Migraciones y sistema judicial: representaciones sociales de los/as operadores judiciales sobre las personas migrantes y sus derechos humanos
Lila García y Anahí González
Lila García y Anahí González
Migraciones y sistema judicial: representaciones sociales de los/as operadores judiciales sobre las personas migrantes y sus derechos humanos
Migraciones y sistema judicial: representaciones sociales de los/as operadores judiciales sobre las personas migrantes y sus derechos humanos
El pasado 4 de septiembre en la Sala Vélez Sarsfield, se llevó adelante la actividad “Migraciones y sistema judicial: representaciones sociales de los/as operadores judiciales sobre las personas migrantes y sus derechos humanos”, en cuyo marco expuso Anahí González (Instituto Gino Germani, UBA) y participaron en calidad de panelistas Laura Clérico (CONICET, UBA), Lucía Galoppo (Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes), Lila García (Universidad Nacional de Mar del Plata, CONICET) y Guillermo Treacy (juez de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal).
Organizó el Proyecto PICT 2015-3239 "Los DESC como Derechos Exigibles en Argentina: Aportes para una metodología de argumentación desde una perspectiva integral".
En primer lugar, Anahí González se refirió a su investigación e indicó que el objetivo general fue indagar acerca de las representaciones sociales del sistema judicial, particularmente en lo que es el área metropolitana de Buenos Aires y también el ámbito federal en relación con el reconocimiento de los derechos humanos de los migrantes internacionales llegados a partir de la segunda mitad del siglo XX a Argentina. Para ello, contó que trabajó con las representaciones actuales que tienen los miembros del Poder Judicial sobre los migrantes. En este sentido, explicó que hay representaciones sociales que tienen una carga negativa. Asimismo, detalló: “No trabajamos con opiniones, sino con cómo la representación social nos permite complejizar el fenómeno porque es una categoría que vincula lo que se piensa con lo que se hace”, y planteó que “las representaciones sociales son difíciles de modificar. No porque haya una ley migratoria respetuosa a los derechos humanos uno ya no discrimina a nadie y los migrantes la pasan mejor que en cualquier otro país del mundo. Si bien es un avance, las representaciones van por otro andamiaje”.
Las entrevistas que llevó adelante las realizó a miembros del sistema judicial, a informantes clave (defensores oficiales y miembros de organizaciones no gubernamentales) y también trabajó con sentencias judiciales.
En cuanto a los resultados de su investigación, desarrolló: “Por un lado, vimos que habían muchas representaciones que tenían que ver con una construcción negativa del migrante, sobre todo el migrante regional. Una idea de ciudadanía restringida: esto de pensar al migrante como un sujeto que no está en igualdad de condiciones con el nacional y, por otro lado, una cuestión vinculada con una política migratoria restrictiva, es decir, todos aquellos miembros del Poder Judicial entrevistados que tal vez tenían una visión más progresiva con respecto al reconocimiento de los derechos de los migrantes, cuando uno seguía el discurso terminaban siempre hablando de políticas migratorias restrictivas”.
Hacia el final, se enfocó en la cuestión de la ciudadanía restringida. “Lo que aparecía sobre todo era esa idea del migrante como aquel que viene a abusar o usar ciertos servicios públicos y no pensar como alguien que puede aportar, siempre vinculado con la idea del impuesto”, aseveró.
Lucía Galoppo expuso desde su trabajo en la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF) y propuso “pensar no solo las representaciones que tiene el sistema de representación de justicia de los y las migrantes, sino cómo se posicionan los y las migrantes ante la necesidad de acceder al sistema de justicia”. Y reconoció: “Durante muchos años y hasta el día de hoy sigue persistiendo esta idea de migrante irregular como que tiene menos derechos”. Además, expresó que “muchas veces las personas que se acercan a los servicios de CAREF se acercan para tener una conversación con los estudiantes de Abogacía de la clínica jurídica (...) y muchas veces existe el temor de contarnos ciertas realidades, de decirnos la historia completa para poder trabajar porque existe siempre el temor de que se le van a imprimir ciertos prejuicios: estas representaciones que tienen algunos funcionarios de Poder Judicial respecto a la población migrante”.
Lila García comenzó diciendo que “en los estudios de migraciones, en particular los estudios de política de migraciones, son muy recientes. De 1989 para acá, ha sido campo fértil de demógrafos, sociólogos y antropólogos”. Sin embargo, sostuvo que “en los últimos años, el diálogo en migraciones se ha conformado en uno jurídico, tanto como para los que trabajamos en el Derecho como para los que trabajan otra disciplina”.
Más adelante, remarcó que ella considera que “la verdadera realización de los derechos humanos pasaría por eliminar los regímenes detrás de la inmigración porque plantean de antemano un marco en el cual te tenés que mover y parte de la diferencia de seres humanos (...). Discutimos el derecho por el derecho mismo, el derecho humano por la persona y no por su nacionalidad”.
Guillermo Treacy manifestó que “hablar de la familia judicial presupone una homogeneidad que no es tal”. Y lamentó que “las personas migrantes no estén pudiendo acceder a una defensa jurídica de la mejor calidad”. Además, distinguió que algunos defensores oficiales también pueden recoger prejuicios. Reflexionó que “es interesante hacer un análisis del contenido del decreto 70/2017. Si uno mira, hay toda una insidiosa relación entre los migrantes y el delito; al leer los fundamentos del decreto uno piensa que la gente viene a cometer delitos y que no hacen otra cosa que incrementar la criminalidad”.
Laura Clérico puso de manifiesto su interés en las representaciones sociales asociadas a la interpretación y aplicación del derecho. “Generalmente, cuando nosotros trabajamos con la interpretación del derecho o cuando trabajamos con métodos de adjudicación de derechos, tenemos sentencias pero no tenemos la trastienda porque no forma parte de nuestra formación”, reconoció.
Luego hizo una distinción entre el contexto de justificación y el contexto de descubrimiento. En este sentido, sostuvo que se tiene acceso al contexto de justificación pero para comprender y tratar de desarmar hay que preguntarse qué lo habrá llevado a resolver de esta manera y no de otra: ahí aparece el concepto de las representaciones sociales que propone Anahí González.