¿Devoto sí o Devoto no? Del traslado y la incidencia de la transferencia de competencias penales a la justicia de CABA
Carla Cavaliere, Leandro Halperin, Ariel Cejas Meliare e Ignacio Arriaran
El Centro de Graduados llevó adelante el 9 de abril en el Salón Azul la actividad “¿Devoto sí o Devoto no? Del traslado y la incidencia de la transferencia de competencias penales a la justicia de CABA”, en la cual expusieron Carla Cavaliere (jueza titular del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N° 3 de la CABA), Leandro Halperin (legislador porteño y exdirector de UBA XXII) y Ariel Cejas Meliare (procurador penitenciario adjunto interino de la Procuración Penitenciaria de la Nación).
En primer lugar, Carla Cavaliere se refirió al problema que se presenta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de los traspasos progresivos de competencias penales en virtud de la vigencia de los distintos convenios de competencias que se han firmado entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la CABA. Además hizo referencia a “los problemas que se generaron a partir del incremento de trabajo que se ha dado con la aprobación por parte de la Legislatura de la Ciudad en diciembre del año 2017 de la ley 26.702 y el último traspaso de competencias a la Ciudad, que incluye todo el capítulo de lesiones del Código Penal, todos los delitos de funcionario público que se cometan o que estén vinculados con autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y la desfederalización de algunos artículos que hacen a hechos de narcomenudeo, entre otros”. Agregó que “el 27 de noviembre del año 2003 juramos 84 magistrados entre jueces, fiscales, defensores, asesores tutelares de primera y de segunda instancia, convirtiéndonos en una de las primeras Justicias íntegramente conformadas por concurso público de oposición y antecedentes”. En este marco, explicó: “En principio era justicia contravencional y de faltas. Luego hubo transferencia progresiva de competencias penales en vez de transferencia completa de todas las estructuras, personas, delitos y servicios del Poder Judicial de la Nación a la Ciudad”.
Por otro lado, puntualizó: “De acuerdo a los datos estadísticos que estamos trabajando, la Ciudad va a aportar al Servicio Penitenciario a razón de aproximadamente un detenido por día con lo cual se hace absolutamente necesario que la Ciudad tenga servicio penitenciario propio pero también es absolutamente necesario que el Poder Judicial de la Nación en todas sus estructuras respete el art. 129 de la Constitución Nacional”.
Leandro Halperin indicó que es resulta ineludible preguntarse “¿sistema penitenciario sí o sistema penitenciario no?, ¿presos sí o presos no?, ¿la Ciudad se hace cargo de lo que genera o se lo seguimos echando a los que viven en el conurbano bonaerense? y ¿vamos a cumplir con las leyes que tenemos o pretendemos cumplir solamente las leyes que nos gustan?”. Además, explicó que “este problema que se nos plantea en general en nuestra sociedad no solamente en temas penitenciarios forma parte del debate medular que genera la pregunta que da origen a esta actividad”.
Seguidamente, sostuvo: “El convenio que firmó el jefe de Gobierno con el Ministro de Justicia no dicen lo que dicen que dijo y las tapas de diarios son un placebo para un grupo de vecinos que están disconformes porque viven un lugar que consideran que se afea porque hay una cárcel cerca”, y agregó que “el convenio no dice que la Ciudad va a construir una cárcel en Marcos Paz. El convenio dice que el Gobierno va a construir una cárcel en algún lado (...). Tampoco hay nada que diga que en el predio donde hoy está ubicada la cárcel de Devoto no va a haber una cárcel”. En esta línea, continuó diciendo que “lo único que dice ese convenio es que cuando la Ciudad construya una cárcel en un lugar que no sabemos dónde con características que no sabemos cuáles para personas que no sabemos quiénes en una cantidad indeterminada, la Nación le cederá el predio a la CABA”.
Hacia el final, reflexionó: “Devoto sí o Devoto no es un eufemismo de un mal convenio con una muy buena presentación pública de la construcción de una cárcel en otro lugar”.
Finalmente, Ariel Cejas Meliare brindó una visión de los problemas carcelarios desde el organismo de control del Sistema Penitenciario Federal (SPF). Para comenzar, contó que “la Procuración Penitenciaria de la Nación es un organismo joven, recién hace trece años tiene presupuesto propio y es un organismo independiente, autárquico y autónomo”. Además, puntualizó que “venimos trabajando hace mucho tiempo con distintas áreas y distintos equipos en la Procuración y trabajamos todo tipo de derechos en cárceles federales, en comisarías, establecimientos de Prefectura y Gendarmería”. Y añadió que “la emergencia carcelaria que ha dictado el Ministerio de Justicia nosotros lo vemos con buenos ojos, vemos que hay un reconocimiento de la situación. La Procuración hace más de seis años venía alertando de esta situación”. No obstante, determinó que “tenemos que trabajar a ver si realmente hay una intención política de trabajar del tema y no es una cuestión solamente del Ejecutivo. Acá hay mucha responsabilidad de los jueces. La gente que está ahí está por orden judicial y no estamos hablando de abrir las cárceles. Hay distintas formas de tratar distintos delitos, como las medidas alternativas”.