Lavado de activos: nuevos desafíos
Lavado de activos: nuevos desafíos
El pasado 22 de agosto, en la Sala de Audiencias, se realizó la actividad "Lavado de activos: nuevos desafíos", organizada por el Departamento de Ciencias Sociales y el Proyecto DeCyT 2215 "Estrategias de manipulación social y financiera de la renta ilegal de los delitos complejos. Análisis socio jurídico y socio económico". Ángela Briante presentó a los/as expositores/as. Fabiola Daiana Columba (abogada con orientación en Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires, docente en la materia Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho) y Martín Federico Chasco (abogado, especialista en Derecho Penal, profesor adjunto a cargo de la asignatura “Lavado de dinero” y jefe (I) del Departamento de Análisis Operativo para la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la AFIP). Isabel González Nieves y Rubén Donzis coordinaron el evento.
Para comenzar, Rubén Donzis comentó sobre los principales temas a abordar en las exposiciones. “Muestran el lado más turbio de la economía argentina”, expresó. Además, se refirió a la actividad y su contexto, haciendo énfasis en el trabajo de investigación, junto a Isabel Gonzales Nieves, sobre trata de personas y narcocriminalidad. Por último, se detuvo en la última investigación. “Que trató principalmente los delitos complejos y las cuestiones que toman interés dentro de la perspectiva criminal. Esto nos lleva a hablar del interés de lucro en dichas actividades, que llaman más la atención que la vía moral”, planteó.
Seguidamente, Martín Federico Chasco se refirió a la modificación de la Ley de Lavado de Activos. “A principios del Siglo XX, en Estados Unidos, las mafias vinculadas a la Cosa Nostra y la Camorra, encontraban difícil mover el dinero ilícito. La solución que encontraron fue explotar el negocio de lavanderías, esto les permitía justificar sus ganancias”, recordó. En relación con lo anterior, introdujo otra ley que exigía a los bancos el blanqueamiento de las transacciones de proveniencia sospechosa en los años setenta y la ley de Lavado de Activos de 1986. “Fue ahí cuando a nivel federal se comenzó a combatir la práctica delictiva”, sostuvo. En síntesis, lo que el lavado de activos busca es introducir el dinero ilícito al mercado financiero y limpiarlo y lo que hoy en día se ve “son mecanismos cada vez más complejos, que hacen que sea más difícil llevar a cabo la práctica”.
En esa misma línea, aludió al impacto social que se podría tener con una ley mejor aplicada. Aquí habló nuevamente de los casos donde esto no sucede y se tiene a un estado ausente, y por consecuencia, “son las organizaciones criminales las que toman su lugar”. Volviendo al impacto social, remarcó los resultados respecto a libertad económica de las personas, como ingresos de trabajo y mejoras de infraestructura.
Sobre la flexibilización de la ley, comentó que “es bastante razonable, porque de alguna manera se desarticula los procesos basura, que llenan al tribunal de trabajos que no tienen que ver con el lavado de activos transnacional”. “Se tiene que prestar más atención a los casos relacionados con la Convenciones de Viena en 1988 y Palermo en 2000, donde se creó una figura para estos casos, que no se está poniendo en pie, y persiguiendo a casos muy chicos”, agregó.
A continuación, Fabiola Daiana Columba hizo referencia al lavado de activos virtuales, en particular, el trabajo respecto a las criptomonedas en la situación actual de la Argentina, respecto a la nueva reforma y el GAFI. Al inicio, destacó su enfoque socio jurídico. “Porque el derecho tiene un impacto social”, agregó. Dentro de los delitos complejos, analizó el lavado de activos dentro de la modernidad, que incluye las criptomonedas y estafas piramidales. Para concluir, comentó cómo el Estado debe tener una mirada más activa y utilizar herramientas efectivas para dar condenas con más efecto. En este marcó, ejemplificó la pasividad frente a estos nuevos crímenes con el caso de la negociación entre el Departamento de Justicia y el CEO de Binance. “El último asumió su culpa por fraude, pero pasó solo 4 meses en prisión, reteniendo el 90 por ciento de la empresa”, concluyó.