Narcotráfico, su renta ilegal. Interpretación de la Constitución de Colombia. Lavado y Derechos Humanos
Isabel González Nieves, Lisandro Javier Romero Villa y Rubén Donzis
El pasado 21 de junio, en el aula 29, tuvo lugar el encuentro “Narcotráfico, su renta ilegal. Interpretación de la Constitución de Colombia. Lavado y Derechos Humanos”, organizado por el Departamento de Ciencias Sociales. La exposición estuvo a cargo de Lisandro Javier Romero Villa. Coordinaron: Isabel González Nieves y Rubén Donzis.
Para comenzar, Rubén Donzis se refirió a las distintas investigaciones que se dieron en coordinación con Isabel Gonzalez Nieves, que incluyen la trata de personas y la narcocriminalidad. Aclaró que cada uno/a abordó las investigaciones desde distintas perspectivas: la Sociología Jurídica y la Económica del Derecho. Resaltó además la presencia de Lisandro Javier Romero Villa, profesor de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Derecho Constitucional.
A su turno, Lisandro Javier Romero Villa sintetizó los temas que abordó con perspectiva constitucional: el narcotráfico, la renta ilegal y su efecto en los derechos humanos. Manifestó que hay varias causas por las cuales es importante hablar de estos temas. “Primero ha afectado a mi país fuertemente en cuanto a su desarrollo. (…) Y durante la toma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985, uno de los magistrados caídos por la guerrilla fue mi tío”, indicó. Consecuentemente, compartió una serie de datos estadísticos sobre el conflicto armado colombiano desde 1960: desplazamiento de 7 millones de personas, 10.000 personas torturadas, 340.000 exiliados, 16.000 niños soldados, 34.000 secuestros, 165.000 desaparecidos, 400 líderes sociales asesinados y más de 320.000 muertos. “El conflicto se dio por varios procesos, pero ha sido el narcotráfico el que ha desatado todo el problema”, concluyó.
Acto seguido, comentó el Tratado de Paz (2016) entre el gobierno colombiano y el grupo guerrillero FARC. Identificó dos grandes cambios que trajo aparejado como la integración de órgano basado en la verdad, justicia, reparación y no repetición, y el desarrollo de la Ley de Víctima hacia una evolución de justicia transicional. Comparó la labor del gobierno colombiano y las facciones disidentes con los esfuerzos del expresidente argentino Raúl Alfonsín durante la vuelta de la democracia y la finalización de la última dictadura cívico-militar para la creación de un comité que investigue los crímenes contra los derechos humanos. “Los derechos no se mendigan, se exigen”, expresó.
Posteriormente, señaló que “a pesar de la muerte de Pablo Escobar en 1993, la droga ha sido el combustible de nuestro conflicto interno, sencillamente porque le da la fuerza económica a los grupos que se encuentran fuera del marco de la ley”. Asimismo, señaló que la corrupción y la falta de paternalismo en las regiones pobres ha causado el crecimiento del negocio del narcotráfico, pero diferenció a los/as pobres productores/as de los narcos terratenientes. Con el tratado de 2016, se han generado cambios en la infraestructura para conectar las regiones, se creó un programa donde a las familias más pobres se le dio la oportunidad de trabajar con otro tipo de cultivos.
Por otro lado, profundizó sobre la sofisticación de los/as narcotraficantes y su apertura hacia nuevos mercados: la ocupación de predios con fines de lucro, monopolización de mercados de las ciudades, trata de personas y trata de migrantes. “Esto no solo ocurre en el mercado informal sino también en el formal, como en el caso de las boleterías. (...) El intermediario de estas transacciones consigue el puesto por maniobras ilícitas que burlan las regulaciones, el orden económico y el orden fiscal”.
En esa misma línea argumental, planteó que “siempre hay que buscar alternativas con cambios profundos que emerjan de la democracia. (...) Hay que buscar alternativas no solo en los jueces y policías”.
A modo de conclusión, se refirió a la autonomía de las personas en situación marginal. “Vamos a los barrios con estudiantes y profesores para hacer un servicio social, donde le enseñamos a la gente sobre el acceso a la justicia y sus derechos”, afirmó y agregó que “una de las propuestas es que el mismo Estado pueda ayudar por medio de las instituciones a la capacitación o socialización de las personas. Todo esto con una interpretación de la constitución humanista”.