El rol de la defensa pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

• Notas

El pasado 4 de octubre, en el Aula 1 de Extensión Universitaria, tuvo lugar el encuentro “El rol de la defensa pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Voces protagonistas”, organizado en conjunto por el Seminario Permanente de Estudio sobre el Cumplimiento de los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia penal y procesal penal, en las decisiones de los tribunales nacionales y la cátedra Luis Fernando Niño. La presentación de la actividad estuvo a cargo de Luis Fernando Niño. En este marco, participaron en calidad de expositores/as: Silvia Martínez (defensora pública interamericana) y Mariano Patricio Maciel (defensor público interamericano).

Para comenzar, Luis Fernando Niño agradeció a los/as presentes y a los/as expositores/as. Por consiguiente, Mariano Patricio Maciel tomó como punto de partida un análisis histórico relativo al surgimiento de la figura del defensor: “En un primer momento, las presuntas víctimas no eran parte del proceso. La víctima era dejada a un lado ya que se entendía que el litigio era entre estados. Se da un segundo reglamento en el cual la Comisión consideraba que podían obrar como delegadas de la misma, pero sólo tenían presencia, no participación. En una segunda etapa con el reglamento 1997 de la Corte se permite que las víctimas tengan intervención solamente en la etapa de reparación. Luego, con el reglamento del año 2001 se reconoce a las víctimas ya como parte del proceso directamente. Finalmente, con la reforma del año 2009 la víctima pasa a tener un rol central. Al cambiar el rol de la víctima surge la figura del defensor interamericano”. Seguidamente, describió la labor de los/as defensores/as: “Para nosotros es importante poder difundir lo que es el trabajo del oficial público interamericano. Una de las tareas fundamentales que tenemos, más allá de intervenir en los casos designados, es promover y difundir lo que vamos obteniendo como resultado de nuestro trabajo, de fallos de Corte Interamericana y pronunciamientos de la Comisión”. En último término, agregó que “se efectuaron estudios respecto de los costos que tienen las víctimas para actuar ante la Corte y se determinó que tenía una demora promedio de nueve años y medio y un costo promedio de 54 mil dólares”.

Acto seguido, Silvia Martínez analizó el proceso de representación de las víctimas: “Conforme a lo mencionado anteriormente, las víctimas tienen que tener una representación. Ahora cómo hacemos esto si el estado tiene seis o siete representantes y del otro lado está la víctima con uno o dos. Necesitamos un refuerzo para las víctimas que están sentadas enfrente de un estado poderoso. En virtud de esto hubo distintos modelos para estos refuerzos como el de la Corte Penal Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero ninguno aseguraba representación legal a las víctimas. Frente a este panorama, la Corte hace aparecer la figura del defensor”. Seguidamente, examinó el Convenio firmado entre la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) y la Comisión: “Con el acuerdo de entendimiento que firmó la AIDEF con la Corte Interamericana se estableció que se iba a designar un defensor público interamericano para aquellas personas que lleguen a la Corte sin una representación legal. Al empezar a actuar, nos dimos cuenta de que era mejor intervenir desde la etapa de la Comisión para poder incidir en el informe de fondo y la plataforma fáctica. En consecuencia, cuatro años después se firma el Convenio entre la AIDEF y la Comisión”. En lo que respecta a la conformación de la defensoría, sostuvo: “Cada estado que forma parte de la AIDEF tiene una doble representación: una representación institucional con las defensorías generales y una representación asociativa con las asociaciones de defensores públicos. En razón de esto cada miembro tiene derecho a proponer un candidato para defensor público interamericano”. Y añadió que “hay países que no tienen defensor público interamericano ya sea porque o bien no integran la AIDEF o porque integran, pero eligen no proponer porque hacerlo implica asumir una serie de compromisos”. Para finalizar, señaló los requisitos para ser defensor/a: “Hay condiciones objetivas que son ser defensor público en actividad, contar con cinco años de experiencia, formación acreditada en materia de derechos humanos e idealmente poseer experiencia en litigio en grupos vulnerables. Existen además condiciones deseables como manejo de idiomas, experiencia en uso de medios electrónicos, capacitación particular en algún área de derechos humanos, entre otras”.