Jornada Internacional de Práctica Profesional - “El rol del abogado como garante del acceso a la Justicia en Latinoamérica”
El primer panel reflexionó acerca de los problemas del acceso a la Justicia
Por iniciativa del Departamento de Práctica Profesional y el Centro de Graduados de nuestra Facultad, tuvo lugar el pasado 11 de noviembre la Jornada Internacional de Práctica Profesional “El rol del abogado como garante del acceso a la Justicia en Latinoamérica”. El evento, celebrado en el Salón Verde, se estructuró en torno a dos paneles en los que destacados profesionales de la región disertaron acerca de diversos aspectos de la realidad de la práctica profesional en sus respectivos países.
Previamente, el Director del Departamento de Práctica Profesional, Dr. Juan Octavio Gauna, pronunció algunas palabras de apertura de la jornada. En primer lugar, resaltó la gran vigencia que la temática convocante tiene en el orden internacional, en el cual es obligación de los Estados garantizar el acceso a la Justicia. Este “es un derecho humano pleno que se tiene para que, ante cualquier divergencia, toda persona pueda acudir a la Justicia sin que existan inconvenientes en el acceso”, afirmó. No obstante ello, reconoció que en Latinoamérica existen hondas dificultades en los campos culturales, educacionales y socioeconómicos. En tal sentido, consideró que no basta con el compromiso de los poderes del Estado en determinada política conducente a la declamada plenitud mientras subsistan aquellos inconvenientes. “Entre todos debemos hacer lo posible para hacer realidad el acceso a la Justicia para todos los seres humanos”, concluyó.
Seguidamente, se procedió a las exposiciones correspondientes al primer panel, coordinado por el Dr. Eduardo Díaz y conformado por los Dres. Oscar Cornejo (Perú), Gabriel Valentín (Uruguay), Jenaro Murillo (Chile) y Robert Marcial González Villanueva (Paraguay).
En primer término, el Dr. Oscar Cornejo se refirió acerca de “La implementación del sistema acusatorio en la reforma al Código Procesal Penal del Perú”. Preliminarmente, concibió al acceso a la Justicia como uno de los servicios básicos e indispensables para el normal funcionamiento de una comunidad, en cuanto permite la estabilidad jurídica y está regido por normas de eficacia, eficiencia y calidad. Por ello, consideró que el problema común a todos los países latinoamericanos es una cuestión política, de gestión de recursos.
En lo atinente al caso peruano, el expositor vislumbró tres barreras al acceso a la administración de Justicia: la pobreza, el factor idiomático y la sobrecarga procesal. Respecto al nuevo sistema procesal penal peruano criticó una práctica común a los países sudamericanos: la copia de modelos extranjeros.
Asimismo, consideró que el Código no toma en cuenta las vicisitudes que se presentan para su aplicación fuera de Lima. No obstante, entendió que el nuevo régimen mejora la administración de justicia, al menos en lo que hace a los procesos iniciados tras su entrada en vigor.
Por otra parte, opinó que debe existir coherencia entre el discurso que justifica la implementación de una reforma integral en la administración de justicia y la actuación práctica, “no podemos hablar de reformas parciales”, agregó. En idéntica tesitura, aseveró que una reforma integral toca a la sociedad civil y, fundamentalmente, a los abogados y criticó el hecho de que en su país cualquiera puede abrir una universidad, e incluso dictar cursos a distancia, con la merma en la calidad educativa que eso supone. Finalmente, estimó fundamental enfocar en la educación de los nuevos abogados, ya que en sus manos estará la administración de Justicia.
A continuación, el Dr. Gabriel Valentín disertó acerca de “El acceso a la justicia. El proceso penal uruguayo”. Tras diferenciar el concepto amplio del restringido del acceso a la Justicia, enfatizó su interés en este último, al cual definió como la serie de garantías que efectiviza el ejercicio, la acción y la excepción.
Posteriormente, reconoció la existencia de factores externos e internos al mundo jurídico, como susceptibles de obstaculizar tal acceso. Entre los primeros, mencionó la pobreza estructural y la adicción a nuevas drogas -que generan nuevas formas de criminalidad-. Asimismo, explicó que aunque la Constitución uruguaya consagra un régimen procesal penal acusatorio, las normas legales estructuran uno mal denominado mixto, “que no es más que un sistema inquisitivo disfrazado”. Asimismo, reseñó los puntos principales y destacó el hecho de que la acción penal sea siempre pública y de ejercicio inevitable. En consecuencia, vislumbró los problemas que se encuentran en el interior del derecho: la estructura del proceso penal lleva a que la defensa no se oriente a la búsqueda de una sentencia absolutoria, sino a la evitación de la prisión preventiva, que es utilizada como una verdadera pena anticipada.
Por otra parte, se refirió a las escasas posibilidades de participación de la víctima del delito y a la inexistencia de mecanismos de protección. Para finalizar, destacó que el 80% de los casos están a cargo de la Defensa oficial, dependiente del Poder Judicial y lamentó la precariedad de la organización de la Defensoría Oficial, así como su efecto negativo en las reales posibilidades de defensa.
En tercer lugar, el Dr. Jenaro Murillo expuso acerca de “El acceso a la Justicia y la Práctica Profesional”. Sostuvo que el acceso a la Justicia no se limita a la mera llegada física a los tribunales y deploró la existencia, en el proceso civil chileno, de lo que calificó como “una figura nefasta”: los receptores judiciales. Explicó que ellos cobran de las partes por todas las notificaciones practicadas durante el proceso y reclamó su eliminación.
Por otro lado, señaló que, en Chile, los graduados de la universidad deben cumplir con la práctica profesional ante un servicio público denominado Corporación de Asistencia Judicial, cuyo objeto es brindar asesoría jurídica a personas de escasos recursos. Sin embargo, entendió que la práctica ante la Corporación no es efectiva, debido a su deficiente organización interna.
Además, hizo referencia a los consultorios jurídicos que funcionan en algunas de las universidades y los diferenció de la Corporación porque en aquellos se atienden directamente a las personas y los casos se plantean en conjunto entre los profesores y los alumnos, como así también todo el desarrollo de estos.
Hacia el final de su ponencia, criticó la instauración de un sistema de proceso de familia oral en el que no se requería el patrocinio letrado. “Su inevitable colapso llevó a la reintroducción de la necesidad de contar con un abogado”, subrayó. De este modo, expresó que, solapadamente, la legislación reconoció que los abogados son los máximos garantes del acceso a la Justicia.
En última instancia, el Dr. Robert Marcial González Villanueva disertó sobre “Los problemas del acceso a la Justicia desde una perspectiva meta legal”. De manera introductoria, vinculó la problemática en cuestión con la integración regional y global, como así también con la compleja relación entre el individuo y el Estado. “Ambos aspectos forman parte del amplio debate que debe generarse en torno a un tema prioritario para el funcionamiento del Estado de Derecho como lo es la garantía del acceso al sistema de justicia”, aseveró. Asimismo, indicó que el principal desafío en materia de acceso a la justicia en el marco de un mundo globalizado pasa por contar con la voluntad política requerida para consolidar un Tribunal supranacional, para lo cual los Estados necesariamente deben ceder Soberanía, o lo que es igual, los políticos deben ceder una cuota importante de poder.
Luego, hizo hincapié en la relación entre el acceso a la justicia y el índice de desarrollo humano, con énfasis especial en la realidad paraguaya y su repercusión en el proceso de integración. Como conclusión, sostuvo que, en el marco de un Estado de Derecho, el Abogado debe comprometerse con la educación y con la formación de los jóvenes y que el poder político debe realizar una apuesta fuerte por el ciudadano, no solo removiendo los obstáculos socio-económicos que impiden establecer condiciones adecuadas para garantizar el acceso real al sistema de justicia sino fundamentalmente dándole prioridad presupuestaria tanto al Poder Judicial como a la educación en todos los niveles.
El segundo panel, titulado “El abogado como garante del acceso a la justicia”, fue coordinado por el Dr. Gustavo Calvinho y contó con las exposiciones de los Dres. Ana Calderón Sumarriva (Perú), Francisco Pinochet Cantwell (Chile), Guido Aguila Grados (Perú) y Gabriel Hernández Villarreal (Colombia).