El uso de redes sociales en la administración de justicia: desafíos y oportunidades
El uso de redes sociales en la administración de justicia: desafíos y oportunidades
El 15 de julio comenzó el ciclo de seminarios web del Plan de Justicia Abierta, organizado conjuntamente por el Consejo de la Magistratura de la CABA y el Programa "Cuestiones de Estado".
Participaron Carlos Mas Velez, coordinador del Programa "Cuestiones de Estado", Facultad de Derecho (UBA); Mariana Llanos, investigadora del Instituto de Estudios Latinoamericanos del GIGA Institute de Hamburgo (Alemania); Cordula Tibi Weber, investigadora del Instituto de Estudios Latinoamericanos del GIGA Institute de Hamburgo (Alemania); María Julia Kenny, directora de Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Argentina); Agustin Hankovitz, presidente de la Cámara en lo Civil y Comercial de La Plata (Argentina); Inés Selvood, coordinadora de la Red Internacional de Justicia Abierta (RIJA) e integrante del equipo de Justicia Abierta del Consejo de la Magistratura de la CABA; y Gonzalo Rua, juez penal de la Ciudad de Buenos Aires y consejero de la Magistratura de la CABA (Argentina). Moderó Álvaro Herrero, Consejo de la Magistratura de la CABA.
A modo de introducción, Carlos Mas Velez expresó que el objetivo del encuentro era “intercambiar ideas sobre los desafíos y oportunidades que supone la utilización de las redes sociales al pensar un Poder Judicial más abierto y más comunicado con el ciudadano e incorporarlo a los pilares de la transparencia, la participación y la rendición de cuentas”. Por su parte, Álvaro Herrero señaló que “el uso de las redes sociales en la administración de justicia es una realidad y tanto en Argentina como en la región vemos que hay un uso cada vez mayor de estas redes con un potencial muy grande y con algunas polémicas y desafíos para pensar”. Y explicó: “Este webinario lo pensamos en el marco del Plan de Justicia Abierta porque la justicia abierta propone un vínculo más estrecho con la ciudadanía, un funcionamiento de la administración de justicia abierto, transparente y democrático y para eso es muy importante todo lo que tenga que ver con la comunicación a la ciudadanía, con la participación y con la rendición de cuentas”.
Luego comenzaron las exposiciones de los/as panelistas invitados/as. En este marco, Mariana Llanos y Cordula Tibi Weber disertaron en torno a su trabajo Cortes superiores y redes sociales en América Latina. “Tenemos un proyecto sobre las cortes superiores de América Latina y las innovaciones institucionales que están llevando a cabo para mejorar su relación con el público en general y así fue como nos cruzamos con el tema de las redes sociales. Decidimos meternos más en profundidad en entender qué es lo que pasaba”, introdujo Mariana Llanos. Asimismo, planteó que no hay mucha literatura en torno a esta temática, pero sí hay cuestiones vinculadas con las cortes y los medios de comunicación que pueden servir como trasfondo para comprender el tema. Por ejemplo, se observa que las cortes están buscando cierta forma de generar, mantener o mejorar los niveles de legitimidad y confianza en la población. “Es lo que tradicionalmente en Ciencia Política se llama ‘crear apoyo difuso’ y puede resultar bien o resultar mal. No es que, automáticamente, dando publicidad a todas las acciones que las cortes realizan se va a generar mayor legitimidad. En algunos puede suceder y en otros no (...). Sin embargo, es un movimiento que está teniendo lugar y el objetivo de crear apoyo difuso está ahí presente”, desarrolló y agregó que “también está el objetivo de crear respaldo estratégico en algunos casos”. En este marco, explicó que el intento de obtener respaldo estratégico se vincula con la independencia del poder judicial: “A veces las cortes necesitan acrecentar o incentivar su apoyo en la población para contrarrestar decisiones de los otros poderes”.
Por otro lado, puntualizó que para estudiar esta temática seleccionaron un año en particular, el año 2019, y tres redes sociales, que son las más utilizadas en América Latina: Twitter, Facebook y YouTube. Y se analizó “si realmente las cortes superiores de la región, y nos referimos a 17 cortes de 17 países, estaban haciendo uso de esas redes, cómo lo hacían, con qué intensidad y con qué propósito”.
A su turno, Cordula Tibi Weber se refirió a lo que investigaron en relación con cómo y por qué las cortes superiores usan Twitter para entender mejor las motivaciones detrás del uso de las redes sociales. En este sentido, señaló que hay tres posibles motivaciones para el uso de las redes sociales por parte de las cortes.
“La primera es que podrían querer difundir información sobre el trabajo que hacen entonces quieren ser transparentes. Lo llamamos el propósito informativo. La segunda es que quieren educar al público sobre sus derechos y sobre cómo reclamarlos y lo llamamos el propósito educativo. La tercera motivación es que quieran generar apoyo estratégico cuando el poder de la corte es objetado por los poderes electos. Lo llamamos el propósito de autopromoción”, especificó y expuso: “Basadas en eso tenemos dos expectativas: la primera es que los tribunales que enfrentan una baja legitimidad institucional o que se enfrentan a ataques de los poderes electos estarán más inclinadas a las publicaciones de autopromoción. La segunda es que los tribunales menos preocupados por su legitimidad o que no experimentan ataque mayor que los poderes electos priorizarán los contenidos de carácter informativo o educativo”.
A continuación, Agustin Hankovitz se enfocó en el por qué, el para qué y el cómo de la utilización de las redes sociales dentro del Poder Judicial. “El por qué es fundamentalmente lograr confianza pública en el funcionamiento del Poder Judicial lo cual aumenta, o debería aumentar, la credibilidad institucional en el sistema monopólico de administración de justicia o resolución de conflictos”, detalló y agregó que también tiene que ver con el acceso a la justicia. “Durante la época de pandemia hemos realizado un sinnúmero de actuaciones judiciales a través de las redes como pueden ser Zoom, Meet, o incluso las videollamadas de WhatsApp, las cuales nos permitieron conectarnos con los distintos justiciables que se encontraban en distintos lugares y que por la imposibilidad de trasladarse pudimos materializar este tipo de audiencia”, describió. En esta línea, subrayó: “Toda la información judicial es y debe ser pública y esto tiene que ver con la publicidad de los actos de gobierno en términos de política pública”.
En cuanto al para qué, determinó: “Es qué comunico y cuánto comunico o cuánto quiere estar sometida al escrutinio público y a la participación social de verificación de cómo se lleva adelante la actividad judicial. Acá podemos informar aspectos organizativos y administrativos, y esto tiene que ver con la prestación del servicio”.
También se refirió al debate sobre si la información judicial “tiene que estar concentrada o monopolizada por los superiores tribunales o si cada uno de los órganos que integramos esta red de servicios de administración de justicia también podemos y debemos utilizar estas redes sociales para explicitar los aspectos organizativos y administrativos como también los criterios en los cuales se basan nuestras decisiones y resoluciones”.
Más adelante, María Julia Kenny expresó que “el ámbito de la administración de justicia que es absolutamente reglado y el campo de la comunicación son dos mundos que chocan a veces y cuesta compatibilizar. Por eso, al principio cuando los funcionarios, los magistrados y magistradas empezaron a incursionar en las redes había mucha desconfianza”. Y comentó que “hoy hay magistrados que solamente se manifiestan por sus sentencias y también tenemos jueces que atienden por tuit. Tenemos en ese amplio espectro un montón de situaciones para analizar”. Luego compartió su experiencia de gestión en el Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF), principalmente en el uso de las redes sociales. “Más allá de las motivaciones que se mencionaron anteriormente, como las educativas, informativas y de autopromoción que, por supuesto, están presentes, una de las motivaciones que también nos llevan a estar muy presentes en redes es que vamos atrás de las audiencias: hoy en día las audiencias están en el celular y en las redes sociales. Y por acceso a la justicia, por transparencia de gestión y para poder llegar a comunicar las decisiones judiciales tenemos que ir a donde están las audiencias”, expuso.
Además explicó que el consumo en las redes es incidental, ya que es rápido, breve e interrumpido y remarcó que “todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de emitir y producir contenidos que quieren ser atendidos”. Y compartió: “Desde el MPF tenemos un portal de noticias que es fiscales.gob.ar que funciona como la agencia oficial de noticias del MPF. Entonces, como productores de noticias ya sabemos que hoy en día casi nadie va a buscar las noticias a la web, sino que nos informamos a través de las redes sociales”.
En relación con las redes que utiliza el MPF, especificó que se utiliza Facebook, Twitter, Instagram y YouTube y próximamente se realizaran podcasts. “Instagram cuando yo ingresé en noviembre de 2018 tenía pocos seguidores y le generamos crecimiento. Hoy en día tenemos mucho público ahí (...). En Twitter lo que más plasmamos son las noticias que publicamos en fiscales.gob.ar”, contó.
Seguidamente, Inés Selvood indicó que “el desarrollo de las nuevas tecnologías abrió una oportunidad de interacción entre la ciudadanía y los diferentes operadores judiciales y que esto trae desafíos, pero también oportunidades en cuanto a la promoción de políticas de justicia abierta, de iniciativas de participación, de transparencia y de acceso a la información pública” y destacó que “uno de los principales beneficios es que se corre el velo de oscurantismo que tiene la Justicia en la percepción de la sociedad”. También, desarrolló que “muchas iniciativas que empezaron como actividades de difusión se animaron a sacarle más provecho a la red. Se muestran las caras de quienes trabajan, se hacen públicos los informes de gestión, se dan otros datos de contacto, no solamente la mesa de entradas física. Se brinda un servicio no solo a la ciudadanía, sino también al público cautivo: los abogados y las abogadas de la matrícula para comentarles las novedades y mantenerlos actualizados y para hacer tutoriales sobre determinados procesos o procedimientos nuevos”.
Hacia el final, reflexionó: “Creo que de acá a un tiempo va a ser un tema de discusión la libertad de expresión de los magistrados y las magistradas y la comunicación institucional. Se plantean diferentes preguntas respecto a la coherencia de la imagen institucional, el uso de los logos, la publicidad de las sentencias y otras cuestiones que me parece que son bienvenidas y que aportan un montón para la discusión al interior de los poderes judiciales. Lo que está claro es que el paradigma ya cambió”.
Por último, Gonzalo Rua puntualizó que “en las grandes urbes actuales y en la cantidad de información que hay en las sociedades se debe tratar de llegar a que la visión micro de la audiencia, el caso individual, y la visión macro de cuál es la respuesta que da el poder judicial, llegue a la ciudadanía. Entonces, en este punto diría que las redes sociales nos generan un desafío: una nueva oportunidad que no debemos desperdiciar de establecer un nuevo vínculo de comunicación con la ciudadanía”. Y analizó: “Digo ‘no desperdiciar’ porque lo que hacemos nosotros en las redes sociales cuando alguien que seguimos no nos da información de calidad es dejar de seguirlo y esto es exactamente igual: es un gran desafío porque, por un lado, los poderes judiciales en líneas generales se mostraron siempre reticentes a ingresar a medios de comunicaciones a rendir cuentas y, por otro lado, no tenemos experiencia. Entonces hay que tener cuidado con la utilización”.
Asimismo, sostuvo: “También es un enorme desafío porque tenemos una deuda pendiente. El sistema judicial tiene una baja tasa de credibilidad. Cada evaluación que se hizo en toda América Latina la credibilidad de la Justicia es de la más baja”. Y reconoció: “Creo que esto existe en parte porque no sabemos darnos a entender. Seguimos –a pesar de que entramos en sistemas orales– trabajando con un lenguaje encriptado, con decisiones que no las podemos contar y relatar en pocos párrafos y esto es algo cultural”.
En esta línea argumental, observó: “Siempre nos falta el plus que nos pueden dar las redes sociales. Hemos observado en América Latina que por más resultados que demos si no construimos credibilidad no vamos a tener nunca una decisión legitimada y la credibilidad se construye con la ciudadanía y con la gente”. Como ejemplo de esto, expuso: “El juicio por jurados es una experiencia muy clara de por qué hay que caminar por las redes; nos mostró con investigaciones en Neuquén y en Buenos Aires, a través del apoyo de la Embajada británica, que cuando la gente se acerca al Poder Judicial y participa en la decisión del Poder Judicial la visión que tiene del Poder Judicial cambia drásticamente”. Y concluyó: “Las redes sociales sí son un camino, pero no son la respuesta si no tenemos visión clara y estrategia de qué comunicar y cómo comunicar”.