La igualdad de género en la justicia
La igualdad de género en la justicia
En la Sala Vélez Sarsfield, el pasado 13 de septiembre, tuvo lugar la actividad "La igualdad de género en la justicia", organizada por la Asociación de Profesoras y Profesores Universitarios de Buenos Aires para la Cooperación Internacional. En este marco, participaron en calidad de expositoras: Alejandra Lázzaro (profesora de Derecho Constitucional), Mabel Bianco (Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer-FEIM) y Monique Thiteux Altschul (Fundación Mujeres en Igualdad-M.E.I.). Por su parte, Miguel Piedecasas, expresidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, intervino en la coordinación.
Primeramente, Miguel Piedecasas sostuvo que “poner este tema en la agenda es importante para el funcionamiento de la justicia, para transformarla. Ha sido un gran desafío. Hemos hecho una estadística y en los últimos cuatro años la conformación de las ternas mujeres para integrar la magistratura argentina tiene una gran diferencia con las ternas de los hombres. En el Consejo muchos de los planteos que se han hecho han intentado obtener una solución vía reglamentaria: se ha incorporado de manera obligatoria tener a una mujer integrando los jurados, la perspectiva y la capacitación en materia de género, entre otros, pero, todos parecen ser movimientos aislados, no sistemáticos, que son insuficientes para producir la transformación que se requiere en este ámbito”.
En tanto, Alejandra Lázzaro analizó la temática planteada en cada uno de los poderes que conforman el Estado argentino. En lo que respecta al Poder Legislativo, indicó: “El derecho de la mujeres se encuentra relacionado con el efectivo ejercicio del poder, sin discriminación. Ese ejercicio efectivo del poder en Argentina está garantizado jurídicamente. También es cierto que nuestro país ha recorrido un camino desde la implementación de la ley de cuotas hasta la Ley de Paridad”. Por otro lado, en lo que atañe al Poder Ejecutivo, señaló: “Pasamos de una Subsecretaría a tener actualmente un Ministerio de la Mujer”. Sin embargo, basó su exposición en la situación actual del Poder Judicial: “Se observan dos temas estructurales y uno de fondo. Tenemos una segregación vertical en donde la base de integrantes femenina es muy alta, no obstante, a medida que avanzamos en la pirámide funcional, desciende de forma ostensible. Cada cuatro miembros de una Cámara una sola es mujer. El otro problema es la segregación horizontal porque todo lo que entiende a tareas de cuidado se sigue asignando a la mujer. Finalmente, la duda es si esta representación de mujeres que hay dentro del Poder Judicial efectivamente ha incorporado o no la perspectiva de género. (...) Nos falta un montón pero también se ha avanzado muchísimo, por ejemplo, con la creación de la oficina de la mujer y las capacitaciones”. Para finalizar, enfatizó: “Si vemos la integración de los tres poderes del Estado, a mí la ecuación no me cierra porque vemos una diferencia clara entre varones y mujeres”.
A continuación, Monique Thiteux Altschul hizo referencia a la proyecto elevado al Poder Ejecutivo como propuesta de mejora ante la problemática: “La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia nos convocó a veintiún organizaciones para proponer al Poder Ejecutivo que dicte un decreto para garantizar la igualdad de género en la justicia, reduciendo así la brecha de género. Según el mapa de género del 2021 de la oficina de la mujer de la Corte Suprema, las mujeres ocupan solo el 31 por ciento de los cargos de magistrados de la justicia nacional y federal. Este porcentaje desciende hasta un 17 por ciento en los máximos cargos. En algunos fueros el porcentaje de camaristas mujeres llega a 0 por ciento”. En tal sentido, compartió las sugerencias ofrecidas: la inclusión de la obligación de devolver las ternas remitidas por las instituciones judiciales cuando estén conformadas solamente por varones, la designación de mujeres en los órganos colegiados y la determinación de un porcentaje mínimo de cargos judiciales que sean ocupados por mujeres, para que, en los casos en que éste no se cumpla, se comprometa a remitir al Senado únicamente el pliego de candidatas mujeres. Asimismo, mencionó el litigio estratégico para la justicia de género, como una herramienta valiosa y destacó la justicia en el tema de la trata. Al cierre, indicó: “La responsabilidad de revertir esta situación alarmante recae sobre los tres poderes del Estado argentino”.
En último término, Mabel Bianco resaltó todo el trabajo realizado por Carmen Argibay en la Corte: “Carmen armó las primeras capacitaciones que son muy buenas pero tienen un problema y es que son voluntarias. No podemos seguir teniendo capacitaciones voluntarias. Las capacitaciones tienen que ser obligatorias para toda la pirámide, no sólo para los sectores más altos, incluso para toda persona”. Por consiguiente, señaló como un aspecto a destacar: “Algunos tribunales superiores junto con la oficina de la mujer hacen mensualmente análisis de algunos casos de las distintas provincias. Se mira el caso y se ve cómo se actuó. El problema es que no es algo permanente y obligatorio”. De modo concluyente, criticó la falta de protocolos adecuados para acompañar a las mujeres y añadió la necesidad de un cambio de mentalidad a través de litigios, capacitación y leyes.