Jornada sobre interrupción legal del embarazo
Pablo Rossi, Soledad Deza, Julieta Di Corleto, Martín de Lellis y Andrea Berra
El pasado 5 de septiembre en el Salón Auditorio se realizó la Jornada sobre interrupción legal del embarazo, organizada por el Proyecto UBACyT - PDE: “La mortalidad materna y los servicios de salud y justicia: un abordaje interdisciplinario e intersectorial desde la promoción del derecho a la interrupción legal del embarazo”, y coordinada por Silvina A. Alonso (profesora de Derecho Penal y especialista en Derecho Penal).
Presentaron la actividad y Martín de Lellis (profesor titular regular de la Cátedra I de Salud Pública y Salud Mental de la Facultad de Psicología de la UBA. Director de Proyectos de Investigación UBACYT) y Pablo Rossi (fiscal de la Provincia de Buenos Aires, docente e investigador de la UBA).
En primer lugar, Martín de Lellis sostuvo que el aborto es uno de los problemas más graves de salud pública que tiene Argentina. “Es la primera causa de mortalidad materna y está asociado directamente a las condiciones de clandestinidad e inseguridad”, explico y agregó que esto sucede en un país donde la totalidad de los partos se realizan en instituciones y mediante profesionales calificados para realizarlos.
“El aborto nos plantea los problemas más acuciantes de ética sanitaria”, reflexionó. Entre ellos, mencionó el problema que representa anteponer las creencias privadas al cumplimiento de la ley que es de carácter universal o bien el problema que implica no respetar la autonomía de las personas para la toma de decisiones.
Por su parte, Pablo Rossi expresó: “Muchas veces cuando se piensa o se discute la criminalización de la interrupción del embarazo se discute en forma abstracta en términos de un conflicto de derecho entre el embrión y la madre”. Asimismo, sostuvo que cuando se construye la justificación de la criminalización del aborto se parte de un mito que es el mito de un sistema penal neutral y garante de vida. “El problema de esta concepción es que parecería que se supone que el Estado tiene autoridad moral para decirle cómo tiene que lidiar con el drama del embarazo forzado”, señaló y contradijo esta creencia: “Lo cierto es que ese Estado no tiene la autoridad moral para tomar esa decisión en el lugar de la mujer”. Entre otras razones, “porque no estuvo ahí para prevenir el abuso sexual y porque muchas veces no hizo demasiado para perseguir al abusador”, reflexionó.
Luego, tuvieron lugar las exposiciones de Julieta Di Corleto (abogada, doctora en Historia, UdeSA y docente de la Facultad), Andrea Berra (diplomada en Género y Políticas Publicas, adjunta de la Cátedra de Salud Pública y Salud Mental en la Facultad de Psicología, UBA) y Soledad Deza (profesora de sociología jurídica y medicina legal)
A su turno, Julieta Di Corleto disertó en base a apuntes históricos sobre el delito de aborto. En este marco, explicó que su ponencia sería a partir de una investigación centrada en las prácticas de aborto y de infanticidio en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) entre 1890 y 1910 y luego leyó un caso del 8 de julio de 1888.
Seguidamente, contó que entre 1890 y 1910 hubo un espacio social en el que la CABA estaba sometida a grandes transformaciones. En este marco, explicó que “la maternidad como construcción social y cultural era muy particular” y agregó que “la emancipación femenina estaba planteada dentro de los límites de la maternidad y no había un cuestionamiento a este ideal”. Asimismo, entendió que un análisis de este tipo permite una revisión histórica del concepto de maternidad y pone en evidencia cómo su sentido ha ido variando en función del contexto político, económico y social. “Lejos de ser una noción fija y mutable se trata del resultado de procesos culturales en los que las instituciones sociales y científicas gestionan no solamente prácticas, creencias o conocimientos, sino también sentimientos, que es aquello que una madre debe sentir”.
A continuación, Andrea Berra manifestó que la particularidad de este UBACyT es que es un proyecto de desarrollo estratégico en el que se prioriza la intervención social. “Tuvimos la suerte de que se haya tomado a la problemática de la mortalidad materna y el derecho de interrupción legal como una investigación financiada por UBACyT”, reflexionó. Además, entendió al aborto inseguro como problema de salud pública y como un tema de derechos. Por otro lado, contó los ejes de la investigación: cómo impacta el aborto inseguro en Argentina en la mortalidad materna, el abordaje de la intervención legal de embarazo como una posibilidad para intentar reducir la mortalidad materna en un sector de la provincia de Buenos Aires que tiene que ver con el Municipio de Avellaneda, donde se centra la intervención social de la investigación.
Con relación al marco normativo, indicó que tomaron, entre otros, el art. 86 del Código Penal, el fallo Fayt de 2012 y la ley nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (2012). Sobre el fallo Fayt, resaltó que “es un fallo de suma importancia para intentar remover barreras institucionales para el acceso al aborto no punible en Argentina”.
“En el año 2016, la muerte materna por complicaciones por aborto se incrementó un 18,4%, pasamos a 55 muertes”, introdujo Soledad Deza. Añadió que según el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, cada año abortan entre 379 mil mueres y 522 mil mujeres lo hacen en la clandestinidad. “Son números que nos muestran que el aborto independientemente de la concepción moral o de las cosmovisiones morales que los distintos discursos le aporten a la cuestión, la verdad es que el aborto es un hecho en la vida de las mujeres”, afirmó.
Luego, se enfocó en el caso Belén, del cual contó los hechos. “Lo que fue un diagnóstico de aborto espontáneo, incompleto y sin complicaciones puso en funcionamiento una maquinaria de sospechas que hizo que Belén esté a las dos horas aprehendida policialmente y a las dos horas detenida judicialmente”, detalló y añadió que estuvo detenida en prisión preventiva por 29 meses.
“Cuando pensemos en criminalización del aborto, tenemos necesariamente que pensar que no cualquier mujer termina presa por aborto. Belén era una mujer pobre, que además tuvo un aborto”, aseveró y puntualizó que son connotaciones distintas de un contexto. “Hay una tríada de poder. Una mujer que ingresa a la salud pública en situación de aborto o posaborto no termina presa si no hay una articulación sostenida y una mecánica aceitada entre efectores de la salud, policía e integrantes del poder judicial. Esos son los tres discursos”, concluyó.