Efectividad de los derechos humanos y sociales en jaque: arbitrajes de inversiones en el marco del COVID-19
Efectividad de los derechos humanos y sociales en jaque: arbitrajes de inversiones en el marco del COVID-19
El pasado 15 de octubre tuvo lugar la actividad "Efectividad de los derechos humanos y sociales en jaque: arbitrajes de inversiones en el marco del COVID-19", organizada por el Seminario Permanente de Investigadores/as del Instituto Gioja.
En este marco, expuso Javier Echaide (UBA/CONICET) y Leticia Vita actuó de comentarista.
Para comenzar, Echaide explicó que se referiría a “la pandemia y cómo los arbitrajes en materia de inversión pueden estar afectando derechos humanos y derechos sociales en tanto se hace una disputa por los recursos disponibles de financiamiento del estado”.
Luego introdujo el tema con una frase de Thomas Paine de que los derechos que dependen de la propiedad son los más precarios. “Esto que menciona Paine en la frase me hizo ruido la primera vez que lo vi y sobre todo me hace ruido la cuestión de la dependencia. Cuando algo depende de lo otro hay una discusión muy fuerte respecto del costo de los derechos”, detalló y agregó que “es cierto que hay recursos limitados pero en tanto los derechos dependen de los recursos, si los recursos cada vez son más limitados entonces vamos a estar hablando indefectiblemente de menos derechos”.
Por otro lado, sostuvo que “hay un problema de arranque y esto tiene que ver con el problema de la desigualdad. Estamos hablando en este marco de situación: hay una pirámide de concentración de riqueza distribuida en muy pocas manos, pero socialmente generada a escala global (...). El 0,9% de la población global es el que concentra prácticamente el 44% de la riqueza socialmente generada”. Y sumó que “después tenemos otra cuestión que desde 1970 para acá tiene que ver con que siempre estamos hablando de crecimiento y el PBI refleja un poco eso del crecimiento en el marco de los países, pero no todo el mundo crece igual. Y cuando uno diferencia lo que es el capital público del capital privado vemos que el capital público, es decir, el financiamiento de los estados, está estancado o cayendo mientras que el capital privado se encuentra en crecimiento”.
Asimismo, planteó que “cuando uno habla de términos jurídicos de que se sienta de igual a igual y que se negocia en tratados internacionales y uno adopta la idea del contrato que es natural del derecho de negociación y de firma entre iguales, los tratados internacionales se firman en estos términos entre estados, pero los poderes que están atrás y que no son los que firman muchas veces tienen un poder económico y también político de igual a igual o incluso a veces mayor que los estados firmantes”. Y manifestó que “defendemos estas ficciones jurídicas como si fueran lo que pasa y, a veces, lo que pasa está bastante distanciado de lo que jurídicamente intentamos defender que es que las brechas no se amplíen”.
En este marco, explicó que “la protección que los estados dan al capital privado son las que le permiten a ese capital privado transnacionalizarse, es decir, salir hacia fuera y competir en el mercado global en términos de inversión, lo que se hace mediante los tratados bilaterales de inversión (TBI). Estos tratados se firman bilateralmente entre dos estados en los cuales se protegen las inversiones privadas provenientes del otro estado”.
Más adelante, detalló que “hay distintos fueros de arbitraje pero hay uno que concentra mucho más que la mitad de los arbitrajes planteados en materia de inversiones y es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, que concentra la mayor cantidad de demandas a nivel internacional. Argentina es miembro desde 1994”. Y añadió que “la mayoría de las demandas que se plantean en el CIADI están basadas en los TBI aunque puede haber otros tratados que prorrogan jurisdicciones en favor de los tribunales de arbitraje”.
Además destacó que “la mitad de los casos son parcial o totalmente en favor de los demandantes, es decir, de las empresas transnacionales que demandan a los estados. El resto se reparte en otro tipo de situaciones”.
Hacia el final, se enfocó en cómo van a actuar las empresas transnacionales ante la crisis económica generada por la pandemia. “Después de cada crisis que se ha vivido a nivel internacional ha habido siempre un aumento de demandas en el sistema de inversiones. Este último año en los primeros seis meses ya se han presentado cuarenta demandas nuevas. El pronóstico es que se va a incrementar la presentación de demandas dentro del sistema de arbitraje. Los países más demandados en estos seis meses han sido Colombia y Perú en cinco casos para cada uno de ellos”, desarrolló y comentó que “hay algunas amenazas por parte de empresas por las medidas que los distintos gobiernos han tomado en materia de la pandemia global. Las han recibido Panamá, Bolivia, México, Perú y Argentina”.
Por último, reflexionó que “Argentina a raíz del 2001 planteó en 14 oportunidades el estado de necesidad como argumento y fue rechazado en 11. Habrá que ver si las cuestiones que tienen que ver con el planteo del argumento del estado de necesidad en el marco del COVID tiene eco porque hasta ahora no importa la crisis, no ha sido así”.