, no para bajar línea autoritaria o jerárquicamente, sino para coordinar con todas las unidades políticas que conforman un país que en el caso nuestro es federal. Coordinar el accionar con las municipalidades, con las provincias y con todas las subdivisiones políticas para que también haya una distribución equitativa de las pocas vacunas que ya de por sí están llegando a nuestros países”.
Más adelante, señaló que “a través de la ampliación de la emergencia sanitaria se faculta al Ministerio de Salud para establecer un mecanismos de monitoreo de precios de medicamentos e insumos del sector de salud y de alternativas de importación directa y licencias compulsivas u obligatorias frente a problemas de disponibilidad o alzas injustificadas de precios que dificultan el abastecimiento y el acceso”. Y explicó que se arma un andamiaje jurídico que tiende a ampliar y simplificar las modalidades de contratación. También se permite prescindir del sistema de contratación o dejar de lado el sistema de contratación habitual del estado.