La Tutela Jurisdiccional de los Derechos Cívico-Políticos-Electorales en México. Sentencias Relevantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Marcela I. Basterra, Salvador O. Nava Gomar y Alberto R. Dalla Via
El 24 de septiembre pasado la Maestría en Magistratura invitó a Salvador O. Nava Gomar, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Mexicana, a dictar una conferencia a la que tituló "La Tutela Jurisdiccional de los Derechos Cívico-Políticos-Electorales en México. Sentencias Relevantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”. El expositor fue presentado por los profesores Marcela I. Basterra y Alberto R. Dalla Via.
Para comenzar, Salvador O. Nava Gomar explicó brevemente la situación de los derechos políticos electorales en México. “En mi país, hay un exceso de acceso a la jurisdicción en materia político electoral”, expresó. El Tribunal Electoral es un tribunal constitucional especializado en materia electoral, es decir “defendemos derechos políticos electorales pero también ‘inaplicamos’ o expulsamos normas por considerarlas contrarias al sistema, hacemos un control de constitucionalidad y de convencionalidad”, continuó. Entre los asuntos que resuelve este tribunal, mencionó las cuestiones de réplicas, libertad de expresión, acceso a la información, los problemas internos de los partidos políticos y “podemos atraer los problemas de los 32 institutos locales que tienen un Tribunal Electoral”.
El orador compartió el aprendizaje adquirido a través del ejercicio de su profesión y sostuvo que “la mayor parte del Derecho está en las sentencias, la dinámica jurídica es muy sencilla (…) Todo el Derecho está al servicio de los derechos de las personas”. Expresó que el parámetro para saber si se está viviendo en un país democrático es la calidad de los derechos políticos electorales y que la democracia nace del disenso y desconfianza y aspira al consenso y a la confianza.
El sistema electoral mexicano se construyó a partir de una enorme desconfianza, un solo partido político estuvo 70 años en el poder como una especie de dictadura perfecta. Sin embargo, creció la oposición interna que dio lugar a una transición estructural, orgánica, normativa, institucional y funcional que todavía sigue en camino. Destacó que, de esta manera, la oposición empezó a acceder a los cargos de elección pública y se creó un Instituto Federal Electoral. En la actualidad, existe todo un procedimiento jurisdiccional para validar las elecciones, para controlar si los partidos políticos cumplen con los requisitos suficientes para competir en un Estado democrático y con un aparato jurisdiccional que garantiza los derechos electorales.
Los principales criterios que han desarrollado en estas estructuras electorales comienzan con la propia interpretación de estos derechos electorales y con su marco de aplicación. “Tenemos una jurisprudencia que dice que podemos interpretar, para tutelar, cualquier derecho político electoral y cualquier otro derecho fundamental siempre y cuando esté relacionado con los mismos”, explicó Nava Gomar.
Seguidamente, mencionó el Juicio de Tutela de los Derechos Políticos Electorales (JDC) en el cual se puede verificar o tutelar cualquier derecho lesionado que tenga relación con los derechos electorales y, actualmente, por vía de jurisprudencia, se tratan también las violaciones de los derechos fundamentales que sean las cúpulas de los partidos políticos, los liderazgos de los partidos y sus procesos internos.
Analizando la jurisprudencia del tribunal, mencionó la ampliación de deberes relacionados con los partidos políticos para mejorar las condiciones de participación política, el establecimiento de los elementos mínimos para que los estatutos de los partidos políticos sean considerados democráticos. Comentó que el derecho de ser votado no se satisface nada más con el hecho de ir a las urnas y de participar en la elección sino que comprende el hecho de ejercer el cargo y las prerrogativas que ello conlleva como el percibir un salario.
Se refirió también a la jurisprudencia dictada con respecto al uso de la información, la libertad de expresión y el acceso a la información; el secreto profesional de los periodistas, los derechos políticos de los presos salidos bajo fianza y de los indígenas, para quienes existe suplencia de la queja total.
“La mayor parte del Derecho está en las sentencias (…)”, expresó Salvador O. Nava Gomar.