Judicializaci髇 del derecho a la alimentaci髇 saludable: experiencias desde Colombia
Judicializaci髇 del derecho a la alimentaci髇 saludable: experiencias desde Colombia
En el marco de un ciclo de debates sobre el derecho a la alimentación, el pasado 23 de junio tuvo lugar la conferencia "Judicialización del derecho a la alimentación saludable: experiencias desde Colombia", a cargo de Diana Guarnizo (abogada de la Universidad Nacional de Colombia y Ph.D de la Universidad de Essex; investigadora de Dejusticia, Colombia; y directora del área de Justicia Económica).
Coordinó Paola Bergallo (Universidad Torcuato Di Tella - CONICET) y organizaron en conjunto el Proyecto PIDAE "Desafíos regulatorios y de políticas públicas para la garantía y protección del derecho a la alimentación adecuada" e Instituto Gioja (Facultad de Derecho, UBA), el Grupo de Trabajo Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas (DSPP), el Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe (ODA-ALC) y la Escuela de Derecho Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).
En primer término, Diana Guarnizo introdujo: “Todas las personas que trabajan en el tema de alimentación han señalado que en América Latina existe doble borde de malnutrición, que significa que al tiempo que existen niveles crecientes de sobrepeso y obesidad en casi todos los niveles poblacionales, se siguen presentando, al mismo tiempo, niveles de desnutrición crónica y aguda, sobre todo en los niños de cero a cinco años. Esta doble situación puede estar presente en el mismo grupo familiar o incluso en situaciones de obesidad y carencia de micronutrientes en el mismo individuo”. Y mostró las cifras de los niveles de las prevalencias de sobrepeso y obesidad para el mundo: “Las zonas de Norteamérica son las que tienen niveles más altos de obesidad, también los países desarrollados en Europa y el norte de África. Sin embargo, los siguientes en orden serían los países latinoamericanos. Si hacemos un zoom a Latinoamérica, vemos que al menos para el 2019, Argentina después de México es de los países que tiene las tasas de obesidad y sobrepesos más altas de la región”.
Por otro lado, indicó que los cambios en los niveles de sobrepeso, obesidad y desnutrición tienen que ver con los cambios alimentarios que han tenido los países latinoamericanos. “Se refleja en el cambio de dietas que hemos tenido a lo largo de los últimos años: unas dietas que pasaron de ser de productos que teníamos cerca de la tierra a incrementar con cada vez mayor rapidez el consumo de productos ultraprocesados, como bebidas azucaradas”, puntualizó y analizó: “A la industria le interesa expandir su mercado publicitando estos productos y tratando de que América Latina se vuelva un consumidor cada vez más frecuente. Esto también viene aparejado con el hecho de que en el norte global el consumo de bebidas azucaradas está decreciendo y necesitan un mercado nuevo para continuar sus ventas”.
En cuanto el derecho a la alimentación, señaló que las normas no han cambiado con la misma rapidez y están siendo el reflejo de lo que se pensó en un momento. “En Colombia tenemos la Constitución de 1991 que cubre varios derechos económicos, sociales y culturales, pero casualmente no se incluyó el derecho a la alimentación como un derecho fundamental para todos”, explicó y señaló que “la única cláusula que establece el derecho a la alimentación lo hace solamente en relación con los niños. Esto ha llevado a que posteriormente hayan sido necesarios unos desarrollos jurisprudenciales y de interpretación por parte de la Corte Constitucional para entonces entender que otras poblaciones vulnerables deben tener este mismo derecho”.
En este marco, contó que “desde el 2001 empieza a haber un número creciente de sentencias que tratan este derecho en la Corte Constitucional. Sin embargo, si uno compara con el número total de tutelas, pues el número de tutelas que tiene que ver con el derecho a la alimentación es ínfimo comparado con el número total”.
Sobre la caracterización del tipo de sujeto que reclama el derecho a la alimentación en Colombia, manifestó: “No es de extrañar que la mayoría de los casos estén relacionados con niños en distintas situaciones”. Otro tipo de situaciones en las que se reclama el derecho a la alimentación, son para las personas en prisión, personas desplazadas internas y personas que viven de la naturaleza. Sobre este último grupo, sostuvo: “Aquí hay varias sentencias que son muy interesantes porque mezclan el acceso al alimento con los derechos al medio ambiente y al acceso a los recursos naturales”.
En este sentido, detalló: “Los casos que ocupan la atención de la Corte Constitucional sobre este tema siguen siendo un número pequeño aunque ahora hay casos cada vez más crecientes que demuestran que este derecho por los próximos años puede ser un derecho interesante de reflexión constitucional”. Y reflexionó: “Los derechos humanos deberían ser el marco de análisis en el que uno debe tratar de resolver o de enfrentar o de analizar este tipo de problemas alimentarios”.