Hacer Justicia. Nuevos debates sobre el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad
El pasado 12 de marzo se celebró en el Salón Azul de esta Facultad de Derecho un encuentro en el que los participantes expresaron sus posturas en torno al juzgamiento de crímenes de lesa humanidad. Para el caso, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) han sido los encargados de la organización general del evento. El acto se desarrolló en el marco del evento internacional “Hacer justicia. Nuevos debates sobre el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad”. Vale aclarar que este es también el modo en que se titula una obra recientemente publicada por la Editorial Siglo XXI, texto que resulta de una compilación realizada por el CELS y el ICTJ que reúne las miradas de juristas, investigadores y activistas de derechos humanos sobre diferentes aspectos vinculados con el proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad cometidos en el país durante el terrorismo de Estado.
Participaron Horacio Verbitsky (Presidente del CELS), Lisa Magarrell (ICTJ) y Alfonso Diez Torres (embajador en Argentina de la Unión Europea).
También estuvieron presentes la Decana Mónica Pinto, Paulo Abrao (Comissão de Anistia, Ministerio de Justicia, Brasil), Jorge Auat (Fiscal general, director de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado), entre otros. El moderador fue Gastón Chillier (CELS).
Fue Horacio Verbitsky el primero en tomar la palabra para explicar que “el CELS impulsó desde su fundación la resistencia a las violaciones masivas y sistemáticas de Derechos Humanos cometidos en la Argentina a partir de 1976”. Continuó relatando las actividades desarrolladas por el CELS en esta materia y, por otro lado, adelantó que “de ninguna manera se trata de postular un modelo único que cada país deba seguir, pero sí creo que con los años transcurridos está claro que el argumento de que si se amenaza con castigo penal no se va a conocer la verdad es porque no van a aparecer los datos, porque no van a confesar, se demostró falso. Se demostró falso porque primero durante el largo período de impunidad que hubo luego de las leyes de obediencia debida y de los indultos, y hasta la reapertura y comienzo de las detenciones por robos de bebés pasó más de una década, y en esa década en la que no había amenaza de castigo penal no hubo prácticamente confesiones salvo muy excepcionales casos”.
Seguidamente, manifestó que con el reinicio de los juicios, con más de doscientas sentencias condenatorias, se ha producido la revelación de muchos datos que antes estaban ocultos. “En los procesos judiciales se han averiguado muchas cosas de la verdad y la idea que nosotros tenemos es que esto sea conocido en todo el mundo”, sostuvo. De hecho, Verbitsky se mostró convencido de que nuestra experiencia puede ser un valioso aporte para el debate jurídico internacional.
A su turno, Lisa Magarrell indicó que vivimos una etapa de post-dictadura o post-conflicto en la que la justicia se vuelve un reto muy difícil de alcanzar. “Como en el caso de la Argentina, puede durar generaciones esa búsqueda de la justicia más completa, más redonda, que no solo sea de una justicia de la cárcel sino también de la verdad, de la reparación de la memoria y de la reforma para que no se vuelva a repetir”, puntualizó.
Refiriéndose a la obra, subrayó que podrá ser de utilidad para todo aquel que esté atravesando procesos similares, aún cuando éstos se localicen en geografías y escenarios distintos. El testimonio que la Argentina ofrece a la comunidad internacional es capitalizable “no sólo por cómo se hizo frente a los crímenes masivos, violaciones a los derechos humanos que se sufrieron, sino también por el período de impunidad y todas las huellas que deja en la sociedad, que también se viene sumando a los que son las huellas de los crímenes mismos”.
Posteriormente, Alfonso Diez Torres explicó sucintamente las actividades desarrolladas desde la Unión Europea en pos de avanzar rumbo a un mayor respeto de los derechos humanos. Sin embargo, “la Unión Europea es también modesta en sus pretensiones y, sin duda, tiene una estrategia clara de promoción de los derechos humanos, y lo hace de diversas formas: el diálogo político, tratando de multilateralizar ese objetivo común; pero también lo hace a través de proyectos de cooperación”.
Finalmente, advirtió que pese a los múltiples instrumentos, aún existen al menos cien países donde se sigue practicando la tortura, sitios en donde miles y miles de personas son víctimas de dichos tormentos.
Por su parte, la Decana Mónica Pinto aseguró que la justicia de transición vivenciada desde 1983 es “la metodología o conjunto de metodologías para el tratamiento del bagaje de violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos en el pasado reciente”.
Recordó que para la década del setenta la normativa de derechos humanos no era precisamente abundante en el universo latinoamericano. “A partir de la década del setenta estaba en vigor una Convención sobre discriminación racial. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos entran en vigor en el año 1976, ambos previamente al quebrantamiento del orden constitucional en la Argentina. Mientras tanto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es nuestra gran norma regional, tuvo que esperar hasta 1978”, enseñó nuestra Decana.
Según la oradora, el derecho internacional vigente en los inicios de los ochenta no contemplaba ningún conjunto de elementos específicos para la justicia de transición. Era claro que en el ámbito de los derechos internos estaba disponible el juzgamiento de los responsables de las violaciones de los derechos humanos en la medida que ese mismo derecho interno pudiera considerar a esas conductas como delito.
“En los procesos judiciales se han averiguado muchas cosas de la verdad y la idea que nosotros tenemos es que esto sea conocido en todo el mundo”, sostuvo Horacio Verbitsky.