El derecho a la alimentación y a la nutrición: un derecho en jaque en Latinoamérica
Felipe Bley-Folly, Alejandra Morena, Ana Katia Troncoso Muñoz, Laura Pautassi y Santiago Sanchez
El 27 de noviembre, en el SUM del Instituto Gioja, se llevó a cabo la charla “El derecho a la alimentación y a la nutrición: un derecho en jaque en Latinoamérica”, organizada por el Grupo de Trabajo Interdisciplinario “Derechos Sociales y Políticas Públicas”. Participaron en calidad de expositores: Alejandra Morena (Observatorio del Derecho a la Alimentación y a la Nutrición, FIAN Internacional), Marcos Filardi (abogado especializado en derechos humanos y soberanía alimentaria), Laura Pautassi (UBA/CONICET), Santiago Sánchez (CELS) y representantes de los movimientos sociales. Felipe Bley Folly (FIAN Internacional) moderó la actividad.
Al comienzo, Alejandra Morena comentó acerca de la publicación delObservatorio del Derecho a la Alimentación y a la Nutrición: “Es una publicación que es editada de manera anual desde 2008. Fue lanzada en el marco de la gran crisis de los precios alimentarios y surgió como una herramienta para el monitoreo del derecho humano a una nutrición y alimentación adecuadas”, indicó. Y agregó que “siempre ha sido un esfuerzo colectivo y lo hemos concebido como una herramienta alternativa y crítica para la construcción de conocimiento. Una herramienta para la acción y con el objetivo último y final de contribuir a la transformación radical de los sistemas alimentarios con miras a la realización del derecho a la alimentación de todas las personas”.
En tanto, Marcos Filardi destacó la conformación de REDASA (Red de Abogados y Abogadas por la Soberanía Alimentaria). “La red apunta a hacer una contribución desde lo legal a la lucha por la soberanía alimentaria que como siempre decimos es colectiva. Esto desde el aporte que se puede hacer desde la incidencia en las políticas públicas, desde la negociación, desde el activismo judicial, desde el litigio, desde la incidencia legislativa, cualquier contribución que una abogada, que un abogado puede hacer como parte de una lucha colectiva por la soberanía”, señaló.
Seguidamente, Laura Pautassi comentó su experiencia como integrante del grupo de trabajo que se ocupó de tornar operativo el monitoreo del Protocolo de San Salvador. “El Protocolo no solo reconoce el derecho a la alimentación adecuada, sino que también reconoce una serie de derechos vinculados a los derechos de las mujeres, las niñas, los niños, las personas mayores, las personas con discapacidad, los pueblos originarios y las personas afrodescendientes”, planteó. Luego aclaró que el desafío era definir un conjunto de indicadores que fuese lo suficientemente amplio para dialogar con otros derechos. “Aquel grupo de trabajo tomó una decisión de separar en dos agrupamientos. El primer agrupamiento que era derecho a la salud, derechos a la educación y derecho a la seguridad social. (…) Y el segundo componente, que en tema de alimentación se presenta un semáforo rojo tremendo, que es el acceso a la justicia”, explicó.
Finalmente, Santiago Sánchez se dedicó a analizar en qué medida el territorio rural está disputado por el agronegocio o por las familias agricultoras. “El agronegocio no produce alimentos. Más tierras para el agronegocio son menos alimentos para la sociedad. Por otro lado, de los derechos humanos, la disputa entre el agronegocio y las comunidades es central para la satisfacción de otros derechos humanos”, aseguró. Posteriormente, afirmó que “hay empresarios que reciben muy fuertes incentivos para seguir corriendo a las comunidades y ese corrimiento de las comunidades no es sino a fuerza de violación de derechos que en algunos casos terminan en muerte”. En ese sentido, enfatizó que “en los últimos años con el cambio de administración ha habido una transferencia de ingresos y de medidas hacia el sector del agronegocio en detrimento de la agricultura familiar. (…) Por otro lado, vemos que se han tomado medidas totalmente regresivas a las comunidades”.