Las mejores prácticas a nivel internacional para promover transparencia e integridad
Las mejores prácticas a nivel internacional para promover transparencia e integridad
El Centro de Estudios sobre Transparencia y Lucha contra la Corrupción llevó adelante el pasado 12 de agosto la conferencia "Las mejores prácticas a nivel internacional para promover transparencia e integridad", que estuvo a cargo de Roberto De Michele, especialista principal de Modernización del Estado del Banco Interamericano de Desarrollo. El orador fue presentado por Verónica L. Arias, profesora de la Facultad.
Para comenzar, De Michele indicó que “hay distintos tipos de corrupción y hay distintas formas de corrupción: hay pública y privada, hay episódica y excepcional o marginal y hay corrupción sistémica”. Y añadió: “La corrupción, a su vez, en cualquiera de estas características tiene una faceta sectorial. Entonces, por ejemplo, la manera en la que opera la corrupción en el sector salud es distinta a la forma que opera la corrupción en el sector de la construcción o en el sector de las comunicaciones. Cada uno de estos sectores tiene distintas manifestaciones de corrupción por distintas razones”.
Sobre las razones por las cuales la manifestación es distinta, puntualizó que “en buena medida, son contextuales: cómo el mercado define ese sector. Por ejemplo, si es un sector muy competitivo o si es un sector con pocos competidores, o si es un sector abierto o cerrado”.
A continuación, se refirió a la obra Corrupción: un análisis de economía política, de Susan Rose-Ackerman. En este marco, comentó que la autora plantea que “el derecho administrativo es lo que define la manera en que los Estados otorgan beneficios, desde una licitación o un permiso. Si nosotros logramos redefinir esos procesos administrativos, entonces vamos a entender cómo están estructurados los incentivos a través de reglas y de información para que la gente tenga más o menos oportunidades para capturar una renta, ser corrupta o sobornar”.
Luego tomó las palabras de Michael Reisman, un profesor de derecho internacional que en un libro de su autoría sostiene que para entender el problema de la corrupción no hay que enfocarse en lo que dicen las reglas formales, sino en cómo una sociedad distribuye el poder porque la corrupción es abuso de poder. En esta línea, señaló: “Los sistemas formales lo que hacen es ocultar lo que Reisman llama las reglas operativas: la manera en que la gente hace las cosas por debajo de la mesa sin que la castiguen”.
En cuanto a estas dos visiones sobre la corrupción, sostuvo: “En mi opinión no son contradictorias, sino complementarias y en buena medida han guiado parte de la discusión académica de los últimos treinta años. No han habido grandes agregados a esto excepto variaciones sobre estas dos grandes escuelas con muy buenos trabajos”.
Por otro lado, reflexionó: “Todos los esfuerzos que hemos hecho en estos años para tener más transparencia durante el proceso en el cual se asigna una obra pública parece que han funcionado porque no hay casi evidencia de maniobras irregulares en esa fase de los procesos, pero al tercer o cuarto año de infraestructura empiezan a aparecer evidencias muy fuertes de que a través de negociaciones, adendas, según se llame el instrumento que se utilice en cada ocasión, ahí hay un apartamiento del contrato original y se hace el intercambio ilícito”.
Con relación a la crisis del COVID-19, aseveró que “ha expuesto la debilidad de los Estados de América Latina y el Caribe fundamentalmente en la gestión de sistemas de información que permiten saber dónde están los recursos públicos”. Y comentó: “En un artículo que publiqué con un colega hace poco me tomé el trabajo de revisar muchos informes de organismos superiores de control que habían revisado qué había pasado con desastres naturales y es muy interesante porque no importa el país, no importa el sistema, o si es un terremoto, un maremoto o un tsunami, siempre desaparece entre el 20 y el 25 % de la plata. Cuando hay una emergencia, hay prácticamente un estándar de que hay un porcentaje muy grande que se pierde. No siempre se pierde por un intercambio corrupto. Hay mucha ineficiencia y es difícil de determinar”. Y agregó que “el otro problema es que hay algunos países que se las han ingeniado para responder de manera muy pero muy rápida usando tecnologías de muy bajo costo”.
Seguidamente, se enfocó en las organizaciones criminales. “Se frotan las manos en este tipo de situación porque esta gente no tiene predilección por un tipo de delito en particular. En este momento, la mafia en Sicilia se está dedicando como actividad principal a la producción de aceite de oliva porque en este momento la falsificación del aceite de oliva es más rentable que la importación de heroína”, comentó y desarrolló: “Son estructuras empresariales que se dedican a actividades ilícitas y el grave problema que tienen las democracias y las economías modernas es que esas asociaciones criminales se van trasladando hacia el gris de la economía y llega un momento en el cual es muy difícil distinguir si las personas o las firmas con las que alguien está interactuando son firmas o personas legítimas o son firmas criminales”.
Hacia el final, se refirió a las reglas internacionales, como las reglas del GAFI que regulan los temas de lavado, las reglas de la OCDE de cooperación fiscal o las reglas de EITI de transparencia en el sector extractivo que requieren de identificar el beneficiario final de las firmas. “De alguna manera esas reglas internacionales son las que pueden ayudar a hacer reformas a nivel local. Es apoyarse en esos esquemas de reglas internacionales para hacer reformas a nivel local”, remarcó y enfatizó que “tienen mecanismos de evaluación y seguimiento que funcionan como mecanismos de revisión entre pares. Entonces, estos mecanismos emiten informes que califican a los países”.
En este contexto, especificó que en los últimos años ocurrió un fundamental cambio del cual los abogados deberían tomar nota: “Estas organizaciones ya no miden solamente la aprobación formal de reglas o leyes que se asemejen a los estándares internacionales, sino que preguntan fundamentalmente sobre la efectividad de esas reglas, que implica tener la capacidad de demostrar que existen instituciones que las aplican”, detalló.
Asimismo, planteó: “Ante la falta de organismos o instituciones que efectivamente apliquen esas reglas y que den información abierta sobre contratos públicos los países empiezan a tener calificaciones negativas que son capturadas por las agencias de crédito internacional”. Y concluyó que “además de los argumentos morales de por qué uno no debería ser corrupto, hay argumentos muy poderosos para que los países hagan estas reformas: para reducir su exposición al riesgo de default”.