Los derechos de las mujeres indígenas frente a la emergencia sanitaria
Los derechos de las mujeres indígenas frente a la emergencia sanitaria
El pasado 23 de julio se llevó adelante la jornada “Los derechos de las mujeres indígenas frente a la emergencia sanitaria”, organizada por la Cátedra "Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas".
En este marco, expusieron Elizabeth Gómez Alcorta (ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación Argentina; abogada penalista, especialista en derechos humanos, Género y Pueblos Indígenas), Mirna Cunningham (presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Médica cirujana, pertenece al Pueblo Miskito de Nicaragua), Andrea Carmen (secretaria ejecutiva del International Indian Treaty Council - IITC. Perteneciente a la Nación Yaqui) y Verónica Huilipán (coordinadora de Abordaje de la Violencia por Razones de Género contra Integrantes de Pueblos Indígenas, Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Werkén de la Confederación Mapuche de Neuquén).
Moderó Sandra Ceballos (docente de la cátedra "Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas" de la Facultad; presidenta de AMAI. Pueblo Kolla).
Para comenzar, Elizabeth Gómez Alcorta expuso que “Argentina tiene la particularidad, a diferencia de otros países de la región, de que la opresión a los pueblos indígenas ha llevado a que durante mucho tiempo y aún hoy sostener que nuestro país no hay pueblos indígenas o que la población indígena es una representación menor”.
Asimismo, puntualizó: “El vínculo entre el Estado y los pueblos indígenas en nuestro país siempre ha sido conflictivo y las desigualdades que atraviesan los pueblos indígenas, y en particular las mujeres indígenas, son estructurales, históricas y están vinculadas al sistema político”. Y reconoció: “Es, sin lugar a dudas, una de las grandes deudas que tiene nuestra democracia que ya tiene más de 35 años de vida y que, a pesar de algunos avances normativos, el acceso efectivo a los derechos reconocidos en la Constitución Nacional de los pueblos indígenas, a partir de la reforma de 1994 y al haber adoptado el Convenio 169 de la OIT, dista mucho de ser una realidad”.
Luego brindó una serie de comentarios sobre el relevamiento de las implicancias del aislamiento social, preventivo y obligatorio entre las comunidades que llevó adelante el Observatorio Colectivo para los Pueblos Originarios de la Facultad de Filosofía y Letras.
Mirna Cunningham expresó que “los derechos humanos han sido un eje central en todo el proceso vinculado a COVID-19: derechos humanos individuales y colectivos en la prevención, en el tratamiento, en la recuperación y en la transición de la fase de emergencia sanitaria hacia un futuro todavía incierto, pero en el cual nosotros queremos asegurar el buen vivir”. Luego agregó: “También ha sido central la presencia de las mujeres indígenas. Las hemos visto en todas las tareas; han participado en todas las decisiones que nuestros pueblos han tomado aunque quizás no tanto en las vocerías: algo que hemos visto históricamente en la lucha de los pueblos indígenas”. Y reflexionó: “Si tomamos en cuenta las condiciones de vulnerabilidad y los niveles de riesgo en las comunidades indígenas, tanto en término de cantidad de personas contagiadas, personas fallecidas como en el nivel de deterioro de las condiciones de vida y, en algunos casos, el riesgo de extinción de modo de vida o de culturas milenarias, la situación es dramática y muy preocupante para los pueblos indígenas”.
Además contó que “desde la Plataforma Indígena Regional nos hemos organizado para facilitar las voces de los pueblos indígenas, visibilizar las acciones que están llevando a cabo y servir como un puente para promover políticas públicas favorables para los pueblos indígenas en los gobiernos y en las instituciones internacionales y obviamente monitorear lo que está pasando en los niveles de contagio y fallecimiento, sino el riesgo al que están enfrentado los pueblos indígenas”.
Andrea Carmen se refirió a la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas como “la base del reconocimiento en el campo internacional de nuestro derecho”. Y subrayó que en ella se establece que “los derechos reconocidos en la presente Declaración constituyen las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo”. Y subrayó que las fallas en el cumplimiento del art. 24 de la declaración hacen que la población esté mucho más vulnerable frente al COVID-19.
Por otro lado, explicó que “la Nación Yaqui está dividida por la frontera entre México y Estados Unidos. Pertenecemos a Sonora en México y a Arizona en Estados Unidos. Yo estoy en Tucson, cerca de la reserva Yaqui, y todo el mundo ha oído que Arizona ahora es uno de los lugares más calientes para la contaminación del COVID-19”. Y comentó que el nuevo relator especial de los derechos de los pueblos indígenas, Francisco Cali Tzay, hizo un cuestionario a pueblos indígenas, Estados y ONG hablando de los derechos de los pueblos indígenas enfrentando el COVID-19. “Lo que advirtió es que en todas las regiones no hubo coordinación, consulta ni consentimiento entre los programas que los Estados están desarrollando y los pueblos indígenas para combatir la pandemia”, señaló y puso de manifiesto la importancia de efectivizar el art. 18 de la declaración donde se establece el derecho de participar en la toma de decisiones que los afecta para prepararse y tratar de resguardar sus vidas en la situación actual.
Verónica Huilipán subrayó: “En Argentina se está viviendo un momento único para el movimiento de mujeres, como es el proceso de creación construcción y puesta en marcha del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad y con este gesto tan fraterno y comprometido de Eli de poder contar en ese ministerio con una coordinación específica de violencia por razones de género contra integrantes de pueblos indígenas”. Y recordó que “cuando el COVID-19 se hizo público y se puso en conocimiento lo que implicaba como amenaza, inmediatamente nos dimos cuenta de cómo nos envía afectar de modo directo a nosotros, y particularmente, a nosotras, las mujeres indígenas”.
Seguidamente, indicó que “la situación de violencia estructural que vivimos los pueblos indígenas afloró más crudamente en este tiempo de pandemia, que ha puesto en evidencia claramente todo lo que veníamos denunciando década tras década acerca de las situaciones de empobrecimiento estructural, la falta de acceso a derechos básicos, como acceso al agua, la salud pública y la educación pública”. Y aseveró: “El ejercicio de nuestros derechos específicos como autoridades tradicionales al pretender ejercer el rol como autoridad y poner un control en la tranquera de nuestros territorios para evitar que terceros ingresen para proteger a nuestra población y evitar que se contagien ha sido también reprimida por el Estado y se ha puesto en evidencia especialmente cuando ha sido una autoridad tradicional indígena mujer la que ha generado las condiciones para evitar que su comunidad entre en proceso de contagio”.