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Año XVII - Edición 299 05 de abril de 2018

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Seminario de extensión universitaria "Discapacidad y derechos"

Discapacidad y políticas públicas

  • Notas

En el Aula del Centro para el Desarrollo Docente, el pasado 22 de marzo se llevó adelante el primer encuentro del seminario de extensión universitaria “Discapacidad y Derechos”. El seminario se organiza en conjunto por la Secretaría de Extensión Universitaria, el Proyecto de Extensión Universitaria (UBANEX) “Discapacidad e igualdad: asesoramiento, patrocinio jurídico y difusión de derechos”, el Proyecto de Investigación (UBACYT) “La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: armonización de las normas argentinas, avances en la jurisprudencia y debates pendientes”, la Comisión n. º 1400 del Patrocinio Jurídico Gratuito y el Programa de Actualización y Profundización en Discapacidad y Derechos.

En esta oportunidad, la actividad versó sobre la discapacidad y las políticas públicas y contó con el aporte de Juan Antonio Seda (director del Posgrado Discapacidad y Derechos) y Edgardo Knopoff (Facultad de Medicina), cuyas ponencias moderó Roberto Villayandre (miembro del equipo del Programa de Discapacidad y Derechos).

A su turno, Juan Antonio Seda comenzó diciendo que “la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad es una norma muy importante, sancionada en el año 2006 en Naciones Unidas y ratificada por el Congreso de la Nación en el año 2008”. No obstante, recordó que no es la primera norma que hay en materia de discapacidad. “La primera norma integral que abarca todos los temas es la ley 22.431, que es una ley del año 1981”, indicó. En este marco, sostuvo que, al estar vigente todavía esta ley, “se pone en evidencia la dificultad que ha tenido el sistema democrático para establecer una política de Estado”.

Seguidamente, expuso que la segunda norma que tiene un enorme peso en materia de discapacidad y que rige las políticas públicas es la ley 24.901 del año 1997. “Viene a cubrir un bache que había dejado la ley 22.431 (…)”, remarcó. Asimismo, subrayó: “Estas leyes han sido intentos de políticas públicas para promover el cumplimiento de uno de los derechos más fuertes que es el de las prestaciones en salud”.

Por otro lado, reconoció que “tenemos un estilo de legislación de mucha expectativa, de mucho reconocimiento y de muchas garantías pero después en la práctica no se puede cumplir”.

Edgardo Knopoff, por su parte, expresó que “si las políticas públicas en relación con la discapacidad pudieran estar incluidas como una mirada que atraviese cualquier tipo de ley o de acción política, sería más rico y nos permitiría una sociedad más inclusiva”.

Más adelante, aseveró que la universidad pública tiene que ver con las políticas públicas. “Es decir, que las políticas públicas no son privativas o únicamente cuestión del Poder Ejecutivo (…)”, explicó. En esta línea argumental, desarrolló: “Así reivindicamos la construcción de agendas políticas para destacar, no solamente los valores centrados en condiciones de vida, sino también orientarlos hacia el ejercicio de los derechos como instrumentos que operan en la moral pública por el reconocimiento de la dignidad, la libertad y la autonomía”. Agregó, en este sentido, que las políticas públicas son el resultado de conflictos de ideas, ideales e intereses en los que participan, formal o informalmente, muchos actores sociales. “En este diálogo participamos estamentos académicos, pero también hay un lugar fundamental de la extensión universitaria, que es uno de los fundamentos de la Reforma Universitaria y tiene que ver con el vínculo de la universidad con la sociedad”, puntualizó. Reflexionó, además, que “debemos formular hacia adentro y generar hacia afuera políticas públicas que mejoren las relaciones entre Estado y sociedad, aumentando la habilidad de dar lugar y resolver las demandas sociales del mayor número de integrantes sin discriminación por su condición, sobre todo en el tema de discapacidad”.