II Taller Internacional de Sinergias Ambientales entre las aguas continentales y las marinas
Claudio Campagna, Gimena Perret, Marta Biagi y Mariela Chervin
Con el objetivo de generar un espacio interdisciplinario de alto nivel académico e institucional, que promueva el intercambio de información científica acerca de las múltiples interacciones ambientales generadas entre las aguas continentales y las marinas, los días 29, 30 y 31 de marzo se llevó a cabo el “II Taller Internacional de Sinergias Ambientales entre las aguas continentales y las marinas”, en conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo. Durante el primer día, la actividad se desarrolló en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho y se estructuró en dos partes. El primer panel estuvo a cargo del biólogo Claudio Campagna (Director del Proyecto Modelo del Mar – investigador del CONICET), la abogada Mariela Chervin (Consultora independiente de proyectos) y la socióloga Marta Biagi (Profesora de la Facultad de Derecho – investigadora del CONICET).
Para dar inicio, el biólogo Claudio Campagna se refirió al Mar Patagónico, tomándolo como un concepto donde el valor primordial es el de la biodiversidad. Destacó entonces que “aquellos que hoy tenemos la responsabilidad de impulsar las ideas de conservación oceánica, tenemos la obligación de comprender qué es lo que está sucediendo para guiar nuestras acciones”. Observó que el Mar Patagónico presta servicios ecológicos de importancia global, ya que constituye un lugar de alta productividad que es predecible en tiempo y espacio por la geología del mar, lo cual constituye un aspecto excepcional y muy útil para la conservación del Mar Patagónico. “Se trata de un ecosistema diverso, rico en endemismos, con alta biomasa de algunas especies, por eso sostiene pesquerías industriales tan importantes, que es propio de los mares templados”, manifestó. Sin embargo, advirtió que más allá de ser valioso por sus espectáculos naturales, no es prístino ya que las ciudades costeras arrojan todo lo que producen a ese Mar sin ningún tipo de cuidado ni procesamiento. Explicó asimismo que los usos extractivos resultan en beneficio de muy pocos y falta un modelo integrado que permita medir el valor relativo de los bienes y servicios por el impacto que genera al ambiente. Hizo referencia, además a que dos organizaciones internacionales, Wildlife Conservation Society y BirdLife International, publicaron el “Atlas del Mar patagónico: Especies y espacios”. Por último, consideró necesario que nuestro sistema de valores se encuentre con las prioridades claras que le indique las ciencias que existen opciones para que las actuales acciones continúen teniendo lugar con el menor impacto posible.
Más adelante, la abogada Mariela Chervin brindó los “Lineamientos para una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental y uso sustentable de la zona costera-atlántica en argentina”. En este sentido, subrayó que no se persigue la sanción de una norma, sino que debe entenderse “como una herramienta de un ciclo de políticas públicas para la gestión sustentable de la zona costera que nos daría un marco, regulando situaciones específicas; también sería útil para la planificación e implementación de una política nacional de una zona costera integral y coherente entre todas las jurisdicciones del país”, manifestó. Definió entonces a la zona costera como el espacio de transición entre geosistemas distintos, dado por un área de gran biodiversidad que resulta organizada en la competitividad o en la lucha por el predominio de los nichos ecológicos que contiene y se convierte en un área más importante que las fases del propio sistema, es decir que la zona costera es más importante que la costa, que el mar y que los recursos aisladamente considerados. Expuso entonces que la ley de presupuestos mínimos se enmarca en el artículo 41 de la Constitución Nacional, la cual pretende fijar un piso de calidad mínima ambiental para toda la zona costera atlántica argentina, “no significa una negación de las competencias locales”, remarcó. A su vez, enumeró los objetivos principales del Proyecto de Ley: reducir y mitigar la contaminación de las zonas costeras, garantizar el uso y goce público de las zonas costeras, promover la participación pública en la planificación e implementación y asegurar el acceso a los recursos naturales costeros en beneficios de los diversos sectores de la población. Finalmente, analizó las propuestas que contiene el Proyecto de Ley.
Por último, la socióloga Marta Biagi presentó su disertación sobre “El agua en el medio urbano de Argentina: la brecha entre pensar y hacer”. De esta manera, aportó una perspectiva del hombre de las grandes ciudades con respecto al agua, asegurando que se espera que el ciudadano esté informado y que participe. En virtud de ello, explicó que se empezó el trabajo de campo entrevistando personas en las ciudades de Gualeguaychú y Buenos Aires, teniendo en cuenta tres ejes: la representación social del agua, un diagnóstico que hace el entrevistado de la situación actual y finalmente, se indagó por las causas y consecuencias. En este sentido, analizó que existe un nuevo paradigma ambiental, el cual sostiene que los seres humanos son una parte de la naturaleza y las reglas que rigen las condiciones de la vida social se insertan en un complejo ecosistema que incluye la interdependencia del hombre con los seres vivos. A su vez, estimó de suma importancia brindar límites de la actividad humana, atender al impacto ambiental y mantener un equilibrio entre la naturaleza y los derechos del hombre sobre el ambiente. Así, opinó que “en un medio urbano más complejo y heterogéneo como en las grandes ciudades, los habitantes de Buenos Aires no pueden mirar al agua desde un punto de vista tan concreto; se representa como parte de la naturaleza”. En cuanto a las acciones, normas y percepción del control donde se sitúa el potencial de cambio, se observó que un predominio de un locus de control externo, es decir que “necesitamos un control formal externo, incluso se aceptaría la penalización económica para limitar el consumo del agua”, concluyó.
A continuación, tomaron la palabra la abogada Marta Vigevano (Prof. de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho), la Dra. Griselda Capaldo (Embajadora científica de la Fundación Alexander von Humboldt – investigadora del CONICET) y el sociólogo Mariano Ferro (Prof. de Sociología en la Facultad de Derecho).
En primer término, la Prof. Marta Vigevano abordó los "Desafíos y perspectivas del Derecho Internacional ambiental en el conflicto armado colombiano". Para ello, hizo mención a dos elementos en el caso Colombia: la institucionalidad ambiental y la gobernabilidad. Comentó a su vez que se trata de un país rico en biodiversidad, lo cual se debe a la cantidad de fuentes de agua que surcan todo el territorio colombiano, conteniendo grandes cuencas hidrográficas compuestas por aguas superficiales, subterráneas, oceánicas, glaciares y pluviales. Asimismo, mencionó los grandes sistemas dentro del territorio colombiano que son el sistema andino, el amazónico, del caribe y de la orinoquia, explicando sus particularidades. Resaltó también que los bosques son un elemento natural que favorece la preservación de la biodiversidad y Colombia posee una gran extensión ya que el 59,90% se encuentra cubierto por sistemas boscosos. En cuanto al contexto del conflicto armado, analizó que la inequidad social constituyó uno de los elementos del surgimiento de grupos campesinos, cuyo objetivo esencial era la reforma agraria dentro del ámbito colombiano, que todavía no se ha logrado. A fines de los 70 y durante los 80, surgió el narcotráfico muy unido a los paramilitares, que continúa hoy en día, pero puntualizó que se produjo una desmovilización relativa de ciertas fuerzas de paramilitares y un crecimiento considerable del narcotráfico, enraizados con los grupos armados que en su origen tenían un carácter de reivindicación social. Asimismo, analizó los efectos del conflicto armado en el medio ambiente y se refirió a elementos contaminantes como la plantación de cultivos ilícitos. Sin embargo, aseveró que el Estado colombiano posee una gran cantidad de normas, por tanto cuenta con una normativa amplia y una estructura institucional muy importante. A pesar de ello, advirtió que ha perdido casi un 40% de su superficie boscosa, resultado de un problema de gobernabilidad.
Seguidamente, la Dra. Griselda Capaldo desarrolló la "Eficacia del Derecho: una magnitud de la gobernabilidad ambiental", desatacando que el acatamiento de lo que la norma ordena y su observancia se pueden medir a través de indicadores de eficacia. Hizo referencia entonces a la International network for environmental compliance and enforcement (INECE), que analiza mediante indicadores el cumplimiento del Derecho ambiental. Para lograr la eficacia del Derecho propugnó 4 vías: individual; legislativa; administrativa; y judicial. Haciendo un análisis de tipo cualitativo resaltó dos partes: sobre la legislación de fondo, las normas reglamentarias y las sentencias, donde ha detectado ciertos elementos que se repiten, por ende resultan indicadores negativos porque afectan negativamente a la eficacia del Derecho ambiental; también existe un escaso conocimiento interdisciplinario y científico, una deficiencia en la técnica legislativa que genera problemas de interpretación y debilita la eficacia del Derecho, y una escasa inversión del sector público en ambiente y desarrollo; por otra parte, también se realizaron entrevistas con informantes claves, donde se buscó matices de información en los representantes del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial a nivel nacional y local. Finalmente, brindó algunas propuestas: crear un texto ordenado para estar seguros de qué es lo que está vigente; para el problema de falta de capacitación observó necesarias fiscalías ambientales y crear paneles para litigios multidistritales como existe en Estados Unidos, los cuales trabajan en red, reciben la información de las demandas que se van interponiendo y cuando se detecta un problema de jurisdicción y competencia convergente, decide cuál es el tribunal competente.
Hacia el final, el sociólogo Mariano Ferro analizó la cuestión de la “Ciudadanía ambiental. Algunas experiencias en Latinoamérica", recordando que a fines del siglo XX surgieron los derechos de tercera generación, cuyos titulares son colectividades e incluye a los derechos ambientales y sus fundamentos morales se basan en la primacía de los Derechos Humanos como presupuesto axiológico. Dentro de estas tendencias universalistas, subrayó que la fuerza más poderosa es el ecologismo, el cual comporta una conciencia de la fragilidad del ecosistema mundial y de las responsabilidades políticas y morales consiguientes. Comentó además que la ciudadanía ecológica se sustenta sobre el concepto de huella ecológica y cuando la demanda humana excede los recursos ecológicos, del cual dependen las generaciones actuales y futuras, se produce una situación de déficit ecológico mundial, generado por las asimetrías entre las demandas de abastecimiento humano y el área ecológica. Examinó entonces que “la ciudadanía ecológica rompe con la forma de ciudadanía que viene desde la antigüedad hasta nuestros días: tanto la tradición liberal como la republicana la entendía como un status o ejercicio que implicaba una reciprocidad de derechos y deberes hacia la comunidad, significaba pertenencia hacia una comunidad específica; en cambio, al incluir deberes para con las generaciones futuras o para seres no humanos, no puede fundarse en la reciprocidad, el modelo se centra más en los deberes que en los derechos”. Comparó, a su vez, los discursos morales ecológicos con la taxonomía de discursos morales convencionales. De tal modo, sostuvo que la ciudadanía ha perdido su carácter distintivo frente a una creciente inflación de derechos, exhortando a los ciudadanos al cumplimiento de los deberes personales para proteger el medio ambiente.