El ejercicio de los derechos sexuales y/o reproductivos de las personas con discapacidad. Tecnologías de reproducción asistida y perspectiva de género
El ejercicio de los derechos sexuales y/o reproductivos de las personas con discapacidad. Tecnologías de reproducción asistida y perspectiva de género
Con la organización de la Secretaría de Investigación, el pasado 18 de abril tuvo lugar la jornada "El ejercicio de los derechos sexuales y/o reproductivos de las personas con discapacidad. Tecnologías de reproducción asistida y perspectiva de género".
La presentación del encuentro estuvo en manos de Alicia Curiel (profesora regular adjunta de Derechos Humanos y Garantías y directora del Proyecto de Investigación organizador del seminario). La moderación estuvo a cargo de Luciano Varela.
Tras las palabras de Alicia Curiel, comenzó su exposición Juan Antonio Seda. “El ejercicio de la sexualidad, en este caso, yo lo asocio con la maternidad en el caso de la discapacidad mental, intelectual, no porque sea que no haya posibilidad de desmembración, al contrario, creo que sí. Creo que si pueden separarse, deben separarse. Pero no es sencillo y sobre todo, no es sencillo desmembrar el ejercicio de los derechos, de los apoyos que brindan las familias”.
Con respecto a esta idea, manifestó que “estamos aquí ante una situación en la cual el Estado no puede prescindir de la familia. El Estado no alcanza, no alcanzan las leyes nacionales y las recomendaciones internacionales. Son elementos valiosos, sugerencias interesantes, pero nada de lo que puedan ser, de lo que se pueda avanzar en esto, va a ser por documentos internacionales y por norma, ni por insistencia en normas, sino por un trabajo a largo plazo, de mucho consenso y mucho diálogo, con las familias de las personas con discapacidad intelectual”.
Seguidamente, se refirió a las personas con discapacidad intelectual. “Implica una carencia de funcionalidad en cuanto a determinadas habilidades sociales. No voy a dar la definición porque hay varias, pero básicamente la discapacidad intelectual existe y los apoyos que se necesitan surgen justamente porque no deberíamos banalizar ni relativizar las dificultades individuales que tienen las personas con discapacidad intelectual”, expresó.
Asimismo, recordó cómo surgió su interés en el tema mientras desarrollaba el trabajo de campo de su tesis de grado de la carrera de Antropología Social de la UBA que concluyó en la publicación del libro Discapacidad intelectual y reclusión, una mirada antropológica sobre la colonia Montes de Oca. “Mi trabajo de investigación estaba focalizado en un pabellón de varones, sin embargo, en tres años que duró mi trabajo de campo, me tomé mi tiempo. Iba semanalmente, conversaba y observaba, tomaba notas. En una de esas charlas, conversando con un grupo de mujeres internadas en ese lugar me dijeron y no una, sino más de una, me hablaban de sus hijos y yo les preguntaba dónde estaban”, planteó y añadió que “después lo pude evaluar y confirmar a través de la jurisprudencia que empecé a recopilar durante estos años, muchos casos de mujeres con discapacidad intelectual que tienen hijos y que en muchos casos eran dados, eran porque creo que ha cambiado un poco por lo menos la modalidad, son dados en muchos casos en adopción”.
En esa misma línea argumental, se preguntó si el ejercicio de la sexualidad tiene que estar asociado al embarazo y el nacimiento de un hijo/a. “Ahí estamos ante un problema y yo creo que ese es el gran desafío de este proyecto de investigación. Cómo desarrollar alternativas para que legalmente puedan existir sistemas de control de la natalidad, control no solamente de la natalidad, sino control de cuidado y prevención de enfermedades de transmisión sexual y sobre todo también para que las relaciones sean consentidas”, enfatizó. “Cómo compatibilizarlo con lo que plantea el artículo 23 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es compatibilizar el proyecto de vida, la planificación familiar, la idea de desear y poder tener hijos en la medida que uno pueda desarrollar esos cuidados. Cómo compatibilizarlo con las posibilidades fácticas de cada persona, por supuesto, que no es sencillo”, expresó.
Acto seguido, retomó el artículo 403 del Código Civil y Comercial argentino para aludir a la dispensa judicial. “Lo resuelve relativamente bien porque es un impedimento la falta de salud mental para poder casarse, pero el artículo 405 brinda la solución. En los casos de ese impedimento, el juez podrá convocar, se podrá hacer un pequeño procedimiento muy sumario, con un dictamen interdisciplinario en el cual se va a analizar es si los contrayentes tienen comprensión relativa de qué trata el matrimonio”, afirmó.
Por otro lado, aludió al consentimiento informado en términos técnico-jurídicos: “Es la expresión de la voluntad. Se le agregó la palabra informada desde la bioética para decir que cuando una persona presta su consentimiento, antes de prestarlo, hay que explicarle bien de qué trata la situación”. El consentimiento informado implica que la persona tenga voluntad de celebrar un determinado acto a partir de tres elementos: discernimiento, intención y libertad. “El discernimiento es la posibilidad de comprender las consecuencias de un acto antes de comprar algo o vender o casarse o dictar testamento. La persona necesita conocer cuáles son las consecuencias de expresar su consentimiento. Pero para ejercer la voluntad hay que tener discernimiento”, sostuvo.
A modo de conclusión, expresó que “desde hace varios años intento en el campo de la discapacidad producir estudios más sofisticados, que tomen en cuenta herramientas técnicas del derecho, de las ciencias sociales y que no sea necesariamente rehén del discurso, de la militancia de las organizaciones o de los organismos internacionales de Derechos Humanos”. “Hoy hace falta un diálogo entre ese discurso militante y un discurso técnico para encontrar realmente explicaciones que vayan más allá de la simplificación. Creer que hay un complot para que la persona con discapacidad intelectual no pueda ser sujeto de derecho es demasiado sencillo”, subrayó. Y reflexionó: “Pone una consecuencia muy negativa: creer que todo se supera poniendo voluntad política, todo se resuelve con leyes. Y no todo se resuelve con leyes en cuestiones que requieren de apoyo, de salvaguardas, de aprendizajes y también de límites en algunos casos”.
Acto seguido, expusieron Yanina Santangelo, Victoria Mijailoff, Melisa Correa, Silvina Junco y Stefanía Vujovich.