El COVID-19 ante la mirada de la Filosofía del Derecho. Un ciclo de tres encuentros
Los días 1, 8 y 16 de junio se desarrolló el ciclo de tres encuentros “El COVID 19 ante la mirada de la Filosofía del Derecho” por Facebook Live. La actividad fue organizada por la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho. Renato Rabbi-Baldi Cabanillas presentó a los/as oradores y Diego Luna ofició de coordinador del evento.
La primera jornada contó con la participación de Isolina Dabove, Jorge Douglas y Horacio Spector.
A su turno, Isolina Dabove sostuvo que “la pandemia ha puesto en crisis a la propia Constitución Nacional en su dimensión formal ha afectado su estructura, pero también su dinámica, imponiendo en su lugar una constitución material que debilita la democracia deliberativa y el ejercicio de los derechos y libertades restringiéndolos fuertemente en nombre de un solo bien o valor: la salud”.
Luego se preguntó de qué concepto de salud se habla. “Este tiempo nuevo nos impone renovar nuestras creencias valorativas, nos llama construir una nueva ética de la vida, basada en el deber de obrar de tal manera que los efectos de cada acción sean compatibles con la permanencia de una vida auténtica en la Tierra, nos alienta así a incluir con cada elección presente como objeto de deseo la futura integridad del ser humano. Nos invita a mirar más allá de este presente, más allá de esta pos pandemia para poder asumir un poder provenir que salve incluso a nuestras libertades de cualquier poder que logre amenazarlo”.
Seguidamente, Horacio Spector comentó sobre el concepto de paternalismo y señaló que “la retórica de muchos gobiernos es una retórica saturada de referencias paternalistas”. Explicó las diferencias entre paternalismo débil, fuerte, puro e impuro. “El paternalismo débil e justifica en base al consentimiento hipotético que la persona interferida o restringida podría prestar. El paternalismo fuerte no hace referencia a ningún consentimiento de la persona y solo hace referencia a la justificación típica de todo paternalismo que es el propio bien de la persona”, expresó.
En esa línea argumental, planteó que para justificar una medida de restricción de los derechos constitucionales no alcanza con informar que se hace por el propio bien. “También hay que justificar que el balance es el indicado y las consecuencias de las medidas que se adoptan no tienen consecuencias para la libertad positiva de las personas, que son más vastas que las inicialmente considerables y que violan el principio de autonomía individual, pero también la idea de reparación personal -la idea de que estamos sacrificando a algunos miembros de nuestra sociedad en pos del bienestar general”, concluyó.
Para finalizar, Jorge Douglas afirmó que el presente es el punto de vista del observador que observa a partir de la diferencia pasado y futuro: “El presente es la delgada línea roja de la distinción”. Y compartió su inquietud sobre el futuro del derecho. En este contexto de pandemia, expresó que desaparecen todas las certezas, no hay un punto de vista certero u objetivo. Explicó: “El riesgo no es más que la imputación que hacemos en el presente de sucesos ya acontecidos que proyectamos como comprobables en el futuro, pero no sabemos si van a acontecer”. Y sumó que “el tratamiento del riesgo frente a la pandemia, frente a las pandemias -habría que recordar que en poco tiempo hemos tenido ébola, SARS, rebrotes de enfermedades que se creían extinguidas-, los expertos llaman spillover, el salto de enfermedades de los animales a los humanos, es producto cada vez más claro de la explotación que hoy permitimos del mundo, la explotación de la naturaleza como tal”.
En relación con lo anterior, reflexionó que “el futuro nos augura un presente distinto al que imaginamos ya que no podemos conocerlo. Desde que todo acontece simultáneamente y ya no está Dios para mirarlo todo al mismo tiempo. Esto conduce a caer en la cuenta de que ya no se puede calcular racionalmente, que son demasiadas las condiciones sistémicas posibles”. Y postuló que “las condiciones actuales, en la semántica de nuestro tiempo, como dice Raffaele De Giorgi, los riesgos son pueden ser eliminados sino sustituidos los unos por otros”.
Marcelo Alegre, Eduardo Méndez y Daniela Zabaleta participaron de la segunda reunión.
En primer lugar, Marcelo Alegre se refirió a una serie de problemas que generó la pandemia que interpelan presupuestos previos, valores asentados vinculados con distintas disciplinas normativas, áreas de la filosofía, esquemas teóricos y teorías de la justicia: la justicia global, la teoría de la democracia y la constitución, las democracias liberales. En este marco, destacó la relevancia de la teorización de la justicia en estos tiempos. “Quiero aquí defender una idea que enseño mucho y sobre la cual hago mucho hincapié que es la idea rawlsiana de la posición original. La posición original es un artificio, un método, una forma, de entender las discusiones sobre la justicia, de encuadrar y regular las discusiones sobre la justicia entendida en un sentido muy particular que es las obligaciones el Estado respecto de las personas de quienes reclama obediencia”, enfatizó. Este concepto obliga a pensar los problemas públicos antes de que ocurran, permite pensar si ciertas políticas públicas son aceptables más allá de si nos afectan, benefician o perjudican. Asimismo, se asocia a la idea de la imparcialidad y la idea de maximizar la posición mínima. “La teorización sobre la justicia liberal nos da argumentos para tratar en este momento para proteger al máximo la posición de las personas más desaventajadas”, finalizó.
Por su parte, Eduardo Méndez presentó algunas formulaciones en relación con la teoría lógica del derecho, fundamentalmente, una serie de reflexiones de carácter ontológico para entender la problemática del COVID-19. “Las preguntas que surgen inevitable, ineludible y ontológicamente después de todo esto, son: ¿Cuál será el contorno del tipo de sociedad y economía que surgirán luego de la pandemia?, ¿Cómo será la construcción de subjetividad en el futuro?, ¿Cómo serán los vínculos comunitarios entre lo privado y lo público, entre la naturaleza y el orden social? La tarea es dura, es reflexionar sobre ellos desde las distintas escuelas filosóficas”, planteó.
Daniela Zabaleta aludió a posible vacuna para contrarrestar la COVID-19 y el derecho a negarse a la inoculación del virus para inmunizarse contra el mismo. Y partió de tres planos de análisis. En primer lugar, los argumentos jurídicos asociados a la autonomía de la voluntad y el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, el bien común y los derechos de terceros. “Frente a esta dicotomía, si la discusión se centra en esto, entiendo yo al menos, que debe primar el bien común y los derechos de terceros. No solo por lo que dispone el artículo 19 de la Constitución Nacional en cuanto a que las conductas autorreferenciales encuentran su límite en la vulneración de los derechos de terceros”.
El segundo plano en el que se puede dar esta discusión es base argumentos médicos o científicos. “En este punto me gustaría decir que la solución no es tan clara ni tan sencilla y habría que evaluar cada caso en concreto con prudencia”, indicó. Finalmente, el plano de la argumentación también podría sostenerse en argumentos éticos. “Y aquí entraría a jugar el sistema de creencias de las personas y las preocupaciones concernientes al origen de la vacuna cuando ellos se motivan en consideraciones éticas”, expresó.
En tanto, Elina Ibarra, Luciana Alvarez y Leonardo Pucheta expusieron durante el último encuentro.
Elina Ibarra analizó el concepto de sociedad civil. Reconoció que partía de dos presupuestos. “Las acciones aquí descritas se dan en el contexto de una sociedad casi justa. En términos rawlsianos, esto implica que imperan al menos parcialmente los principios de justicia. Quienes integran esta sociedad sostienen y expresan escalas de preferencias e intereses contrapuesto entre sí. Descarto de plano como horizonte la armonía absoluta y parto de la posibilidad del conflicto”, señaló. En esa misma línea, se refirió a la desobediencia civil. “A mi parecer es una muestra de que el Estado de derecho no es una construcción acabada, sino que es una empresa sujeta a revisión y adaptación permanentes. Y que este tipo de desobediencias pueden ser muchas veces el preanuncio de correcciones o innovaciones del sistema jurídico. Sobre todo, ha de ser el recordatorio de que no se puede exigir una obediencia jurídica incondicional sino en cambio una obediencia cualificada basada en acuerdo y buenas razones”, enfatizó.
Luego Luciana Alvarez afirmó que “se me presenta como relevante encontrar las palabras para darle sentido al silencio frente a un requerimiento cada vez más insidioso entorno a exigencia de dar cuenta de aquello de lo que acontece”. Aclaró que la filosofía del derecho solo puede ser concebida como un tipo de interrogación que emerge en el cruce de lo jurídico con lo filosófico y político pero también con lo económico, lo social y lo cultural. “Para nosotres el derecho es producto de un devenir. Deviene la realidad jurídica a partir de una serie relaciones sociales y de poder”, señaló.
Posteriormente, cuestionó el uso de determinados principios para intentar problematizar lo que está ocurriendo. “Estoy pensando en la inconsistencia que anida en esa insistencia de apelar a esos principios -libertad positiva-negativa, paternalismo, principio de reserva, solidaridad, discriminación, objeción de conciencia- que parecen haber estallado ante nuestra mirada para descifrar la singularidad y la complejidad de lo que denominamos epidemia del COVID-19”, reflexionó y postuló que “deberíamos considerar la posibilidad de callar, de no decir algunas cosas o más bien de no hablar en algunos momentos. Considerar la posibilidad sustraernos a la autoridad de la palabra experta para darnos un tiempo, para hacernos un tiempo allí donde la urgencia parece invadirlo todo”.
Por último, Leonardo Pucheta brindó ciertaspautas para pensar la pertinencia de las medidas que se fueron implementando en Argentina desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el carácter de pandemia del COVID-19. “Hay una tríada de conceptos que percibe que son recurrentes que para mí fueron muy sugestivos para aproximarme a algunos interrogantes: límite, crisis y oportunidad”, señaló y puntualizó que la ampliación del objetivo de la bioética involucra el tratamiento de las cuestiones clínicas tradicionales, tecnologías emergentes y convergentes, así como también una apertura a la problemática social y consideraciones ecológicas.
Reconoció que esta circunstancia ofrece nuevos horizontes para la reflexión biojurídica vinculada a la dimensión social de la problemática bioética, el impacto global de cuestiones bioética y la revisión del alcance del principio de sociabilidad y subsidiaridad. “Ante fenómenos tan masivos, simultáneos y que impactan en todas las esferas de nuestra vida, las fronteras entre las diferentes aristas de la filosofía práctica pueden tornarse difusas”, aseguró. En ese sentido, hizo hincapié en la necesidad de una solidaridad universal nueva.