Modelos de agencias y Estado regulador: desafíos desde el Derecho y las Políticas Públicas
Críspulo Marmolejo González
La Cátedra de Derecho Administrativo del profesor Carlos F. Balbín y la Especialización y Maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública organizaron el 9 de noviembre una conferencia a cargo de Críspulo Marmolejo González (magíster en Derecho con mención en Derecho Económico, doctor en Derecho por la Universidad de Chile, máster en Estudios Internacionales por la University of St. Thomas, Estados Unidos, y profesor de Derecho Económico y Director del Departamento de Derecho Económico y Tributario de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, Chile), titulada “Modelos de agencias y Estado regulador: desafíos desde el Derecho y las Políticas Públicas” .
El profesor Carlos F. Balbín (profesor titular de Derecho Administrativo y director de la Especialización y de la Maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública) presentó al expositor.
En primer lugar, Críspulo Marmolejo González sostuvo que interpretar el conjunto de conceptos que relacionan el derecho y la microeconomía es clave para el mejor desarrollo de las políticas públicas. Asimismo, se refirió a “cómo el procedimiento del análisis de impacto regulatorio genera que nuestras decisiones de política pública signifiquen en el fondo un mejor estándar de bienestar para los consumidores y para que todas las decisiones que involucren la actuación de agentes de mercado signifiquen en el fondo no ir contra la protección de los consumidores y de los usuarios”.
Luego contó: “Me tocó desempeñarme dos años como ministro del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en Chile, que es una corte de competencia creada en el año 2003 y que llama la atención porque es un tribunal que también puede tener poderes normativos o de proposiciones normativas”. En este marco, recordó que Argentina tiene desde mayo de 2018 la ley 27.442, que es la nueva ley de libre competencia. “Si uno quisiera hacer ciertos puentes de comunicación entre los países y pensar que nuestro derecho latinoamericano puede beneficiarse de categorías microeconómicas para un mejor desarrollo de agencias y un mejor desarrollo de políticas públicas, yo creo que esta ley es una buena base de conexión”, remarcó. Explicó que la ley propone una autoridad nacional de competencia argentina, que se compone de tres elementos que son el tribunal de defensa de la competencia, la secretaría de conductas anticompetitivas y la secretaría de concentraciones empresariales.
Por otro lado, se refirió a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): “Tiene influencia en materia de diseños institucionales y en materia de políticas públicas porque la OCDE habla u opera a través de una serie de recomendaciones o instrumentos públicos que en el fondo sugieren la adopción de ciertos diseños o modelos institucionales”, señaló y agregó que “en Chile se contrató a la OCDE para diseñarnos un sistema de aprobación de operaciones de concentración y ese fue el sistema que se incorporó y que ha sido recogido en el procedimiento de la ley 27.442”.