El desafío de controlar al poder en la Argentina
Leandro Despouy, Presidente de la Auditoría General de la Nación, dictó el 25 de octubre pasado la conferencia “El desafío de controlar al poder en la Argentina”. La actividad, desarrollada en el Aula 1 de Extensión Universitaria, fue organizada por el Centro de Graduados de nuestra Facultad y por Ciudadanos Libres porla Calidad Institucional.
En primer término, el expositor admitió la complejidad del tema de su charla dado que resulta una tarea titánica lograr un equilibrio institucional por medio del control recíproco entre los tres poderes. “En esta teoría de la división de poderes, lo que no se dice generalmente es que el Poder Judicial es normalmente el más vulnerable de los tres”, advirtió. El Poder Judicial se encarga nada menos que de juzgar el comportamiento de las relaciones intersubjetivas y es el que tiene capacidad para juzgar al poder. Por ello mismo es a éste a quien se lo intenta seducir o domesticar para que su comportamiento se ajuste a los deseos del resto de los poderes. Aquí radica la relevancia de la independencia judicial, porque una sociedad debe contar con el respaldo de un Poder Judicial que vele por el afianzamiento de la justicia.
En una sociedad moderna con la complejidad que tiene, con la cantidad de recursos que manejan los que gobiernan y con la descentralización de la ejecución presupuestaria que existe, era necesaria la aparición o emergencia de otras entidades intermedias para cumplir funciones de control y resguardo. Así, se refirió ala Auditoría Generaldela Nación-remplazando al viejo Tribunal de Cuentas- que se propuso objetivos más ambiciosos, resumidas en el hecho de asegurar la adopción de decisiones eficaces, económicas y eficientes en materia de gastos e ingresos públicos. “Se ha propagado en el mundo la idea de que todo funcionario así como tiene una responsabilidad política que debe resolver durante cada período electoral, también tiene una responsabilidad profesional y estatal en la medida que maneja recursos del Estado”, señaló. Existe un principio esencial que indica que donde hay fondos públicos debe haber control público. Volvió sobrela Auditoría Generaldela Naciónpara definirla como un órgano de control externo ala Administración PúblicaNacional. Otro de los principios arraigados a nuestra cultura política es que quien gana gobierna y quien pierde controla. Es por esto mismo que la presidencia dela Auditoría Generaldela Naciónpertenece al partido de la oposición con mayor representatividad parlamentaria, en este caso,la Unión CívicaRadical.
Por otro lado, recordó el llamado Consejo parala Consolidacióndela Democraciaimpulsado durante la presidencia de Raúl Alfonsín y que funcionó entre los años 1985 y 1989. Durante la labor de este Consejo quedó patente la importancia del control público, la transparencia y la rendición de cuentas para el fortalecimiento de los cimientos republicanos. Muchos de los aportes de este Consejo se vieron plasmados con la reforma constitucional de 1994. En el actual artículo 85 del texto constitucional se establece que “el control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, será una atribución propia del Poder Legislativo” y además agrega quela Auditoría Generaldela Naciónserá un “organismo de asistencia técnica del Congreso, con autonomía funcional” teniendo a su cargo “el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización, y las demás funciones que la ley le otorgue. Intervendrá necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos”.
Desde su experiencia personal relató quela Argentinasufre de desajustes presupuestarios similares a lo que se observan en los países en guerra. Es decir, existe una enorme capacidad por parte del Poder Ejecutivo de poder apartarse de lo que se aprueba en la ley de presupuesto y, de este modo, ejecutar discrecionalmente partidas que estaban asignadas a otros menesteres. Esto inevitablemente termina repercutiendo en la forma en que se reparten fondos públicos a las distintas provincias, las cuales en más de un ocasión debieron mostrar una actitud de subordinación a fin de que se concreten envíos más voluminosos de capital. También comentó que han estado trabajando sobre cuestiones ambientales y sobre el transporte público, incluyendo a Aerolíneas Argentinas, a la cual se le ha destinado alrededor de 12.000 millones de pesos desde el año 2008. “Nosotros hemos auditado todo en cuanto a trasporte y no hemos llegado a conclusiones muy alentadoras. Si ustedes toman el pico de la crisis del 2001/2002 y ven las condiciones en que se encuentra el transporte hoy difícilmente podamos decir que ha habido grandes progresos”, aseguró Despouy. Todo ello pese a que se han destinado enormes cantidades de fondos en subsidios y prebendas a este sector. Lo alarmante ha sido la actitud complaciente y opacidad de una cultura del incumplimiento de empresas concesionarias como TBA, a cargo hasta hace algunos meses de las líneas ferroviarias Mitre y Sarmiento. Explicó: “nuestros informes del 2008 mostraban con toda claridad como las circunstancias en que TBA prestaba el servicio no solamente eran deplorables sino que al mismo tiempo las condiciones de inseguridad eran crecientes y mayores, y sin duda podían producirse accidentes o tragedias como las que tuvieron lugar (el 22 de febrero de este año 51 personas perdieron la vida producto de un accidente ferroviario ocurrido en la estación de Once)”. En cuanto a la reciente estatización de YPF, el expositor comentó que se ha querido excluir a esta empresa del control dela Auditoría Generaldela Nación.
“En esta teoría de la división de poderes, lo que no se dice generalmente es que el Poder Judicial es normalmente el más vulnerable de los tres”, advirtió Leandro Despouy.