Mesa redonda - Antecedentes y tendencias actuales en propiedad intelectual
Luiz Pimentel, Sandra Negro, Javier F. Núñez y Salvador D. Bergel
En otra de las numerosas reuniones que año tras año organiza el Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico (CEIDIE), el 21 de septiembre pasado se dispuso una mesa redonda en el Salón Verde para discutir sobre el tema “Antecedentes y tendencias actuales en propiedad intelectual”.
Los oradores principales de la jornada fueron tres especialistas en el tema: los Dres. Luiz Pimentel (Univ. Santa Catarina, Brasil), Salvador Bergel y Javier Núñez (ambos investigadores del CEIDIE).
La actividad contó a su vez con la moderación de la Dra. Sandra Negro, y tuvo como objetivo principal tratar los debates más recientes en torno al binomio protección vs. apertura en el campo de las patentes de invención.
En primer lugar, el Dr. Salvador Bergel se refirió a los “Problemas del patentamiento en biotecnología”. Destacó en este aspecto, un fenómeno surgido a mediados del siglo XX y que lleva por nombre “tecnociencia”: vinculación estrecha entre ciencia y tecnología. Para explicar la importancia de este fenómeno, Bergel comentó que hasta no hace muchos años, en ciencias –sobre todo en las biológicas– todo era observación y descripción. Hoy, en esta era tecnológica, se trabaja desde la idea de intervención de la realidad; y es una tendencia que en biología comenzó a desarrollarse a partir del descubrimiento del ADN y el nacimiento de la biología molecular.
“Desde el punto de vista económico e industrial esto empieza a tener una importancia muy relevante”, aseguró Bergel. En ese sentido, puso como ejemplo paradigmático el desarrollo de la agricultura transgénica, o el caso de las industrias farmacéuticas, que han visto crecer exponencialmente la producción gracias a la manipulación genética.
Esto llevó, según comentó Bergel, a la aparición de ciertos precedentes jurisprudenciales que, contradiciendo ciertas doctrinas tradicionales, empezaron a ceder frente a las fuertes presiones industriales. Así, citó el fallo “Chakrabarty” de la Corte Suprema de Estados Unidos [NdR: “Diamond v. Chakrabarty”, 447 U.S. 303 (1980)], que en 1980 autorizó el patentamiento de seres vivos (se trataba de una nueva especie de bacteria).
Para Bergel, la doctrina sentada en el fallo mencionado “es muy discutible”, porque, según sus palabras, rompió la distinción entre invento y descubrimiento. “Se supone que uno descubre algo que ya existía, mientras que el invento es una producción que nace del individuo y que no estaba en la naturaleza”. En ese sentido, nuestro profesor se mostró más de acuerdo con un viejo fallo de los tribunales estadounidenses que, contrariamente al fallo anterior, establecieron que no se podía considerar patentable el descrubrimiento de una sustancia que ya existía en la naturaleza [NdR: ver “De Forest Radio Co. v. General Electric Co.”, 28 F.2d 641, 643 (3rd Cir. 1928)].
Según nuestro investigador, el afán económico desmesurado, ayudado por la doctrina “Chakrabarty”, está llevando a que se patenten “cosas absurdas”, que no constituyen ningún invento. “Esto afecta la marcha de la ciencia y el interés general”, enfatizó, en el sentido que hoy en día el conocimiento se tiende a esconder para sacar un mayor rédito económico, y así la comunidad no puede aprovechar, como en otros tiempos, los avances de la ciencia.
Algo en desacuerdo, el Dr. Luiz Pimentel se permitió disentir con las conclusiones extraídas por su colega. Debido a su trabajo como director ejecutivo de un centro de investigación en Brasil, Pimentel se preguntó cuál es el deber moral a cumplir con los escasos recursos de la ciudadanía que se invierten en las universidades públicas para investigación: “¿Debemos abrir nuestros descubrimientos y ponerlos a disposición del mundo o debemos proteger de alguna manera el conocimiento logrado con tanto esfuerzo de la ciudadanía?”.
Pimentel comentó que actualmente hay dos tendencias que defienden en cierto modo la protección del conocimiento: por un lado están las empresas y sus ya conocidos intereses económicos, pero, por otro lado, está también la gente que se opone a la moda extendida del open source, dado que los defensores de la “piratería” y la libre circulación de conocimiento son sujetos que tranquilamente podrían pagar por ello. “Si las investigaciones fueran pagadas por algún fondo mundial (la ONU, la OMC, etc.), no hay problema; ahora, cuando los recursos son propios y son pocos, parece algo injusto no protegerlos de algún modo”, resumió Pimentel.
Continuando con su argumento, nuestro invitado explicó que en Brasil hubo algunas experiencias recientes muy fructíferas de alianzas entre empresas privadas y universidades para explorar en actividades de I+D [NdR: I+D se llama a las actividades de investigación para el desarrollo de largo plazo], donde a cambio de la investigación que aportan las universidades, éstas obtienen la cotitularidad de la patente de invención (algunos ejemplos son el de las empresas Natura y Petrobras). Pimentel sugirió, para terminar, que debe profundizarse más la relación de cooperación entre el sector público y privado en este tipo de temas.
Justamente fue el Dr. Javier Núñez quien habló a continuación sobre la interacción entre el sector público y el sector privado en actividades de I+D. “Tradicionalmente la investigación en ciencias duras estaba a cargo del sector público, en las universidades”, explicó Núñez, puesto que la justificación moral para ello estaba en que la educación era solventada a través de los impuestos y por tanto ello debía volcarse a la comunidad donando los resultados de las investigaciones. Con el desarrollo de la industria, apareció el concepto de apropiación a través de la protección de patentes, y ello comenzó a promover la investigación privada.
A raíz de esto último, a fines del siglo XX la ecuación se invirtió y el rol del Estado se limitó a la creación de políticas de estímulo y fomento estatal en sectores en los que las empresas no prestaban atención o no contaban con recursos para investigar. En nuestro país, esto se plasmó en la Ley 23.877 de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica, que, según comentó Núñez, no funcionó por adolecer de algunos defectos sustanciales, como la falta de diseño de planes globales.
Recientemente, se intentó dar nuevo impulso a la norma, a través de la sanción de la Ley 25.467 que creó el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, para darle un panorama global al fomento. Actualmente existe el llamado “Plan Bicentenario” [NdR: Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación “Bicentenario” (2006-2010)], que se creó en base a este marco legislativo y que procura lograr un desarrollo sostenido hacia el año 2010.
Para Núñez, si bien por ahora priman las buenas intenciones, todavía hace falta mucho financiamiento para dar impulso a este tipo de actividad investigativa. “Es necesario que sea el Estado el que dé el puntapié inicial para que luego el sector privado se involucre; es, en definitiva, un tema de gestión y correcta aplicación de los fondos públicos”, concluyó diciendo.