Nuevas pautas de actuación profesional: las Acordadas 30 y 31 de la CSJN
Nuevas pautas de actuación profesional: las Acordadas 30 y 31 de la CSJN
El 3 de agosto se realizó la conferencia "Nuevas pautas de actuación profesional: las Acordadas 30 y 31 de la CSJN", que contó con el aporte de Virginia Badino, Ricardo Sánchez Peña y Analía Tomasini. Organizaron en conjunto el Centro de Graduados y el Departamento de Práctica Profesional.
Al comienzo, Virginia Badino hizo una breve presentación. “Vimos que el servicio de justicia se tuvo que reinventar, no es algo que haya comenzado ahora, este proceso se inició hace mucho tiempo y se tuvo que acelerar”, planteó. Y sumó que “esta adaptación a estos nuevos mecanismos regulados a través de cada acordada y resolución exigen a los operadores de justicia una revisión y adecuación de nuestros métodos de trabajo acorde no solo a la tecnología y la virtualidad sino la realidad de pandemia”.
Seguidamente, expresó que “como Facultad de Derecho, a través de nuestro Patrocinio Jurídico Gratuito, seguimos garantizando el acceso a la justicia de aquellos grupos más vulnerables económicamente y también vulnerables por la condición o situación que produce la violencia. (…) Los alumnos y el grupo docente han estado a la altura de la circunstancia para poder seguir garantizando el acceso a la justicia”.
Ricardo Sánchez Peña analizó las Acordadas aprobadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A continuación, se concentró en las Acordadas 27, 30 y 31, el levantamiento de la feria judicial extraordinaria de la Corte Suprema, de los tribunales orales y cámaras nacionales federales y la prórroga de la misma los juzgados de primera instancia hasta el 26 de julio y prevé protocolos para la actuación del Poder Judicial, la actuación profesional y medidas de prevención, higiene y seguridad. “Una de las cosas que señala es que el funcionamiento del tribunal para prestar el servicio judicial hay que darle prioridad a la protección de la salud quienes asistan al tribunal y a peticionar, a los empleados y a los funcionarios. (…) El otro gran principio es que los funcionarios deben tratar de organizar el funcionamiento del tribunal de manera tal que la asistencia de los empleados sea la menor posible”.
Asimismo, se refirió al expediente electrónico digital y explicó que existen tres tipos de expedientes. “Están los expedientes que iniciaron en su momento de manera física en soporte papel y en el medio comenzó a funcionar la presentación en formato papel digital y expedientes que se iniciaron ya estando el sistema de presentación digital. Por último, tenemos los expedientes que han sido iniciados totalmente en forma digital con motivo de la implementación que ha hecho la Corte a partir de las acordadas”. Los/as abogados/as tendrán que preservar las presentaciones originales.
Otro aspecto incluido en el protocolo al que aludió son los cómputos. “Si yo presento el escrito durante el 3 de agosto, hay que ver si está presentado dentro del horario de Tribunales, es decir, en horario hábil o fuera del horario hábil. Si fue presentado en horario hábil, se considera presentado ese día. Si presenta un escrito fuera del horario hábil, lo que dice la acordada es que la fecha cierta de ese escrito, por ende, la fecha en la cual se lo considerará presentado, es la primera hora hábil del día siguiente”, aseguró.
Finalmente, comentó sobre las audiencias. La acordada tiene previsto tomar audiencias de tres tipos: presenciales, semi presenciales o remotas. “Con semipresencial me está diciendo que algunos de los intervinientes en la audiencia no van a estar de forma remota, no me habla de una presencial 100 por ciento. (…) Si uno necesita ir al tribunal de forma presencial hay una manera está prevista en la acordada. No es lo que se busca”.
En tanto, Virginia Badino tomó nuevamente la palabra para exponer sobre la cuestión de los escritos: “Transitando por ese camino del expediente digital llegamos a esta parte donde se regula esta incorporación de los escritos en los que la parte actúa con patrocinio letrado. En este punto se produce una crisis ya que colisiona con la realidad por la que atravesamos. Podemos pensar en la cuarentena, que puede pasar, pero en definitiva va a haber pandemia y no sabemos hasta cuándo y tenemos que seguir trabajando en la profesión y adaptándonos”.
Reflexionó que existe una contradicción en relación con lo anterior: “Si el consultante o el cliente no pudo llegar porque está afectado en su salud o porque no pudo circular porque sigue existiendo esta realidad diferente, cómo hacemos para poder adelantarnos a conseguir esa firma, vamos a poner en riesgo todo. Acá yo veo una seria contradicción que justamente contradice todos los protocolos que hemos leído de medidas de prevención, higiene y seguridad frente la pandemia de COVID-19”.
Frente a este interrogante, afirmó que la figura de la representación procesal ofrece una solución. “Nuestra Facultad pudo avanzar en un acuerdo con el Colegio de Escribanos de CABA donde está previsto un poder notarial en el cual pensamos un mandato limitado en el tiempo con fecha de finalización y donde fijamos domicilios especiales donde serán válidas las noticias en correo electrónico. Ahí van a ser válidas todas las notificaciones entre ellas la renuncia a la representación”, sostuvo.
En resumen, indicó que “la figura del patrocinio letrado con intervención de la parte suscribiendo el escrito está en crisis hasta tanto volvamos a una normalidad que no conlleve el riesgo que repercuta en la salud pública. No veo por el momento otra alternativa compatible además con la responsabilidad que este punto nos está endilgando a los profesionales porque nosotros no podemos quedar a la expectativa que el cliente después nos traiga el escrito, es demasiada responsabilidad y un compromiso que no deberíamos asumir”.
Para finalizar, Analía Tomasini expuso sobre la influencia de la Acordada 31 en las causas penales: “De alguna manera podría ser mucho mejor pero viene a dejar salvoconductos para saber cómo nos manejamos de ahora en más porque durante la cuarentena fue complejo”. Recordó que más del 80 por ciento de las causas penales no están digitalizadas. En ese sentido, el instructivo para el pedido de turno que se implementó puede facilitar el acceso a los expedientes. “Un casillero se avanza si es que los turnos van a funcionar y a ser dados con cierta regularidad porque vamos a necesitar en la mayoría de las causas acercarnos al expediente”, subrayó.
Si bien existía una feria judicial extraordinaria, la Corte había dispuesto que las causas penales de violencia, narcotráfico y trata tuvieran la tramitación mínima indispensable, pero no había establecido cómo se debía realizar. “Por el mes de abril una de las primeras acordadas que saca la Cámara Federal de Casación es que esas causas con ese privilegio van a poder tramitarse en tanto no existiese oposición de las partes. Esto no venía siendo receptado por la Corte hasta que, en esta acordada dentro del protocolo, dice específicamente que si hoy se van a tomar audiencias semi presenciales o virtuales previo a disponerlas va a haber que darle traslado a las partes para que mediara acuerdo de todas”. Los tribunales no van a poder imponer audiencias virtuales si no hay previo acuerdo de las partes.
En la misma línea argumental, puntualizó dos problemáticas propias de las causas penales: la indagatoria y los juicios orales. “Este apartado cinco viene a ser un salvoconducto, una posibilidad de discutir que es imposible en esta situación, en donde no me garantizaron la posibilidad de hablar con mi asistido y tampoco tengo libertad para circular, se pueden ver afectados derechos”, planteó. Asimismo, afirmó que “los juicios orales llegaron porque se suponía que venían a legitimar estas aplicaciones de pena en tanto cumplimiento con principios que ya venían arrastrando con los tratados internacionales: la inmediación, la publicidad, la oralidad. Para que quienes iban a juzgar tuvieran de manera directa y sin intermediarios la percepción de la prueba”. Y sumó que “si la metodología va a pasar a ser virtual todos estos principios que fundaban la aplicación de pena por un tribunal, ni hablar por un jurado, empiezan a desvanecerse”.