Derecho y protesta
Pepino Fernández, Mara Puntano, Marina Schifrin, Juan Carlos Hippie Fernández, Roberto Gargarella y Horacio Gonzáles
El profesor Roberto Gargarella realizó una introducción respecto al tema de la conferencia y presentó a los disertantes.
Marina Schifrin –docente de Bariloche– inició su exposición recordando que desde 1995 el proceso de destrucción de la escuela se ha acelerado notablemente. Como ejemplo de ello, indicó los bajos sueldos que perciben los maestros en Río Negro y que, frecuentemente, los pagos son realizados con una demora de alrededor de tres meses. También señaló las grandes deficiencias edilicias con las que convive la educación pública. Enfatizó el hecho de que varios de sus colegas no disponen de sillas suficientes en los salones de clases. En este marco, previa asamblea y frente a una nueva rebaja salarial, el día del maestro de 1997, se decidió hacer un corte de ruta, al que concurrieron 500 personas. Reveló que por haber participado de este evento de protesta fue procesada y luego condenada a 3 meses de prisión en suspenso, con la accesoria de una prohibición de efectuar manifestaciones sociales. Al relatar el desarrollo del proceso, destacó que lejos estuvo de poder calificarse como “público”, pues tuvo lugar en el despacho del juez “sin dejar entrar a casi nadie”. A pesar de ello, dejó en claro su firme voluntad de tomar la realidad aprovechando estas condenas para seguir en la lucha. Finalmente, propuso la creación de una base de datos de manifestantes procesados y un comité solidario permanente a fin de facilitar la ayuda a los luchadores sociales, desde una base de unión fortificadora y no desfragmentación.
Pepino Fernández comenzó su charla comentando que su lucha se remonta a la época en que se privatizó YPF, época en la que quedó desocupado y el pueblo salteño de General Mosconi se sumía el caos. Sostuvo además que esta situación anárquica post privatización se encuentra agravada por tratarse de una región fronteriza con Paraguay y Bolivia, siendo un punto “estratégico” del tráfico de drogas. En este sentido, recordó que desde entonces demanda la recuperación de su derecho a trabajar, a la salud y educación, así como de los recursos naturales saqueados. Estimó que cada una de sus 76 causas abiertas representan una obra que se ha conseguido para la comunidad, habiendo conseguido ya desde puentes hasta hospitales. Denunció, por otro lado, que en General Mosconi la contaminación química conjuntamente con la escasez de agua ha provocado numerosas muertes. Dentro de esta realidad, declaró que el único recurso que ostenta es el grito de S.O.S. a través del corte de rutas.
Mara Puntano –abogada de más de 600 luchadores sociales– puso en relieve que en una provincia donde más del 68% de su población vive bajo el nivel de la pobreza desde la privatización de YPF en 1991, luego de agotar todas las vías legales y frente a la imposibilidad de recurrir a un sindicato, dada su calidad de desocupados, se recurre en última instancia a la protesta social mediante el corte de rutas a fin de solicitar trabajo digno. En estas condiciones, ella afirmó sufrir una doble criminalización, tanto a nivel provincial, como nacional. Arguyó que estas conductas no pueden ser penalizadas dado que significan el libre ejercicio del derecho a peticionar que se respete la vigencia de los derechos a un trabajo digno, a la salud, a la educación, etc. Asimismo agregó que se actúa bajo un claro estado de necesidad. Concluyó especificando que solo se pide que el gobierno cumpla con la restitución del trabajo y de los recursos naturales saqueados como fruto de la omisión legislativa.
Por último, Juan Carlos Hippie Fernández, ex trabajador de YPF, primeramente reclamó por el derecho a la vida. Remarcó que en las condiciones en que ha sido reducido su pueblo luego de las privatizaciones, se ha pasado de una expectativa de vida promedio de 51 años antes de los 90, a una de 40. Estimó que ello se debe principalmente a los productos químicos utilizados por las petroleras y la escasez de agua de la región. Destacó alguno de los últimos logros realizados, entre los que cabe mencionar la inauguración de un complejo universitario en carrera de magistratura y diversos proyectos comunitarios en el ámbito educativo, institucional y religioso. Finalmente afirmó: “...si bien pueden procesarnos e incluso matarnos en las rutas, resulta tranquilizador el saber que nuestros hijos no dirán que no buscamos alternativas nuevas para ellos”.