Diálogos sobre salud y economía: aspectos regulatorios
El Observatorio de Salud y el Seminario de Investigaciones en Derecho y Salud del Instituto Gioja organizaron conjuntamente el 7 de octubre la jornada “Diálogos sobre salud y economía: aspectos regulatorios”. La actividad fue coordinada por Anahí Propatto y contó con las exposiciones de Alberto Bozzolo y Estela Sacristan de Bianchi, moderados por Viviana Bonpland.
En primer término, Estela Sacristan de Bianchi se refirió a los costos en salud, ofreciendo una mirada normativa-jurisprudencial. De esta manera, caracterizó el derecho a la salud como un derecho de rango constitucional a partir del art. 75 inc. 22 y sostuvo que las normas que reconocen este derecho están muy relacionadas con el avance científico-tecnológico por la permanente generación de nuevos derechos basados en dichos avances. Sin embargo, al reconocer un derecho, surge el problema de su financiamiento.
Asimismo, abordó la cuestión desde el punto de vista del Derecho Comparado, específicamente a partir de la experiencia de los Estados Unidos, tomándola como punto de partida para ver cuáles son los pilares o lineamientos principales que puede ofrecer su historia legislativa-jurisprudencial. En este sentido, mencionó precedentes respecto del poder de policía, la política medioambiental, seguridad social y, finalmente, derechos civiles y aborto.
En el ámbito local, refirió al reflejo condicionado en cautelares o amparos al recibir reclamos de salud por lo que el Poder Judicial “enseguida tiene ganas de hacerle lugar a ese reclamo”. En esta línea argumental, mencionó el famoso fallo Saguir y Dib por el cual los padres de un menor solicitaban autorizaran a que su hija, también menor de dieciocho años, donara uno de sus riñones a su hermano.
Mencionó la actual tendencia de que los servicios de salud del sector público sean transmitidos o transferidos al ámbito de una contratación privada de una prepaga, por ejemplo. Con respecto a este tema, también trajo a colación numerosos fallos, entre ellos uno iniciado contra Galeno por impedir acceder a los servicios de un determinado plan como familiar del asociado, declarando la ilegitimidad de la exclusión de la asociación a ese plan en razón de la edad.
Por su parte, Alberto Bozzolo se expidió sobre la realidad argentina diciendo que “puedo tener buenas normas y que no se presten, puedo tener una normativa completa y que se verifique mucha insatisfacción en términos de acceder a ese servicio”. Se refirió a la forma en que se gestionan los servicios del sector y a la forma en la que se administran los recursos, no sólo financieros, sino humanos, logísticos tecnológicos, edilicios
Resaltó, además, la moderna tendencia a reconocer derechos sin preocuparse por si se tiene la estructura para prestarlos.
Puntualizó la falta de razonamientos, de optimización en la selección tecnológica a comprar. “Esta es un área en la que habrá que cambiar las formas de gestionar, de evaluar las necesidades tecnológicas para no sobredimensionar la tecnología que vamos a aplicar en cada una de las instituciones”, aseveró.
Alberto Bozzolo resaltó la moderna tendencia a reconocer derechos sin preocuparse por si se tiene la estructura para prestarlos.