Las políticas científicas en agenda: un diálogo abierto
Mario Pecheny, Dora Barrancos, Fernando Peirano, Marcelo Alegre y Laura Pautassi
En el SUM del Gioja, el 30 de septiembre tuvo lugar la actividad "Las políticas científicas en agenda. Un diálogo abierto", llevada adelante por el Seminario Derechos Sociales y Políticas Públicas, Grupo de Trabajo Interdisciplinario UBA.
En este marco, brindaron su aporte Mario Pecheny (investigador y vicepresidente del CONICET), Dora Barrancos (investigadora UBA y UNQ), Fernando Peirano (investigador DEyA-UNQ y FCE-UBA, Grupo Callao) y Marcelo Alegre (director de Instituto Gioja). Coordinó el encuentro Laura Pautassi (directora del Programa Género y Derecho).
En primer término, Mario Pecheny expuso acerca de los temas que están en agenda hoy en el seno del directorio del CONICET. “Los temas estructurales pendientes son la integración del sistema científico en sí mismo, la integración del sistema científico con la educación superior, con la producción ligada a la innovación científica y la integración con el Estado en tanto productor de evidencia para el diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas, es decir, que aquello que hacemos los científicos y las científicas quizás sea el insumo que va de suyo para el resto de la gestión del Estado y el tema de los salarios y las condiciones de trabajo”, desarrolló y agregó que “todos estos temas no son de ahora, ahora han empeorado pero vienen de antes y de siempre, como el tema de la desconcentración geográfica”.
En este marco, también se refirió a la pirámide del sector y sus sesgos de género y generación: “Hay algo así como 60% de becarias y 40% de becarios, algo así como 55% de investigadoras asistentes en la categoría inicial de la carrera del CONICET y 45% de varones. En adjuntos hay un poco más de mujeres que de varones, en la categoría independiente que es la del medio es más o menos mitad y mitad y en principales son algo así como el 60% de varones y 40% de mujeres y en superiores son 75% de varones y 25% de mujeres”. Enfatizó, en esta línea, que “hay un sesgo sistemático de discriminación de género y por ende cualquier medida que podamos pensar no puede ser no sistemática”.
Seguidamente, Dora Barrancos comenzó diciendo: “Estamos todos, todas y todes de acuerdo en que sin ciencia y tecnología no hay desarrollo posible en un país”. Luego indicó que “hubo fórmulas que se adaptaron a las condiciones y se resolvió darle una preeminencia a los llamados temas estratégicos, que eran temas que estaban diseñados en el Proyecto Argentina Innovadora 2020 que sucumbió pero se recuperaron esos temas”. Asimismo, detalló que “en un inicio el CONICET aportaba un 10% tanto en materia de captación de becarios y becarias como de ingresos con relación a estos temas y luego pasaron a tener una sobrevaloración del 50%. Pasó el tiempo y no hay ningún examen interno en el CONICET respecto a qué ha pasado con tanta presentación de programas y proyectos de investigación y cuál es la eficacia”.
Por otro lado, subrayó: “No es utópico que un país pretenda las tasas de participación de científicos y científicas como el que queremos. (...) Los países desarrollados del planeta tienen una constitución de adhesiones al campo de la ciencia y técnica impactante”.
Además aseveró que “es falacioso pensar que en los temas generales estamos habilitados a hacer lo que queremos. No hay tal posibilidad: elegimos en términos y en orden a unas negociaciones que se establecen a veces con mucha ceguera”.
Hacia el final, reflexionó: “Tiene que haber una vertebración mundial pero que comencemos por Latinoamérica es muy interesante. Me parece que en este momento de discusión de cómo vertebrar políticas, hay que retomar las políticas científicas con toda audacia”.
A continuación, Fernando Peirano contó el enfoque que se tiene como propuesta a futuro de la mano del candidato Alberto Fernández en el marco de la ciencia y la tecnología.
En primer lugar, sostuvo que “en los últimos años hubo una triple crisis que se expresa en el ahogo presupuestario (...). Hay una capacidad ociosa por falta de recursos”. Agregó que “el proyecto Argentina Innovadora 2020 se hizo a un lado y se comenzó un trabajo de un plan donde no están las voces críticas. Pretende ser un plan de los argentinos pero no ha sabido gestionar la construcción de voces que estábamos en desacuerdo con los principios de ese plan”. Y remarcó que “hay una crisis de sentido que ha puesto en jaque la misma idea de hacer ciencia y tecnología en Argentina, afectando a los más vulnerables del sistema. Se va configurando un escenario donde se generan nuevamente las condiciones para la fuga de cerebros por la falta de perspectiva”.
Más adelante, propuso: “Complementar la idea ofertista de promoción de la ciencia y la tecnología con otro enfoque que es el de las misiones, que son esas mission-oriented policies: definir objetivos. Hoy esas misiones están perfeccionadas, revisadas, son más condicionadas como antes y es un mecanismo más sofisticado (...). Deberíamos incorporar esto y pensar en vectores estructurantes en salud, ambiente y energía, que además nos permitan ir hacia un Estado más matricial”.
Finalmente, Marcelo Alegre expuso que “la prioridad estratégica que tenemos por delante es la de insertar la investigación en facultades netamente profesionalistas y tener como norte que hay una necesidad de aumentar el número de dedicaciones exclusivas en la universidad”. Y subrayó: “Es mucho más que una discusión financiera o presupuestaria, es una discusión cultural: no va a terminar de cuajar un programa de dedicaciones exclusivas en derecho si la comunidad de actores relevantes no lo ve como algo necesario”. En esta línea, añadió que “si no logramos que los estudiantes, docentes y graduados asuman la importancia de tener profesores con dedicación exclusiva, va a ser mucho más difícil dar los otros debates”. También remarcó: “La importancia de tener un claustro creciente de docentes e investigadores de tiempo completo es la importancia de tener una academia jurídica independiente. Eso tiene una enorme importancia para la democracia, las instituciones, la políticas públicas, el funcionamiento del Poder Judicial y del Congreso”, y sostuvo que “esto puede generar la emergencia de una academia jurídica que pueda críticamente analizar el derecho, las leyes, la jurisprudencia y las políticas públicas”.