Derechos humanos y seguridad social
Derechos humanos y seguridad social
El pasado 19 de abril, en la Sala Vélez Sarsfield, se desarrolló el encuentro "Derechos humanos y seguridad social", organizado por las Cátedras del Dr. Travieso. Brindaron su aporte: Bulit Goñi Luis (secretario de seguridad social), Jorge García Rapp (director del posgrado de Seguridad Social UBA), Pablo Arnaldo Topet (profesor titular de la materia Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Facultad de Derecho de la UBA) y Silvina Verónica Arcaro (coordinadora del posgrado de Seguridad Social UBA).
Primeramente, Marcela Iellimo, indicó: “El derecho a la seguridad es fundamental para garantizar, a todas las personas, su dignidad humana frente a circunstancias que le privan de su capacidad para ejercer plenamente los derechos. Desempeña un papel primordial para reducir y mitigar la pobreza, prevenir la exclusión social y promover la inclusión social”.
Por su parte, Bulit Goñi Luis enfatizó: “Estamos en un momento en donde las políticas públicas están sujetas a tensiones muy fuertes en el mundo entero y, por eso, es importante poder reflexionar hacia dónde vamos. Cómo visualizamos al ciudadano, nos va a permitir observar qué política vamos a generar”. Asimismo, planteó: “El problema que estamos teniendo es que tenemos, en el mundo entero, contingentes de individuos que no se sientan valorados por la sociedad en virtud de su trabajo realizado. Sumado a esto, tenemos más del 40% de los trabajadores en la informalidad. Debemos que entender que, sin protección social, no hay derechos humanos”.
A continuación, Jorge García Rapp caracterizó: “En 1904 se crea el primer sistema orgánico de la seguridad social y se empieza a desarrollar, durante los primeros 50 años, un esquema fuertemente contributivo y financiado en sistemas de capitalización colectiva. Esto se modifica y reformula con la ley 14.370 con el sistema de reparto. Actualmente, tenemos una visión sobre lo inclusivo”. De esta manera, describió su labor como miembro de la comisión para el estudio, colaboración y sanción de un proyecto de ley de cuidado: “El Poder Ejecutivo en el año 2020 crea la comisión con la finalidad de elaborar un proyecto de ley de cuidados con cierta perspectiva de género. Se busca reparar esa deuda que se tiene con un sector determinado. Creo que en la seguridad y en la previsión, hay otro paradigma y esto se ve claramente reflejado en los cuidados”.
Posteriormente, Pablo Arnaldo Topet remarcó la importancia de comprender a la seguridad social como un derecho humano: “Es un contenido indisociable de una sociedad democrática. Con la Declaración de Filadelfia, tenemos un reconocimiento y una revalorización del concepto”. Así, afirmó: “Hay un problema estructural en la sociedad que es la discriminación por motivo de género. Esto ha generado una profunda desigualdad en todos los órdenes, inclusive en el mundo laboral. Normativamente se le asigna a la mujer todas las cuestiones de cuidado”. En este sentido, identificó la propuesta presentada en conjunto por Ministerio de la Mujer y el Ministerio de trabajo tendiente a crear un complejo de estatalidad en materia de cuidado: “Introdujimos este proyecto apoyándonos en la normativa internacional, fundamentalmente en la Recomendación 156 sobre Responsabilidad Familiar y el Convenio 183 sobre Protección de la Maternidad. Es un texto que contribuye a construir un sistema más igualitario en términos de derechos. Reconocemos que el principal problema de la seguridad social es su financiamiento, por esto, generamos un desarrollo progresivo de reconocimiento de corresponsabilidad”.
De modo concluyente, Silvina Verónica Arcaro estimó: “La ESMA presentó una opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de cuáles son los alcances y contenido del cuidado” y sumó “de acuerdo con la OIT, en todo el mundo y sin excepción, las mujeres realizan la mayor parte de los trabajos de cuidado no remunerados, dedicando en promedio 4 horas y media al día, a diferencia de los varones que sólo ocupan 1 hora y media. Estos datos reflejan las desigualdades en el ejercicio y goce de los derechos humanos”. En lo que respecta a la situación de Argentina, dijo: “Nuestro país se encuentra por debajo de las recomendaciones de la OIT. Si contáramos con un régimen de licencias igualitarias, se eliminaría uno de los principales sesgos que provoca la discriminación hacia las mujeres en el mundo del trabajo. La construcción de un estándar jurídico claro es lo que permite traducir a la norma internacional en una política pública pasible de ser diseñada, implementada y monitoreada”. En último término, expresó: “Considerar al cuidado como un derecho humano es un primer paso para distribuir la responsabilidad de cuidados en todos los miembros de la sociedad, y no sólo en las mujeres. Es un derecho de todos/as que nos incluye, protege y obliga”.