Derechos sociales: el otro 2x1
Derechos sociales: el otro 2x1
El pasado 1º de noviembre en la Sala Vélez Sarsfield, tuvo lugar la actividad “Derechos sociales: el otro 2x1”, organizada por los proyectos de investigación PICT-2015 “Los DESC como Derechos Exigibles en Argentina: Aportes para una metodología de argumentación desde una perspectiva integral”; UBACyT: "El derecho a la educación básica: competencias, perfiles de litigio y desarrollo de herramientas hermenéuticas"; UBACyT “La Constitución argentina de 1949 y la “vía argentina” al constitucionalismo social”; DECyT "La igualdad interpelada: acción colectiva y reacción judicial a través de la jurisprudencia reciente del fuero CAyT de la CABA"; y PII "La ética judicial frente a la resolución de casos difíciles" y coordinó Laura Clérico (UBA/CONICET).
En esta ocasión, expuso Horacio Javier Etchichury (profesor adjunto de la Universidad Nacional de Córdoba, investigador adjunto del CONICET, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, LL. M. por Yale Law School y director del Grupo de Investigación en Derechos Sociales).
Comentaron Raúl Gustavo Ferreyra (UBA), Pilar Arcidiácono (UBA/CONICET), Liliana Ronconi (UBA/CONICET) y Federico De Fazio (UBA/CONICET).
Luego de una introducción por parte de Laura Clérico,tomó la palabra el expositor principal, Horacio Javier Etchichury,quien describió la investigación que está llevando a cabo: “Desde 2016, empezamos a hacer un seguimiento lo más sistemático posible de los fallos de la Corte Suprema en materia de derechos sociales. No había un seguimiento con ese nivel de exhaustividad y nuestra idea fue revisar todos los acuerdos, que no sean silencios de la Corte, y discutirlos en una sesión mensual”, y agregó que su objetivo fue unificar esos fallos a modo de jurisprudencia para hacer un libro titulado desco16, donde hay 61 fallos analizados. “Personalmente, veo con bastante preocupación la línea que viene siguiendo la Corte hace cuatro o cinco años. En el informe se ven algunas lecturas regresivas frente a fallos anteriores o restrictivas cuando, entre varias interpretaciones, la Corte se inclina por aquella que limita al mínimo la vigencia de un derecho”, declaró. Siguiendo esta línea, indicó que la reacción generada en términos de opinión pública y desde la academia sobre esta regresión es más moderada, ya que el retroceso en materia de derechos sociales es gradual y todavía no hay un fallo icónico. A continuación, se refirió al panorama de los distintos derechos sociales y su tratamiento en la Corte.
Por su parte, Raúl Gustavo Ferreyra afirmó que la Corte Suprema no sigue una línea de acción que perdure en el tiempo, sino que es absolutamente cambiante. “El derecho, como saber de los juristas, jamás debe descansar en los presupuestos del derecho como poder del Estado. El discurso de los juristas posee un poder o puede tenerlo: describe el derecho objetivo y puede prescribir su desarrollo. Si los juristas llegasen a descansar en el hecho que el derecho es lo que los jueces dicen que es y así renunciar a su tarea y avalar, con su silencio, la prohibición constitucional que cancela la aptitud creativa a la tarea jurisdiccional, su saber de juristas (en el que las luchas por la progresividad y la no regresividad de los derechos sociales ilusionan con una sociedad de ciudadanos socialmente cada día más iguales, por ejemplo), quedarían sin sentido y vapuleado su estatuto epistemológico y su pretendida robustez gnoseológica. En fin: su propia tarea de juristas sería letra muerta”, manifestó en su comentario.
Pilar Arcidiácono se refirió al rol del Estado como empleador y lo relacionó con los fallos analizados de la Corte. En este marco, se preguntó: “Cómo, en un campo donde se han dado algunos avances en materia de política pública, algo que hace el Poder Ejecutivo estrictamente con el Legislativo, el Poder Judicial sigue atrasado veinte años. Sobre todo en derechos asociados al trabajo”.
Asimismo, Arcidiácono hizo referencia al campo de la política asistencial y habló sobre el énfasis en la prueba: las certificaciones, es decir, el certificado de pobreza, de incapacidad, etc. “Hay una carga excesiva de la prueba de la familia donde tiene que demostrar constantemente la discapacitación, y del otro lado, las burocracias se comportan como guardianes protegiendo el acceso a las prestaciones”, manifestó.
“En materia de derechos ambientales, creo que la Corte ha realizado algunos avances”, puntualizó Liliana Ronconi al inicio de su ponencia. Además, reconoció que la ausencia de sentencias de la Corte con respecto a los derechos no vinculados al trabajo: salud, vivienda, educación, entre otros, tiene que ver con que la Argentina es un país federal y el análisis tendría que recaer en el ámbito local de cada jurisdicción. En materia de salud, Ronconi señaló que hay un uso casi nulo de los estándares internacionales. “En general, la Corte usa instrumentos internacionales para citar la Observación general o la Comisión Americana pero no analiza la aplicación de ciertos estándares de progresividad y de no regresividad”, expresó.
Por último, Federico De Fazio se preguntó cómo hay que entender el concepto de activismo judicial. “Se habla de jueces que van más allá de lo que el derecho les pide, en una línea o finalidad progresista. Desde el punto de vista de la teoría jurídica, esto es problemático, porque tanto a la teoría del derecho o la dogmática les interesa saber entre respuestas correctas o incorrectas y el uso adecuado o inadecuado del derecho”, remarcó y prosiguió explicando un concepto de activismo judicial más amplio: “Un juez es activista cuando toma una decisión jurídica fundada en una concepción moral, política o jurídica que no es coherente con el derecho positivo. Este concepto aplica a muchos de los fallos que están mencionados en la investigación de Etchichury”.