Explotación sexual y trata
Estrategias jurídicas y responsabilidad estatal
Stella Maris Martínez, Mónica Pinto y Diana Maffía
El pasado 1° de marzo en el Salón Azul se llevó adelante la conferencia “Explotación sexual y trata. Estrategias jurídicas y responsabilidad estatal”, organizada por el Programa de Actualización en Género y Derecho.
A modo de apertura, Diana Maffía comenzó diciendo que el propósito de la actividad era “analizar algunas perspectivas novedosas en relación con las responsabilidades estatales y las estrategias jurídicas acerca de un problema en particular que es la trata de personas”. Seguidamente, la decana Mónica Pinto expuso que el Programa de Género y Derecho es básicamente un programa de concientización y “es la ocasión que nosotros tenemos de poder trabajar esto en un ámbito interdisciplinario desde muchas perspectivas y con profesionales de distintas carreras”. Luego, desarrolló: “Es imposible pensar en trata si en determinadas jurisdicciones donde el fenómeno se da no hay también corrupción judicial y es muchísimo más fácil tener trata si estas dos cosas se dan y si, además, la gente no tiene un horizonte de desarrollo humano que sea elevado. Si la gente está sumida en situaciones de pobreza, si no tiene un horizonte de escolaridad, de mejor calidad de vida, de mejores condiciones de salud o de mejor ocupación, todo eso da un coctel explosivo que, indudablemente, le hace campo fértil a situaciones como las de la delincuencia organizada que está detrás de la trata”. Enfatizó, en la misma línea, que “esto que a lo mejor nosotros no estudiamos tan sistémicamente dentro de un programa de estudios, pese a que el protocolo de Palermo anda por allí y las iniciativas detrás de la prohibición de la trata y de la forma de criminalizar la conducta, deben ser objeto de preocupación de una facultad de derecho con las características de la nuestra, que es la de una facultad pública que debe devolver, en todo lo posible, a la sociedad que la financia y le permite existir con una opinión más leída, más letrada que la que se puede dar de otro lado en estas cosas”. Por su parte, Stella Maris Martínez señaló que cuando desde el Ministerio Público de la Defensa se empezó a estudiar todo el tema de la trata y “ver qué lugar teníamos que ocupar en nuestro rol de abogados subvencionados por el Estado y, teniendo en cuenta nuestra obligación de garantizar el acceso a la justicia de todo el mundo, obviamente nosotros siempre hemos defendido a los victimarios, es decir, a los tratantes, porque nuestro rol básico es el de defensa oficial de la persona que no pone un defensor. En realidad, los grandes, los que realmente ganan dinero, nunca son defendidos nuestros; nosotros defendemos el chiquitaje y a la exvíctima que ahora se convirtió en victimaria como modelo para poder salir de su rol de víctima”. En el mismo marco, explicó que “no nos limitábamos al tema de la trata de mujeres, sino a todo lo que es trata. También de la explotación laboral, esa esclavitud que existe en nuestro país, donde un gran camión va a un pueblito de Santiago del Estero, levanta a medio pueblito (…), los aloja en condiciones inhumanas, los tiene sin pagarles y les dan bonos”. Por otro lado, contó que creó mediante una resolución de junio del año 2014 el Programa de Asesoramiento y Patrocinio para las Víctimas del Delito de Trata de Personas. Hacia el final, sostuvo que “la mayoría de los jueces carecen de una verdadera visión de género y no llegan a comprender la magnitud y la gravedad de la esclavitud que padece una mujer y cómo se puede quebrantar a una persona a punto de obligarla a hacer lo que se la obliga a hacer” y concluyó: “Esta lucha tan dura tiene que desmontar redes de corrupción y personas que naturalizan esta conducta”.
Acto seguido, comenzó un panel integrado por Marcelo Colombo, Marcela Rodríguez y Aluminé Moreno. Tras ser presentado por Diana Maffía, tomó la palabra Marcelo Colombo, quien se enfocó en la experiencia vivida en el juicio que sucedió en noviembre del año pasado en Ushuaia y que tuvo como una de sus víctimas a Alika Kinán, quien cuestionó fuertemente al estado argentino porque no le daba todo lo que las leyes decían que le tenía que dar. En este marco, se refirió brevemente a lo que se realiza desde la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) para enmarcar cuál fue su participación en el juicio: “Venimos trabajando hace tiempo en una unidad que coordina con otros fiscales federales de todo el país los mejores abordajes que se nos ocurren con relación a detectar, investigar, sancionar casos de trata de personas”. Sobre el caso en cuestión, puntualizó que cumplía con todos aquellos presupuestos estructurales que PROTEX tiene en cuenta para participar en un supuesto de trata. “Era un caso en el que había funcionado un prostíbulo muy notorio en Ushuaia compuesto por una red de personas, es decir, no era una explotación sexual aislada sino que era una explotación sexual de siete mujeres en el contexto de una red. Esta red tenía, sin duda, protección política, judicial y de funcionarios públicos”, subrayó.
A su turno, Marcela Rodríguez remarcó que para pensar cualquier estrategia jurídica es esencial escuchar las voces de las mujeres, en este caso, las voces de las sobrevivientes o víctimas, sus relatos, sus experiencias de vida y que una no puede pensar una estrategia jurídica en abstracto sino que es al revés, “a partir de esas experiencias de vida, que en este caso nos fueron llegando en distintos momentos, poder diseñar y llevar adelante dicha estrategia”. En relación con la responsabilidad del estado, explicó que “estas voces de las mujeres nos van a permitir saber qué doctrina de responsabilidad del estado atribuir siguiendo para eso los lineamientos de lo que ha sido la evolución de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Relató que “una de las particularidades que tuvo el caso de Alika es que desde la defensoría nosotras empezamos a patrocinarla cuando el caso había sido ya iniciado por un abogado particular (…). Faltaba el debate oral pero las pruebas habían sido ofrecidas y la demanda civil también, en unos términos que no necesariamente compartían este enfoque de escuchar a la víctima. En ese sentido, estábamos más restringidas”. Finalmente, Aluminé Moreno se centró en intervenciones preventivas del Estado que no necesariamente interviene cuando se ha producido el delito sino en relación con la promoción y el ejercicio de los derechos de las personas que están en prostitución. Compartió, luego, la experiencia de desarrollo de un proyecto legislativo que tuvo lugar entre 2010 y 2011. “En ese momento, Diana Maffía era legisladora en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y fue presidenta de la comisión ‘mujer, infancia, adolescencia y juventud’, y desde ese lugar institucional nos pareció interesante pensar un proyecto de ley que promoviera los derechos humanos de las personas en prostitución. Esta idea se pudo plasmar porque hubo una coyuntura favorable”. En cuanto a los elementos más importantes de esa coyuntura, indicó que se encuentran trabajar en el equipo de una legisladora feminista que “nos dio amplia libertad de trabajo y que tenía una trayectoria en el tema y una experiencia de trabajo desde el Estado”.