Innovación y propiedad intelectual en escenarios pospandemia
Innovación y propiedad intelectual en escenarios pospandemia
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Innovación y propiedad intelectual en escenarios pospandemia
Innovación y propiedad intelectual en escenarios pospandemia
Innovación y propiedad intelectual en escenarios pospandemia
Los días 23 de junio, 7 y 21 de julio tuvo lugar el seminario "Innovación y propiedad intelectual en escenarios pospandemia", organizado en conjunto por el Centros de Estudios Interdisciplinarios de Derechos Industrial y Económico (CEIDIE) y el South Centre.
El 23 de junio la presentación estuvo a cargo del vicedecano de la Facultad, Marcelo Gebhardt. Y luego Carlos Correa (director de South Centre, Ginebra), Sonia Tarragona (Subsecretaría de Medicamentos e Información Estratégica, Ministerio de Salud, Argentina) y Mariano Genovesi (profesor titular de Derecho Comercial, Facultad de Derecho, UBA) expusieron, en torno al título "Lecciones de la pandemia en materia de acceso a la salud".
Para empezar, Carlos Correa expuso acerca de cómo encontró esta pandemia a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y qué instrumentos tenía para trabajar en la interfaz entre la innovación y la propiedad intelectual. En este sentido, señaló dos instrumentos generados desde la OMS. “El primero es el marco relacionado con la preparación para las pandemias de influenza, lo que se conoce en inglés como PIP framework, que es un desarrollo que tuvo lugar con el objeto de facilitar e incentivar que los gobiernos den a conocer los virus tempranamente a efectos de que se puedan desarrollar vacunas en particular y al mismo tiempo permitir que haya una participación en los beneficios derivados de la producción de esas vacunas y un acceso por parte de los países en desarrollo”, puntualizó y aseveró: “Este marco se demostró totalmente ineficaz para hacer frente a esta pandemia y probablemente uno de los resultados de esta será la reconsideración de qué tiene que hacer esta organización para estar mejor preparada para crisis de este tipo”.
Luego se refirió al segundo instrumento: el Plan y estrategia global sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual que fue aprobado por la OMS en el 2008. “Este plan es de gran importancia porque plantea de manera directa esta relación entre estos tres ámbitos y su objetivo central fue el de proveer un nuevo pensamiento sobre innovación y acceso a medicamentos y la estrategia contiene diversos elementos que tiene que ver con la idea de que era necesario negociar y adoptar un tratado internacional sobre investigación y desarrollo en materia médico-farmacéutica”, indicó.
Sonia Tarragona, por su parte, expresó: “Desde la perspectiva de la salud pública todavía no encontramos las respuestas a todas las necesidades insatisfechas que se ven en este momento en particular en el que me toca estar al frente de la Subsecretaría de Medicamentos. No es solo que nos falta respuesta a los nuevos medicamentos, sino que viejos medicamentos que han dejado de ser interesantes del punto de vista comercial, para los cuales no hay patentes, tampoco las podemos conseguir porque no son de interés para la industria”. Y agregó que hay una ralentización de la innovación. “Una vez que expiran las patentes uno esperaría tener un crecimiento de la competencia genérica pero no ocurre y se ven pocas innovaciones, que son muy costosas”, detalló.
Más adelante, se enfocó en los ensayos clínicos y señaló que la mayor parte se concentra en América del Norte y en Europa. “Este año hemos tenido una conversación interesante con la industria farmacéutica internacional con actividad en Argentina para ver cómo podemos trabajar para aumentar la cantidad de ensayos clínicos”, afirmó y contó: “Argentina entró en el Solidarity que es un estudio conducido por la OMS para probar medicamentos para el tratamiento del coronavirus. Pero no hemos entrado, por ejemplo, en ningún ensayo vinculado a las vacunas, aun cuando Argentina manifestó su interés por hacerlo”.
A continuación, Mariano Genovesi comentó que Argentina tiene una política de estado desde hace un siglo en materia de propiedad intelectual vinculada a los medicamentos. En esta línea, aseveró que “adquirió el perfil que tiene ahora a partir de la reforma de la ley de patentes y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)”. Y desarrolló: “En estos casi treinta años nos encontramos con que Argentina ha hecho un uso inteligente de las flexibilidades permitidas de por el acuerdo de los ADPIC. Prácticamente se hizo uso de toda y cada una de las previstas dentro del texto y también dentro de la interpretación del acuerdo”.
Asimismo, subrayó que las pautas son el punto central de esta política de estado en materia de propiedad intelectual, que ha atravesado gobiernos de distintos signos a lo largo del tiempo, y que cristalizaron una serie de cánones interpretativos y de aplicación a la realidad que se tradujo en una disminución consistente de las patentes de evergreening. “A mi modo de ver es la única política efectiva anti evergreening que se dio en distintos países del mundo, mucho más eficaz y eficiente que la política de India y Brasil se ve en la calidad de las patentes y en la disminución de aquellas patentes que lo que hacen es estorbar la innovación y la generación de conocimiento y de ingreso al mercado”, especificó y agregó que hay un régimen razonable en cuanto a acciones judiciales y medidas cautelares.
Seguidamente, el 7 de julio brindaron su aporte Roxana Blasetti (CEIDIE-UBA), Rafael Perez Miranda (CEIDIE-UAM- sede Azcapotzalco) y Lautaro Viscay (Reunión Especializada de Agricultura Familiar -REAF- del Mercosur). El eje temático de este encuentro fue "Propiedad intelectual, alimentos y agricultura familiar en el escenario de la pospandemia".
En primer lugar, Roxana Blasetti comentó que “antes de la pandemia ya se avizoraba un debilitamiento de las reglas multilaterales y un protagonismo mayor por parte de los sistemas de integración. Estamos hablando de un nuevo regionalismo enmarcado en lo que jurídicamente se conoce como acuerdos-reglamento, que no solo incluyen una facilitación de eliminación de aranceles, sino también contienen las reglas propias que van a regir el comercio del 90% del universo arancelario”. Y aseveró que estos procesos de apertura y firmas de acuerdos de libre comercio le dan al Mercosur un acceso preferencial a los mercados externos.
Por otro lado, manifestó que “Argentina no dejó de fabricar alimentos ni de exportar alimentos y la demanda mundial sigue creciendo. Entonces es posible pensar en un futuro próximo de incremento de demanda de alimentos y también de protagonismo del Mercosur como proveedor de alimentos”.
Como ejemplo de la situación de la propiedad intelectual en el Mercosur y en el comercio mundial de alimentos, brindó una síntesis de lo que fue y es la negociación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en este marco. “Desde el inicio Mercosur se opuso a tener obligaciones en materia de propiedad intelectual incluidas en un capítulo del acuerdo. Esto se sostuvo durante todos los años que duró la negociación hasta marzo de 2017 donde Mercosur cedió a la demanda europea y habilitó la incorporación de la negociación bajo texto de un capítulo de propiedad intelectual”.
Rafael Perez Miranda puntualizó que “el estímulo a la investigación para la mejora de los vegetales y animales que requerimos para nuestra alimentación no tuvo un sistema similar al que tuvieron las invenciones y los derechos de autor durante muchos siglos”. Y desarrolló: “Primero se dieron las grandes innovaciones en fitomejoras, la revolución verde, la fundación de instituciones de investigación exitosas en diversos niveles y poco a poco se comenzó a generar un sistema de estímulo a la protección de los vegetales. Ese estímulo fue bastante original, así como es original todo el sistema de propiedad intelectual que permite estimular las invenciones sin que el Estado tenga que gastar y permite fijar los precios de los productos patentados sin necesidad de estudiosos o funcionarios que los definan”.
Asimismo, detalló que “para no afectar el principio de que no se protegen los productos derivados de procesos esencialmente biológicos se alteró otro principio del derecho privado tradicional que es la divisibilidad del derecho de propiedad. Se establece una distinción en el derecho de propiedad en virtud del cual el agricultor que adquiere material de propagación no es un propietario pleno en el sentido estricto de la palabra sino que comparte ese derecho de propiedad con otro sujeto jurídico”.
Lautaro Viscay se refirió a la REAF del Mercosur. “Es un órgano formal y asesor del grupo que se crea en el 2004 a instancias de una negociación que lograron las gremiales agrarias del Mercosur junto a las cancillerías, en la cual el motivo era cómo tener un Mercosur sin que una parte importante de quienes componen el sistema agrario de nuestra región no tuviera una representación formal y no pudiera asistir y asesorar al Mercosur en materia de producción de la agricultura familiar en la región”, contó y agregó que la reunión incorpora la participación de las entidades organizadas de la sociedad civil junto a los representantes gubernamentales en todo lo que es la agenda de consensos necesarios para la agricultura familiar en el Mercosur.
Por otro lado, expresó que “al momento en el que disociamos sociedad y ambiente, sociedad y naturaleza y nos alejamos de una visión sistémica de lo que son los sistemas productivos y la complejidad que implica la producción de alimentos es complejo luego entender y componer marcos normativos regulatorios que tengan en cuenta la biodiversidad en nuestra región”. Y reflexionó: “Esta disociación presente y profunda en distintos campos es lo que nos repercute hoy también en materia de comercio de alimentos y en el debate sobre el abastecimiento y la seguridad alimentaria. La reunión vino a instalar en el Mercosur que no hay una sola agricultura”.
En esta línea argumental, concluyó: “Visibilizar que la agricultura no es una sola y que hay sujetos en la producción de alimentos que son distintos y eso implica en la reunión especializada diseñar políticas públicas diferenciadas, preferenciales y adecuadas a un sector que había sido visto como carente: la agricultura familiar, campesina, indígena y comunitaria de la región se trata de una agricultura integrada por sujetos económicos que necesitan un tratamiento desde la inclusión productiva y social”.
El 21 de julio tuvo lugar el tercer y último encuentro, que contó con una presentación del subdirector del CEIDIE, Guillermo Vidaurreta. Con la moderación de Alejandra Aoun (CEIDIE), brindaron su aporte Maximiliano Marzetti (CEIDIE), Viviana Muñoz-Telles (South Centre) y Eduardo Spitzer (ELEA-Phoenix) bajo el título "Propiedad intelectual e innovación".
Maximiliano Marzetti sostuvo que “estamos entrando a un nuevo paradigma tecnológico y económico que se ha llamado industria 4.0 donde máquinas inteligentes autónomas e interconectadas producen, procesan y transfieren grandes volúmenes de datos. Desde el 2013 en adelante, todo lo que es machine learning y redes neuronales se está desarrollando exponencialmente”. Y agregó que “en este nuevo paradigma acceder y procesar datos es fundamental. Son los inputs necesarios para que estas máquinas funcionen porque lo que estas máquinas necesitan es acceso a datos”.
Luego planteó la inquietud de si la inteligencia artificial es una oportunidad o una gran amenaza para las economías de América Latina. “Hay trabajos que hablan de cómo la inteligencia artificial puede ser la gran oportunidad para América Latina para salir de los problemas económicos endémicos entendidos como esta dependencia de los commodities agrícolas como la fuente principal de ingresos en el mercado internacional de los países latinoamericanos o el déficit productivo”, detalló y explicó que también “hay reportes menos optimistas que sostienen que América Latina por cuestiones de infraestructura se beneficiará menos que otras regiones”. Sobre esta segunda postura, añadió que “una cuestión en la que muchos reportes ponen el acento es el efecto que puede tener la inteligencia artificial sobre los trabajos y muchos señalan que probablemente un tercio de los empleos existentes tal vez desaparezcan para 2030 en caso de que la inteligencia artificial se expanda como se esperaba antes de la pandemia”.
Viviana Muñoz-Telles contó que es parte del Centro Sur que es una organización intergubernamental de países en desarrollo, con 54 miembros, basada en Ginebra. “Bastante de nuestro trabajo es con delegaciones de los países en desarrollo, mirando muy de cerca el impacto de políticas públicas al igual que el proceso de negociación de las reglas internacionales en diferentes instituciones intergubernamentales”, explicó y compartió una serie de reflexiones en torno a discusiones y negociaciones multilaterales entre la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y el Consejo de ADPIC. “La irrupción de la pandemia no ha afectado solamente al sector salud. Es claro que tiene un impacto en la economía y en la organización del trabajo y en las actividades diarias. En eso vemos que el sistema de innovación y su capacidad de responder se va a ver afectada”, aseveró y señaló: “Vemos ya que hay una gran presión en las finanzas del estado por lo cual cuando pensamos en qué tipo de incentivos se pueden proveer vemos que esa cartera de herramientas de política pública en cuanto a financiamiento se ven más restringidas”.
Sin embargo, indicó que “con este tipo de situación vemos al mismo tiempo que hay una necesidad de innovación ahora más que nunca para enfrentar el efecto humano de la pandemia y en la economía y vemos una gran cuestionamiento de cómo se replantea la misma organización de las actividades que teníamos en el mercado privado”.
Por otro lado, subrayó que “las políticas públicas de innovación deben ser el eje antes de hablar de una política pública de propiedad intelectual. Hay varios mecanismos de innovación y no necesariamente la propiedad intelectual tiene que ser el eje en esas consideraciones. Es igualmente esencial enfatizar en la difusión”. Y puso de manifiesto la necesidad de considerar la innovación como el proceso de adaptación de tecnologías que ya han sido desarrolladas que se aplican en un nuevo contexto y posiblemente eso genera nuevas innovaciones y crecimiento.
Finalmente, Eduardo Spitzer disertó acerca de la innovación en el sector salud. “El genoma humano es toda la información genética que tenemos en nuestra células. El proyecto del genoma humano costó más de un billón de dólares y con un costo directo de secuenciamiento de cien millones de dólares”, compartió y puntualizó: “En el año 2000 el equipamiento y el costo necesario para decir que mi genoma era tal costaba cien millones de dólares y era un equipamiento gigantesco. Y se tardaban meses en generar esta cantidad de información. Hoy en día, siguiendo lo que es la Ley de Moore, en Argentina secuenciar mi genoma cuesta mil dólares. En menos de veinte años hemos pasado de un costo directo de cien millones de dólares y meses de trabajo a un equipo que tiene el tamaño de un microondas y que por mil dólares en menos de 24 hs. informa el genoma completo”.
Asimismo, expuso: “Cuando hablamos de innovación o de nuevos tratamientos los científicos tratamos de seguir el método empírico. El desarrollo de fármacos de tratamientos en salud humana es algo que tarde muchos años y requiere inversiones de miles de millones de dólares en algunos casos, pero lamentablemente más allá de tener este método científico que todos estudiamos en la facultad, en industria farmacéutica particularmente los grandes desarrollos no se deben al método científico sino a lo que se llama el serendipity: un hallazgo accidental”.