Justicia y Derechos Humanos
Patricio Maraniello y Ricardo Guibourg
El pasado 15 de junio en el Salón Rojo se llevaron adelante las Jornadas de Justicia y Derechos Humanos, coordinadas por Norma Belixan.
La apertura del encuentro estuvo a cargo de Patricio Maraniello (presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional). En primer lugar, explicó que en nuestro sistema la justicia constitucional es muy particular porque el sistema difuso hace una gran división entre el juez ordinario y el juez constitucional. El primero es el juez que resuelve conflictos y “el segundo es el que va a ser el garante de la supremacía constitucional, es decir, que se respete la Constitución como norma más importante y además que se respete el contenido y los derechos, principios y garantías, allí incluidos”, especificó. “La justicia constitucional se centraliza en esta función de juez constitucional, pero no solamente desde la visión de los jueces, también es una obligación adquirida por todos los abogados en cualquier función que se desarrollen”, sostuvo. Asimismo, se refirió al art. 75 inc. 22 que establece que los tratados en materia de Derechos Humanos tienen una jerarquía constitucional. “En este aspecto vemos que la justicia constitucional está ligada obligatoriamente a los Derechos Humanos”, entendió.
A su turno, Ricardo Guibourg (profesor titular emérito de Teoría General del Derecho y Filosofía del Derecho) reflexionó: “Todos sabemos bien que ese objetivo se sintetiza en el principio protector; la ley busca proteger al trabajador, la parte más débil de la negociación laboral, contra las imposiciones y las arbitrariedades que tantas veces provienen de su empleador”. También, señaló que “es preciso entonces reconocer la necesidad de un equilibrio entre utilidad empresaria, condiciones de trabajo dignas y participación ciudadana en los resultados de la producción”. No obstante, Guibourg indicó que este equilibro no debe ser estático ni las aspiraciones de cada sector dejen de tener sentido. “Espero que entre todos vayamos empujando el buque entero del derecho, no solo el laboral, sino todo el sistema, hacia un rumbo de racionalidad, de eficiencia y de equilibro, condiciones estas que en su conjunto muchos llamarían justicia”, concluyó.
Acto seguido, Juan A. Rinaldi (abogado y analista laboral) retomó la idea de la relación salarial como una relación social regulada por el derecho, “lo que representa un aspecto central para quienes nos especializamos en el derecho laboral”, afirmó. Por otro lado, subrayó: “Las consecuencias que el avance de la globalización económica tuvo y sigue teniendo trastocó la estructura de las relaciones, no solo en nuestro país sino en el mundo entero”. Con relación a los actores que participan de las relaciones laborales, desde una perspectiva clásica y en un nivel macro, Rinaldi explicó que “son tanto el Estado como las empresas y los trabajadores, principalmente aquellos nucleados sindicalmente”.
En el diseño institucional, especificó el orador, el rol de la justicia constitucional resulta fundamental. “Su naturaleza especial y posición relativa en comparación a los poderes políticos la hacen idónea para cumplir con el principal desafío impuesto por los federalistas Alexander Hamilton, James Madison y John Jay que es garantizar la supremacía constitucional al garantizar los derechos y libertades de los individuos”, puntualizó.
Seguidamente, Oscar Puccinelli (juez de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Rosario) expuso que con la irrupción de los tratados internacionales ya en el año 1984 hubo una gran disputa, como la del caso Fontevecchia, cuando se aprobó el Pacto de San José de Costa Rica, ya que se sostenía que establecer una Corte Interamericana era inconstitucional. Por otro lado, expresó que algunas novedades empiezan a desdibujar conceptos antiguos. “Hablar de justicia constitucional está muy bien, pero también hablamos de justicia convencional, no solo lo constitucional”, ejemplificó y agregó que “permanentemente estamos aludiendo a los contenidos convencionales, a las sentencias de la Corte Interamericana y a sus posiciones para incumplir los códigos procesales que son antiguos y los legisladores tienen terror de modificar”. Luego, enfatizó que Bidart Campos decía que el objetivo preambular de la Constitución era afianzar la justicia y eso se tiene que hacer con ley, sin ley y aún contra la ley.
Por su parte, Claudia Marinelli (abogada especializada en derecho aduanero) subrayó que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación es garante de la aplicación efectiva de los tratados internacionales en orden a lo acordado en ellos y en resguardo de los principios, derechos y garantías establecidos por nuestra Constitución, que deben mantenerse y respetarse en el marco de las relaciones internacionales entre los sujetos así como el de la aplicación de la legislación aduanera y sus normas complementarias”. Por otro lado, se refirió al Instituto de Derecho Aduanero y Comercio Internacional. El objeto de estudio del instituto tiene que ver con aquellos fallos que se vinculan con la realidad en la que insoslayablemente los operadores del comercio exterior se ven inmersos en el accionar diario, siendo la Corte que a través de sus sentencias en casos concretos hace extensiva su aplicación por los jueces inferiores para casos análogos.
Posteriormente, Flavio Lowenrosen (director del diplomado “Bases, principios y tendencias en Derecho del Consumidor” en el Colegio Público de Abogados de Capital Federal) entendió que los temas que se trataron durante la jornada se vinculan con el derecho del consumidor. En este sentido, puso de manifiesto que “los consumidores necesitan tener ingresos adecuados para poder satisfacer sus necesidades (…). Muchas veces los precios son confiscatorios, alejan a la población de la adquisición de bienes y servicios”. Asimismo, reconoció que en materia de derecho del consumidor no hay una protección acabada de esos derechos, ni en materia temporal ni en materia práctica y agregó que las normas relativas a estos derechos son muy buenas pero no se aplican ni tampoco se educa al consumidor en este ámbito.
Más adelante, Marisa Aizenberg (directora académica del Observatorio de la Salud de la Facultad) brindó una serie de palabras en el nombre de Viviana Bonpland. “El Instituto de Derecho a la Salud como nueva rama del derecho revela un corrimiento de las fronteras tradicionales que nosotros aprendimos en esta casa de estudios y se constituye en un puente que llama al diálogo intra y extra muros”, desarrolló.
Finalmente, Mabel Torres Abu Nassar (presidente de la Fundación LEMA) expresó que hace muchos años que trabaja con la libertad de prensa y entendió que “hemos llegado a la conclusión de que la libertad de prensa está relacionada directamente a lo que son los valores en la comunicación: ética y credibilidad. Asimismo, añadió que desde la fundación que ella preside descubrieron que “hay muchísima gente que se dedica a proyectos con valor científico que no tienen la oportunidad de difusión y, en ese sentido, nosotros trabajamos para comunicar”.