Entrevista al Dr. Carlos María Cárcova
Hace escaso tiempo se ha producido el cambio de autoridades del Instituto de Investigaciones Ambrosio Luis Gioja de esta Facultad. El nuevo titular de esta dependencia es el Dr. Cárcova, a quien entrevistamos en esta oportunidad.
Carlos María Cárcova es Abogado y Doctor en Derecho, habiendo recibido ambos títulos por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es Profesor Titular Ordinario de Filosofía del Derecho en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) y Profesor Titular Ordinario de Teoría General del Derecho en la Facultad de Derecho (UBA), ejerciendo asimismo la docencia de grado y de posgrado en Universidades Nacionales (UBA/UNR/UNL) y extranjeras (España/Brasil). Autor de numerosas publicaciones, entre las que se cuentan “La idea de la Ideología en la Teoría Pura del Derecho”, “Materiales para una Teoría Crítica del Derecho” (en coautoría), “Teorías Jurídicas Alternativas”, “Derecho y Transición Democrática” (coautor y editor), “Derecho, Política y Magistratura”, “La Opacidad del Derecho” y “Al Filo de la Democracia” (coautor y editor), actualmente en prensa, así como de numerosos ensayos y artículos en revistas especializadas nacionales y extranjeras (España, Italia, México, Perú, Colombia, Brasil). Investigador Clase I de la Universidad de Buenos Aires. Ha dirigido el Dpto. de Carrera Docente de la Facultad de Derecho (UBA) desde 1994 a 1999.
Se desempeña como Secretario - Consejero del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Quiero preguntarle, en primer lugar, acerca de sus expectativas al asumir el cargo de Director del Instituto de Investigaciones Ambrosio L. Gioja.
No son expectativas personales, mas bien son expectativas institucionales. Me parece que la investigación jurídica y social puede tener un papel importante, debe tenerlo, en el diagnóstico de la situación de crisis tan compleja, tan profunda, tan agónica, que caracteriza la situación de nuestro país en esta hora histórica. A diferencia de otros momentos, esta parece ser una crisis, no sólo de una insidiosidad casi inédita, sino también una crisis que abarca absolutamente todos los niveles de la vida social, una crisis que tiene dimensiones éticas, pero también dimensiones institucionales y políticas, económicas, societales, culturales. No quiero abundar en adjetivos, pero realmente parece ser que todos los ámbitos de intercambios y de interacción humana están afectados por el signo de la crisis, y, siendo ello así, quienes, de alguna manera, hemos dedicado buena parte de nuestra vida al estudio del modo en que los seres humanos pueden vivir civilizadamente en sociedad a través de pautar sus conductas sobre la base de normas, generadas por mecanismos de participación democrática y legitimidad popular, deberíamos hacer al menos un esfuerzo de diagnóstico. Porque, si tuviéramos alguna posibilidad de comprender qué razones han generado estas situaciones, qué causas nos han sobredeterminado para encontrarnos enfrentando este estado de cosas, esto sería el primer paso ineludible, imprescindible, para comenzar a pensar en estrategias de superación. Sin diagnóstico, no hay posibilidad de políticas alternativas. En los intersticios de todos estos problemas, estamos los hombres de Derecho, los que nos dedicamos a la investigación social, y me parece que el Instituto puede cumplir un papel fundamental. Debe formularse una pregunta crucial:¿qué significa en la Argentina de hoy ser un investigador jurídico, y cuáles son sus responsabilidades, sus obligaciones?. Mi expectativa es poner en debate, entre todos mis colegas, estas problemáticas y tratar de que ellas se introduzcan como un dato pertinente y también ineludible, en el trabajo que cada investigador lleva adelante. Claro, esto último en la medida, también, en que cada uno lo desee y lo estime conveniente.
Con referencia a sus afirmaciones precedentes, ¿Cuál es el signo que tiene la investigación en el ámbito universitario, particularmente en la Facultad de Derecho, y qué cree que puede aportar a la sociedad?
Me parece que una de la cosas que tenemos que tratar de entender es la vinculación fatal, ineludible, que el Derecho tiene con la política, entendiendo la política como selección de finalidades sociales, decisiones de una sociedad que implican dirigirse hacia tal o cual lugar, obtener ésta o aquélla otra meta. No me refiero a la política como forma bastarda del clientelismo, de la demagogia o de la actividad meramente partidaria. Porque, una parte, una dimensión de los estudios jurídicos puede verse como técnica, objetiva, etc., pero otra parte hace a decisiones políticas, que mas bien parecen orientadas por valores, por selección de finalidades, o muchas veces por horizontes de naturaleza ideológica. Ahora bien, lo que creo que hay que comprender claramente es que no hay decisión ideológica o decisión política que no se operacionalice a través de lo jurídico. De modo que toda decisión política, demanda de una prestación del subsistema del Derecho que la transforma en institución o en norma. Y es en esta compleja relación entre la politicidad y la juridicidad donde el aporte que los hombres de Derecho podemos hacer a la vida social y a la vida política del país, ofreciendo lo que tengamos de talento e inteligencia para mejorar instituciones y prácticas. Por ejemplo, prácticas legislativas que son, en nuestro país, notoriamente deficitarias. No sólo deficitarias por la mala factura que, en general, uno observa en las normas de todo nivel, en las normas de naturaleza constitucional, pero mucho más en las normas de naturaleza legislativa, y ya a nivel, digamos, sinfónico, en las normas reglamentarias; deberíamos hacer un esfuerzo por mejorar los niveles de técnica legislativa y por construir legalidades que sean más transparentes, menos opacas para los súbditos, para los hombres que deben de obedecer la norma y deben de ajustar su conducta a esas normas. Creo que es una tarea pendiente. Se legisla muy mal, entonces, se re-legisla y finalmente los jueces tienen que hacer interpretaciones que ya no suponen adecuar disposiciones generales a situaciones relativamente particulares, sino, en realidad, legislar de nuevo para enmendar errores, rellenar lagunas o derogar ristras de decretos, decretos leyes o leyes, por su manifiesta inconstitucionalidad. Valga como ejemplo próximo el del corralito y sus secuelas. Entonces, por una parte, cuestiones de técnica legislativa. Por otra parte, una tarea orientada a tornar realizativos los principios garantistas de nuestras constituciones, porque han sido, desde hace doscientos o trescientos años, en general programas políticos que se cumplen solo parcialmente. Por eso los juristas, cada tanto discuten si se trata de normas operativas o meras declaraciones las que están incluidas en las partes dogmáticas de las constituciones. En realidad, esto es una falacia, no hay declaraciones, se trata de promesas válidas del ordenamiento que deben transformarse en norma operativa. Si no está la ley que reglamente el principio involucrado en tales declaraciones, debe ser el juez el que lo torne operativo a través de su sentencia. Qué es lo que quiero decir con todo esto: que los juristas también tenemos un papel importante en cuestiones que no hacen sólo al método, a la técnica, sino también a las finalidades, al sentido con que las instituciones se fenomenalizan, se materializan en el mundo de la vida, y al modo en que ellas pueden transformarse históricamente a partir de calificar y aprender de la experiencia y el progreso de las sociedades. De modo que antes nos contentábamos con tener una democracia que implicara votar cada cuatro o seis años; ahora sabemos que con este tipo de democracia no alcanza, que necesitamos ampliar las bases de sustentación de la institucionalidad democrática, haciéndola más recurrente, más cotidiana, más participativa. En este punto, me parece que también la investigación jurídica y social puede y debe cumplir un rol de importancia y de jerarquía y proyectarse a la vida social. Quiero decir, vincularse, articularse a las demandas del subsistema político, del subsistema económico. También la economía necesita del Derecho, porque no hay ninguna decisión que tomen los economistas que no implique el dictado de un decreto o el dictado de una ley, o sus respectivas derogaciones (v.g. la legislación de subversión económica). De modo que todos los subsistemas sociales están interconectados y el subsistema del Derecho, prácticamente, produce prestaciones en relación con casi todos los otros subsistemas.
¿Qué canales contempla para poder establecer una relación fluida y recíproca con otras instituciones académicas?
Me parece que actualmente no se puede sólo trabajar desde la perspectiva de una ciencia en particular, sin tener al mismo tiempo una visión transdisciplinaria. Hoy en día, un jurista no puede trabajar en el pequeño campo de su saber disciplinario si no piensa en términos también de naturaleza antropológica, sociológica, económica, política. De modo que nuestras investigaciones serán útiles y pertinentes si logramos encontrar niveles de intercepción multidisciplinarios. Estos niveles, en parte, se consiguen en la propia Facultad de Derecho, porque encontramos, por una parte juristas dogmáticos, especializados en distintas ramas particulares del saber práctico, juristas que se dedican al Derecho Penal o al Derecho Civil, pero también juristas que se dedican a la Teoría Jurídica, la Ius filosofía o la Sociología Jurídica o la Economía Política. De modo que ya entre nosotros mismos existe un cierto grado de interdisciplinariedad. Pero me parece que hay que alimentarlo positivamente, vinculándonos con otras Facultades de la Universidad, convocando a sus figuras más prestigiosas, abriendo espacios comunes para la reflexión. Creo sería bueno que nos articuláramos con antropólogos, sociólogos y filósofos, con aquellos cientistas sociales que miran desde un saber que está próximo al nuestro, pero que tiene otras metodologías, otras perspectivas y puntos de vista, que observan el comportamiento social desde una mirada más empírica que la nuestra, que se asienta en las normas, los códigos y las leyes. Creo que está claro, aún para los juristas formalistas más recalcitrantes, que no se puede seguir estudiando la realidad solamente a partir de las normas y que hay que buscar otras conexiones, enlaces y articulaciones que enriquezcan la perspectiva de análisis. De todas maneras, lograr esto, más allá de los buenos deseos y de las palabras, no es sencillo. Existe, en todas las Facultades, una fuerte tendencia al enclaustramiento y un cierto temor por “vigilar” los límites de la disciplina y no trascenderlo. Pienso que los más lúcidos sustentan una actitud metodológica y epistemológica diferente, pero todavía hay que vencer muchos prejuicios y algunas contumacias a este respecto. Por lo menos, yo me propongo, en la medida de mis posibilidades y en la medida en que encuentre acompañamiento en la vocación de mis colegas investigadores, tratar de producir este encuentro con otras miradas y con otras perspectivas.
¿Puede referirse a la relación entre la investigación y la enseñanza del Derecho?
Esta es una pregunta que comporta cierta complejidad. Uno podría decir, intentando una respuesta fácil, que no se puede ser un buen docente sin un reciclamiento permanente de los conocimientos que se manejan, en un mundo donde predomina una fuerte tendencia a que tales conocimientos se amorticen de manera vertiginosa, es decir, pierdan eficacia y pertinencia con mucha velocidad. Y que, por lo tanto, todo docente que bien se precie, debería ser al mismo tiempo un investigador. Porque el investigador, se supone, está asomado a la avanzada de la disciplina que constituye su objeto. Pero la verdad de las cosas es que algunos investigadores hacen una tarea rutinaria y repiten sus fórmulas desde hace treinta o cuarenta años, y en cambio hay algunos docentes que, sin necesidad de ser investigadores, son gente que lee mucho, es culta, preparada, es inquieta, etc. De modo que no debemos entusiasmarnos con recetas “ad hoc”. No siempre la vocación docente está asociada a la vocación investigativa. Hay gente a la que le gusta ejercer la docencia y que enseña maravillosamente bien y que sería pésima en la labor de investigación; y lo más común es lo contrario, encontramos excelentes investigadores que son muy malos comunicadores, no tienen la magia que todo docente debe tener, aquella que permite de algún modo “seducir” al auditorio, para que el grupo interactúe de manera proficua. En realidad, debe alentarse a la gente a realizar lo que mejor sabe hacer, sin violentarla. Ahora bien, un investigador no es tal sin socializar su conocimiento y distribuirlo, a través de sus libros e informes, o de la docencia o la comunicación a sus colegas -ya que su tarea no puede ser solipsística, o cerrada en sí misma o inefable. Desde este punto de vista es bueno que el investigador tenga contacto institucional con otros investigadores, con discípulos, con doctorandos, y si es posible con alumnos también. A la inversa, el docente debe tener en cuenta la necesidad de actualizar sus conocimientos de manera permanente. Pero creo que hay que lograr estos objetivos en un clima de libertad y de responsabilidad basado, más que en la dirección autoritativa, en la inducción amistosa.
¿Qué podría decirle a los estudiantes de esta Facultad respecto a la vocación por investigar?
Es interesante que me deje decir algunas cosas a este respecto, para culminar la entrevista. Hace unos cuantos años me invitaron los colegas que dirigían el seminario de becarios del Instituto, a dar unas clases sobre Epistemología de las Ciencias Sociales. Allí me encontré, con sorpresa, con alrededor de treinta o cuarenta becarios trabajando. Cuando llegué para hacerme cargo de la dirección, me encuentro con que el número de becarios actuales es considerablemente más reducido. ¿Esto a qué se debe? Por un lado, a que hemos sido exitosos, ya que buena parte de aquellos becarios, se han recibido y han seguido su carrera, se han especializado, y están ahora siguiendo sus estudios de doctorado o posdoctorado en universidades extranjeras. Por otra parte, tenemos menos becarios porque hay menor disponibilidad de recursos, pero asimismo, porque los impulsos iniciales, asociados con el entusiasmo con que se condujeron las actividades universitarias en el periodo de la reconducción democrática en el país, convocaron a mucha gente. Ha pasado el tiempo, ese impulso se fue burocratizando y hoy necesitamos volver a convocar a los más estudiosos, a los mejores, a los más inquietos, etc., para que se acerquen a la investigación y para que sigan una carrera que no los excluye de la actividad profesional, si ese es el destino que van a escoger más tarde, pero que sin duda los va a preparar mejor. Al mismo tiempo, la crisis económica en la que estamos entrampados, hace que a mucha gente le resulte cada vez más difícil, que carezca de recursos, de trabajo. ¿Cómo reclamar el esfuerzo de destacarse intelectualmente, en un país que no premia este tipo de elecciones? Que remunera mejor al chimentero que al estudioso. Como quiera que sea, hay personas que no tienen condiciones suficientes para el chimenterío, pero en cambio tienen condiciones intelectuales para un calificado desarrollo personal, espiritual y humano; esta gente, sea poca o mucha, debe saber que las puertas de este Instituto están abiertas para acoger sus inquietudes. Existen muchos profesores con vocación que dedican gran parte de su tiempo a la enseñanza, a la investigación, a la formación de cuadros y de becarios: a pesar de carecer de medios y de percibir sueldos magros esa tarea, entre otros lugares de esta Facultad, se cumple con mucha seriedad en el ámbito de nuestro Instituto Gioja.