El desarrollo del proceso de justicia transicional en Argentina a 30 años del Juicio a las Juntas
María Belén Gulli, Claudia Bacci, Leonardo Filippini y Mariana Kohan
El 16 de junio en el Salón Verde se realizó la jornada “El desarrollo del proceso de justicia transicional en Argentina a 30 años del Juicio a las Juntas”, organizada por el Proyecto DeCyT 1404 de la Facultad, cuyo objetivo fue convocar a expertos en temas de procesos transicionales hacia sociedades democráticas, para generar un espacio académico de análisis, diálogo e intercambio sobre el proceso de transición jurídico y social de Argentina.
El evento fue coordinado por Mariana Kohan, investigadora DeCyT 1404, quien explicó: “Empezamos con este Proyecto DeCyT porque está la discusión de cómo los estados encaran los procesos transicionales hacia la democracia y nos pareció que en este momento estaba álgida la discusión respecto de los juicios de lesa humanidad en Argentina”. Así, indicó que cada Estado ha respondido distinto. “Nosotros hemos iniciado la búsqueda de la verdad a través de procesos penales y este proyecto tiene que ver con explicar estos procesos desde lo académico”, añadió. Luego, presentó a los expositores.
De esta manera, Leonardo Filippini sostuvo que la experiencia argentina es rica en haber ensayado, a lo largo de los años, muchos de los instrumentos conocidos en esta área. “Hemos tenido juicios penales, amnistías, normas de impunidad, una amplia política reparatoria a través de sucesivas leyes, hay política de memoriales, de archivos, de museos, esta Facultad ha reformado su plan educativo a poco de iniciar el camino democrático”, describió. El orador remarcó que el camino ganado a través de décadas de ejercicio de estas herramientas de las instituciones de la transición “nos pone hoy en un lugar donde me parece innegable la necesidad de reflexionar detenidamente acerca del papel que les cupo a distintos estamentos estatales pero también de la sociedad en su conjunto”. Subrayó que un gobierno dictatorial es un campo fértil para enriquecerse con negocios estatales, “hay ganadores y perdedores cuando se quiebra el estado de derecho”, añadió.
Por su parte, Claudia Bacci indicó que su área de especialización es el trabajo con testimonios, desde una perspectiva de las ciencias sociales. “Surgió un interés por pensar las dimensiones del testimonio en distintos escenarios, no solo los testimonios vertidos en escenarios de construcción de la memoria colectiva sobre ese período, sino también los testimonios en escenarios judiciales”, describió. Así, comenzó a trabajar con el archivo del Juicio a las Juntas. “Es un material muy interesante por muchas razones, a mí me interesa por la intensa producción de testimonios en ese marco y cómo seguimos discutiendo acerca de qué pasaba en el Juicio a las Juntas con los testimonios”. En este marco, declaró que se discute si se hablaba de la militancia, si se denunciaba a los actores civiles, si se hablaba de la violencia sexual. “Se hablaba sobre todo esto. Se hablaba sobre la militancia, sobre los responsables no militares, hay muchas denuncias sobre jueces, fiscales y otras instancias judiciales y se habló sobre violencia sexual y violencia de género”, desarrolló Bacci.
Más tarde, María Belén Gulli hizo alusión a una resolución de la UBA de 2012 ante un pedido para estudiar de condenados y procesados por delitos de lesa humanidad. “Tuvo que reunirse una comisión ad hoc para hacer una interpretación del Estatuto que clausurara la posibilidad de acceder al derecho a la educación de estas personas”, manifestó. “En la investigación nos encontramos con que el programa UBA XXII nació después de la dictadura militar, con principios democráticos en su estatuto y esto fue ratificado por la UBA en el ‘86, y una de las cosas que dice en el art. 1 de esta ratificación es que la educación en contexto de encierro no puede implicar ningún tipo de discriminación”. A raíz de esto, recolectaron testimonios y había posiciones encontradas. “La minoritaria era la que sostenía que sí podían estudiar en la Universidad”, dijo. Hizo referencia al concepto de “monstruo moral” de Foucault, en esta distinción entre un déspota y un criminal. Gulli especificó que un criminal es una persona que decide romper cierto pacto con la sociedad pero se nutre de las mismas normas, mientras que el déspota se maneja con violencia hacia un grupo de personas y parece que no hay norma encima de él. “Foucault lo representa como el enemigo total de la sociedad. Decidimos tomar esta categoría porque consideramos que era la forma en que se podía categorizar socialmente al condenado y al procesado”.