Jornadas académicas en gobierno abierto
Joseph Foti, Mónica Pinto y Renzo Falla
La Alianza para Gobierno Abierto (AGD-OGP) junto al Grupo de Investigación en Administración y Políticas Públicas (GIGAPP) y la Facultad, invitaron a participar de las Jornadas académicas en gobierno abierto los días 17 y 18 de noviembre en el Salón Rojo.
El 17 de noviembre, para comenzar, José Hernández Bonivento (investigador Principal GIGAPP) y luego de la decana Mónica Pinto realizaron unas palabras de apertura. Asimismo, Joseph Foti y Renzo Falla expusieron sobre los seis años que lleva la Alianza de Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés). En este sentido, se refirieron a lo que funciona y a lo que no y, además, brindaron información acerca de los hallazgos del Mecanismo independiente de presentación de informes (IRM, por sus siglas en inglés).
A su turno, Joseph Foti se refirió a la Alianza, que fue creada en 2011 con ocho países fundadores y que ya cuenta con más de setenta miembros. Los Gobiernos miembro se asocian con esta sociedad civil para promover la transparencia, luchar contra la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para mejorar la gobernanza de su país. “La Alianza cuenta con un plan de acción que contiene compromisos sujetos a un proceso de evaluación para poder medir el cumplimiento. Algunos de estos compromisos son: acceso a la información, participación cívica en el gobierno y rendición de cuentas públicas”, manifestó.
Acto seguido, Renzo Falla declaró que desde el año pasado el IRM comenzó a hacer evaluaciones sobre los avances de los países que pertenecen a la Alianza durante su segundo año en los planes de acción. “Una nueva investigación implementada por el IRM, revela que hay cinco principales desafíos de implementación de estos planes de acción. Por ejemplo, uno es el diseño de los compromisos que llevan a cabo los países, ya que hay varios compromisos que no tiene objetivos claros, no tienen actividades medibles o específicas”, expresó y agregó que esto está cambiando con el tiempo y que “el diseño de los compromisos ha mejorado de manera significativa en los seis años del OGP”.
Finalmente, la decana Mónica Pinto cerró la etapa introductoria de la jornada con unas palabras de bienvenida y una serie de agradecimientos a los presentes. “Nosotros creemos que existe la posibilidad de cambiar la cultura de gestión en el país y este cambio de cultura, que empieza por esta casa, tiene que ver con muchos de los objetivos del gobierno abierto”, concluyó Pinto.
Por otra parte, Carlos Mas Velez, Eugenia Braguinsky y Francisco Alfonsín llevaron adelante una presentación inaugural, titulada “Política de Gobierno Abierto para la Universidad de Buenos Aires (UBA)”.
En primer lugar, Carlos Mas Velez contó: “Cuando en la UBA empezamos a reflexionar sobre la incorporación de herramientas que hagan a la trasparencia y a garantizar la accesibilidad de la información, yo era secretario general de la UBA y asumíamos hacia fines del 2006 en una universidad que tenía una situación desordenada administrativamente y suponía un desafío interesante de cara a un mundo que venía cambiando”.
Luego especificó que la propuesta tenía que ver con el desarrollo de un programa de trasparencia y modernización en tres ejes. El primer eje consistía en darle mayor publicidad y trasparencia a la administración, que tenía como consecuencia el objetivo de regular el acceso a la información pública y concluir en la creación de una oficina de acceso a la información pública. Otro de los ejes tenía que ver con intentar darle más celeridad, simplificación y trasparencia a los procesos administrativos, asociado a la creación de un digesto universitario, que fue el tercer eje, cuyo objetivo es retroalimentar el ejercicio de la ciudadanía que todo universitario debe exigir.
A continuación, Eugenia Braguinsky disertó en torno a los desafíos de la Oficina de Acceso a la Información Pública como pionera en el ámbito de las universidades. “En 2010 se emitió la resolución 519 firmada por todo el Consejo Superior, que reglamentaba el derecho al acceso a la información pública en el ámbito de la universidad. Esta resolución venía a llenar el vacío que dejaba la única norma que había en ese momento en la Argentina para regular derecho a acceso a la información pública que era el decreto 1172”, recordó.
Seguidamente, subrayó se debe trabajar mucho el consenso, dado que las nuevas iniciativas tienen resistencias por desconocimiento, por voluntad política y porque vienen a cambiar la forma de gestionar lo público. Sostuvo también que el desafío de la universidad tiene que ver con mirar hacia afuera: “No solo rendir cuentas en las instancias de elecciones, participación del cogobierno, sino hacia la ciudadanía por el rol que tiene la universidad hacia las políticas públicas”, distinguió.
Hacia el final, puso de manifiesto la importancia de que las universidades que formen parte de la Alianza del Gobierno Abierto entiendan que no tienen el esquema de gobierno que tiene un Poder Ejecutivo, sino que tienen a su comunidad sentada.
Por su parte, Francisco Alfonsín hizo hincapié en el rol importante que tienen las unidades académicas de la UBA en la implementación del programa universidad abierta. “El ámbito en donde interactuamos todos es en las unidades académicas, en este caso la Facultad de Derecho. Por eso es importante que estos cambios se den de abajo hacia arriba y con la participación de todos los sectores, no solamente institucionalmente como sí se hace en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires”, especificó. Luego resaltó: “Nosotros, por los contenidos que se dictan en esta casa de estudios, tenemos la responsabilidad de estar al frente y a la vanguardia de poder propagar los contenidos referentes al buen gobierno en nuestras aulas y en nuestros ámbitos de participación”.