VI Encuentro de derecho de las familias y derechos humanos
Derecho al aborto
Ana Moreno, Paula Mayor, Néstor E. Solari y Natalia Torres Santomé
Ana Moreno, Paula Mayor, Néstor E. Solari y Natalia Torres Santomé
Ana Moreno, Paula Mayor, Néstor E. Solari y Natalia Torres Santomé
Ana Moreno, Paula Mayor, Néstor E. Solari y Natalia Torres Santomé
En el Salón Azul, el pasado 4 de julio la Cátedra de Derecho de Familia y Sucesiones del profesor Néstor E. Solari organizó el VI Encuentro de derecho de las familias y derechos humanos. En esta oportunidad, la reunión versó sobre el derecho al aborto.
La apertura del encuentro estuvo en manos de Paula Mayor (integrante del cuerpo docente de la cátedra de Derecho de Familia y Sucesiones del profesor Néstor E. Solari). “El objetivo de este sexto encuentro es invitarlos a pensar y a contribuir con información desde una perspectiva interdisciplinaria sobre la interrupción voluntaria del embarazo”, introdujo. Luego se dio comienzo al primer panel compuesto por Néstor E. Solari (doctor en Derecho, profesor titular de Derecho de Familia y Sucesiones, UBA), Natalia Torres Santomé (doctora en Derecho, profesora de Derecho de Familia y Sucesiones, UBA) y Ana Moreno (trabajadora social especialista en género, docente e investigadora UNLa).
Néstor E. Solari reconoció que “existen muchos derechos que están en juego y, en ese sentido, me parece importante destacar que en el debate de la opinión pública existe una contradicción insalvable entre el derecho a la vida del niño por nacer y el derecho al aborto”. Asimismo, expresó que si los derechos se interpretan de forma absoluta se contraponen con los otros derechos. “Por lo tanto acá el debate no es si uno está a favor de la vida o no porque ese reduccionismo es un concepto religioso; es una forma simplificada de reducir la complejidad del tema diciendo ‘estoy a favor de la vida o de la muerte’ y eso no es un debate”, subrayó y puntualizó: “Frente a la colisión de derechos, del derecho del por nacer a la vida y el derecho de la mujer a abortar la pregunta es cuál debe prevalecer”.
Por su parte, Natalia Torres Santomé recordó que “el art. 86 que nosotros tenemos hoy de 1921 no exige la judicialización, no exige que la mujer que está en una situación de excepción deba pedirle al juez que la autorice. No debería judicializarse”.
Además, remarcó: “La persona por nacer no es en el derecho argentino, y no lo ha sido nunca desde nuestra codificación, una categoría axiológica igual que la persona nacida. Por lo tanto, cuando hablamos de persona por nacer, no podemos equipararla al niño porque son dos conceptos jurídicos diferentes”.
Luego manifestó que “Argentina tiene desde 1921 un sistema de indicaciones respecto del aborto. Si este sistema funcionara bien, tal vez no se hubiera habilitado este debate. El problema es que el sistema que está hoy expulsa a las mujeres el sistema de salud, obligando para la efectivización de este derecho primero el secreto”.
Seguidamente, Ana Moreno brindó una serie de apreciaciones desde el trabajo social, “que está estrechamente ligado a la interrelación disciplinaria y a la atención con el derecho o el no derecho al aborto”, detalló. Asimismo, indicó: “Intermediamos para que no le tengan miedo al médico, al juez y para generar el control de ejecución penal en términos de lo que establece la punibilidad de la media sanción del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo” y agregó que “intermediamos en la cuestión del delito o del no delito. Intermediamos, incluso, en la clandestinidad para salvaguardar los derechos de esa mujer”.
Contó también que “tenemos una ley de ejercicio federal profesional medianamente nueva. Fue legislada, sancionada y promulgada en diciembre del año 2014”.
A continuación, expuso Fabián Portnoy en el marco del segundo panel. Puntualizó: “Hubo y existe todavía una avidez muy grande de parte de los médicos y las médicas generalistas en capacitarse en temas de aborto y, evidentemente, la respuesta en el país que han dado los médicos y las médicas generalistas ha sido muy grande”. Posteriormente, contó que “en la Ciudad de Buenos Aires ocupan un lugar privilegiado en términos de la efectividad en el acceso de las mujeres tanto a lo que es la política de reducción de riesgos y daños como a aquellos casos contemplados en el marco legal vigente”.
Recordó también que, a nivel nacional, hubo dos hechos que cambiaron radicalmente la forma de hacer accionar para los médicos en particular. “Uno de ellos fue el fallo F., A. L. s/ medida autosatisfactiva, que nos permitió trabajar en muchas mejores condiciones, dar un salto en relación con el tema del acceso y nos permitió abrir debates en todo el ámbito de la federación y de los equipos de salud. El otro hecho notal ha sido la disponibilidad del misoprostol; el contar con una de las medicaciones específicas para abortos medicamentosos también nos ha permitido dar un salto muy grande en términos de accesibilidad”, desarrolló.
Hacia el final, enfatizó: “Cuando pensamos en políticas sanitarias no estamos tomando en cuenta los posicionamientos morales o religiosos, estamos tomando en cuenta la política sanitaria. Como decía un amigo en el debate del Congreso: política, no metafísica”, y concluyó que “está claro que quienes pagan las consecuencias más caras en relación con la inseguridad del aborto son las mujeres pobres”.
Viviana Mazur rememoró que existieron algunos conflictos que resultaron paradigmáticos que fueron tomados desde el derecho con mucha fuerza, como fue el caso de Ana María Acevedo en Santa Fe o como fue el punto de inflexión tan importante con el fallo F., A. L., “a partir del cual la Corte Suprema de Justicia dijo ‘nosotros nunca vamos a poder actuar sobre una situación concreta por los tiempos que determina un embarazo y los tiempos que tiene la justicia pero vamos a decir de ahora y en adelante: los médicos no pueden ni deben pedir autorización judicial’”, especificó. A partir de esto, expresó: “Empezamos a trabajar y a pelear porque este modelo de causales pueda ocupar un lugar en la práctica de los equipos de salud, entendiendo que tenía una limitación importante que es la que podría zanjarse a partir de la aprobación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo y es que sigue estando en manos del equipo de salud la decisión de si un aborto es legal o no en nuestro país”.