Jornadas de actualización sobre la nueva Ley de Salud Mental
Prospectiva y perspectiva para su efectiva implementación
Con motivo de examinar los lineamientos de la nueva Ley de Salud Mental, el pasado 2 de septiembre se llevaron a cabo las jornadas de actualización “Prospectiva y perspectiva para su efectiva implementación”, que contaron con las exposiciones de Marisa Aizenberg (Directora del Observatorio de Salud), Estela Morano (Juez de Familia), Alicia Stolkiner (Profesora Titular II Cátedra de Salud Pública/Salud Mental de la Facultad de Psicología, UBA), Liliana Cabrera (Red Nacional de Familiares Usuarios y Voluntarios), Beatriz López (Red Nacional de Familiares Usuarios y Voluntarios) y Giancarlo Quadrizzi Leccese (Fundación Cambio Democrático) como moderador de la actividad.
La primera en tomar la palabra fue Marisa Aizenberg,quien se refirió a la sustitución paulatina de instituciones de encierro. Además, consideró que la nueva ley prevé un reconocimiento de derechos y garantías que ya estaban consagrados en instrumentos internacionales, estimando necesario un proceso articulador de los sectores y desde jurisdicciones porque es una ley nacional. Asimismo, señaló que la universidad tiene un rol muy importante y que si bien la ley es una gran herramienta, se requiere de sistemas de apoyo más efectivos para derribar las barreras de estigmatización que toda la problemática de salud mental involucra, especialmente la exclusión. Indicó entonces que la ley promueve un cambio de paradigma mediante intervenciones judiciales restringidas y transitorias.
Por su parte, Beatriz López resaltó que en líneas generales las familias no abandonan sino que son cuidadoras. También hizo alusión a aquellas familias abandonadas por el sistema, que estaban fuera de la atención e internación. Además, resaltó el aprendizaje que hacen las familias que tienen algún integrante con padecimientos mentales, conjuntamente con la sociedad y las universidades, opinando que deben producirse cambios en las Universidades, con currículas que incorporen estas problemáticas.
Luego, hizo uso de la palabra Alicia Stolkiner para destacar que el derecho de salud mental es una construcción social y comienza de abajo hacia arriba. También se debatió la cuestión sobre las provincias, que son anteriores a la nación, y la materia sanitaria que no ha sido delegada, sino reservada. En tal sentido, se cuestionó si la aplicación de una ley de esta materia puede efectuarse en el territorio nacional. Sin embargo, observó que “si se piensa que estos derechos integran el Código Civil por regular derechos personalísimos, tenemos una ley nacional pero algunas partes necesitan de una implementación local”.
Seguidamente, Liliana Cabrera se refirió a los cambios que trae la ley. Desde el proyecto de ley se logró la inclusión en el hospital general como otros pacientes, y la voz del usuario y de la familia, dado que antes el profesional pensaba y decidía lo que mejor para el paciente. Actualmente, debe actuarse en conjunto para que la persona pueda mejorarse mediante equipos interdisciplinarios, incluyendo a las familias en los tratamientos.
“Un tema judicializado es un fracaso del sistema sanitario”, advirtió. En este orden de ideas, instó a que el sistema sanitario de contención. Por último, hizo mención a la capacitación permanente y variada de los profesionales de la salud.
Hacia el final, Estela Morano entendió que se trata de un cambio de paradigma porque atiende a personas con padecimiento mental, siendo necesaria una ley que reconozca derechos a aquellas personas en condiciones de vulnerabilidad, cuando existe en nuestra Constitución Nacional la incorporación de los Tratados de derechos humanos que ha sido un aporte valiosísimo para el Derecho argentino. Así, subrayó que la ley apunta al concepto de salud establecido porla Organización Mundial dela Salud, es decir que salud no solo es ausencia de enfermedad, sino que también es el bienestar físico, mental y social de las personas.
En cuanto a su actividad como juez, precisó que con la nueva ley se desjudicializa el trámite de intervención psiquiátrica. Recordó entonces que frente a una situación aguda, el familiar recurre al tribunal y el Juez puede ordenar la revisación médica de la persona. De esta manera, “el rol de juez debe concentrarse en detectar el riesgo cierto e inminente y que se promueva la designación del abogado defensor para llevar adelante la legalidad de la internación”, aseguró. Finalmente, examinó los procesos de externación de las personas con padecimientos mentales.
“Un tema judicializado es un fracaso del sistema sanitario”, advirtió Liliana Cabrera.