El acceso a la justicia de los adultos mayores en España
Andrea Mercedes Perez e Hilda Eleonora Vallet
En el Salón Verde, el pasado 3 de octubre, tuvo lugar el encuentro "Acceso a la justicia de los adultos mayores en España", organizado en conjunto por el Proyecto de Investigación UBACYT "Adultos mayores en situación de violencia: acceso a la justicia en defensa de sus derechos. Nuevos interrogantes: Primera y Segunda brecha digital. Adultos mayores LGTB y el Observatorio sobre Derecho de la Vejez y Adultos Mayores, Facultad de Derecho (UBA). En este marco, brindó su aporte: Lorenzo Bujosa Vadell (catedrático Universidad de Salamanca, España). Por su parte, Hilda Eleonora Vallet (directora del Proyecto de Investigación UBACYT "Adultos mayores en situación de violencia: acceso a la justicia en defensa de sus derechos. Nuevos interrogantes: Primera y Segunda brecha digital. Adultos mayores LGTB", y del Observatorio sobre derecho de la vejez y los adultos mayores, Facultad de Derecho, UBA) estuvo a cargo de la presentación y coordinación de la actividad. Asimismo, estuvieron presentes Pedro Zarco Colón (miembro de la embajada de España en Argentina) y Andrea Mercedes Perez (docente de la Facultad de Derecho, UBA).
Por su parte, Hilda Eleonora Vallet señaló que “desde hace muchos años en el Centro de Formación Profesional estábamos preocupados y veíamos un aumento exponencial de personas afectadas por la falta de acceso a la justicia, en particular tanto en niños como en adultos mayores. Comenzamos así nuestros proyectos de investigación orientados primero a las mujeres adultas mayores”. Y agregó que “en el camino, observamos que los varones adultos también eran víctimas de violencia e incluso esta brecha que ya afectaba al adulto mayor, se intensificó durante la pandemia. Por ahora lo que tenemos son más preguntas que respuestas por eso desde el Observatorio seguimos investigando y plasmando ideas”.
A su turno, Lorenzo Bujosa Vadell agradeció a los/as presentes y a la Facultad por el espacio brindado. Por otro lado, describió el contexto actual en España en relación a la temática planteada: “Cuando hablamos de acceso a la justicia hablamos de la protección jurisdiccional, de tutela judicial efectiva. Los adultos mayores tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Ahora si miramos a nuestro alrededor, no todos tienen una misma posición ante esos derechos e intereses legítimos”. En tal sentido, hizo referencia a las reglas de Brasilia, una serie de recomendaciones dirigidas a los poderes públicos iberoamericanos que regulan el acceso a la justicia y atienden a la condición de vulnerabilidad: “Aunque tengan un origen sudamericano, son importantes para el derecho español. Hay un núcleo duro que se debe proteger y hay un intermedio que dependerá de las circunstancias concretas del caso”. De esta manera, mencionó las reglas sexta y séptima, las cuales abordan el envejecimiento como causa de vulnerabilidad y el concepto de discapacidad. Sin embargo, aclaró que no todos los/as adultos/as mayores se encuentran en un mismo grado de vulnerabilidad.
Por otra parte, enfatizó en la importancia de la autonomía de la voluntad del/de la adulto/a mayor: “La Convención de Nueva York del año 2006, que vincula a la Argentina, España y otros Estados miembros, consagra como una de las obligaciones del Estado asegurar el pleno ejercicio de todos los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidades sin discriminación. Se busca dar prioridad a la autonomía e independencia funcional, dando libertad al adulto mayor de tomar sus propias decisiones, complementado con un apoyo asistencial”. En la misma línea argumental, citó el capítulo cuatro de la Convención Interamericana que consagra una serie de principios y derechos generales, relevantes en la materia.
Por último, puntualizó en la situación de los adultos mayores LGBTIQ+: “Los adultos mayores homosexuales en España han vivido bajo un régimen de normas que producen un sesgo. Había una persecución ni siquiera por delitos, sino por el sólo hecho de afectar a las buenas costumbres y la moralidad pública. La situación era dramática ya que se los colocaba como sujetos peligrosos”. Para finalizar, concluyó: “Nos queda todavía un camino largo que recorrer y muchas cosas que estudiar para ofrecer propuestas y soluciones”.