Democracia y penalidad: perspectivas comparadas
El equipo del Proyecto de investigación DeCyT 2014-2016 “Castigo y Democracia. Teoría y práctica penal en Argentina y América Latina” organizó la Charla-debate “Democracia y penalidad: perspectivas comparadas” el 14 de diciembre en el Salón Verde. La actividad contó con tres exposiciones moderadas por Diego Zysman Quirós, quien, a su vez, expuso: “Nos pareció interesante poder aprovechar una reunión, que no siempre se da fácilmente, y de esta manera hacer el cierre del año con una perspectiva que compara temas que son claramente inherentes a algunas de líneas de búsqueda de nuestro proyecto”.
La primera ponencia versó sobre “Democratización tardía y penalidad. El caso Español” y estuvo a cargo de José Ángel Brandariz García (España). El expositor afirmó que cualquiera que esté familiarizado con el debate académico internacional en torno a las dinámicas que inciden en la producción de determinados niveles de punitividad, se encontrará que uno de los factores que más se pone encima de la mesa es la economía.
Una de las razones de que esto sea así, indicó, es que en los países en los cuales se producen los libros que consumimos y que nos explican los niveles de punitividad, son países que llegaron a un proceso de democratización tendencialmente plena en torno a 1880. En el marco del caso español, explicó que el proceso de democratización en España comienza en 1975 o 1977, “depende de donde lo midamos”, comentó, por lo tanto España pertenece exactamente igual que Brasil, que Argentina y que muchos otros países de África, a la tercera ola de la democratización y agregó que en los 200 años en los que los países anglosajones iban profundizando sus procesos de democratización, España conoció 52 golpes de estado. Por otro lado, se focalizó en la evolución e incremento de la tasa de población penitenciaria española a través de los años.
Más tarde, comenzó la ponencia Daniel Achutti (Brasil) acerca de “Encarcelación, exclusión y déficits democráticos en Brasil”. En este contexto, sostuvo que la población brasileña ha crecido regularmente en los últimos 20 años, pero el panorama de la población encarcelada es un poco diferente. En 1995 había 150 mil personas en la cárcel. Hoy hay 600 mil personas encarceladas y 150 mil personas en prisión domiciliaria. “El crecimiento fue sustancialmente muy grande”, resaltó. Luego, explicó que más del 50% de las personas encarceladas no tienen la educación básica completa. Seguidamente, desarrolló que la razón por la cual el Consejo Nacional de Justicia ha incluido los presos domiciliarios en la contabilidad oficial es porque de esta forma se reduce, sin hacer nada, el número de personas sin condena definitiva. “El concepto de dignidad es algo que se encuentra en los libros pero cuando se va a la calle pueden ver que la dignidad es más próxima de los gabinetes que de la realidad”, reconoció y añadió que la sociedad brasileña es movida política y socialmente por el clientelismo y el autoritarismo.
Hacia el final, aseveró que la democracia brasilera es frágil y tiene pequeño apoyo popular y concluyó en que el exceso de punitividad no está haciendo ningún efecto en términos de mejorar la democracia; la violencia no es considerada cuando es practicada por el Estado; la justicia criminal tiene una adhesión muy pequeña de los ideales democráticos y las facultades de derecho no trabajan la legislación conectadas con la realidad social.
Por último, se llevó adelante la exposición a cargo de Paul Hathazy (Universidad Nacional de Córdoba) sobre “Dictadura, Democratización y políticas penales: campos carcelarios de Argentina y Chile”. El orador indicó que el eje de su presentación es explicar la relación entre la transición a la democracia y las variaciones que hay respecto de la punitividad en Argentina y Chile, relación que, a su vez, forma parte de su tesis doctoral en sociología. En esta línea, expresó que Argentina tiene un efecto de transición largo y que inmediatamente después de la transición, hay una deslegitimación de la prisión. Así, progresivamente hay una política de reducción de su uso y el incremento pasa a ser moderado. En cambio, en Chile se observa un efecto de transición corta. La reducción del uso de prisión después de 1990 es observable pero muy corta y el incremento comienza bastante rápido y de modo bastante sistemático y acelerado. Posteriormente, precisó: “Lo que me parece muy útil es ubicar lo que yo llamo ‘el campo carcelario’”, que es el enfoque que hay que darle al entramado de relaciones que existen entre las burocracias, los actores políticos, los expertos y los académicos, en definir ciertas orientaciones políticas. Finalmente, afirmó que las disparidades que observamos en las políticas punitivas entre Argentina y Chile son explicadas por las diferencias en los siguientes factores: la militarización de las prisiones; tipo de transición, pactada o no pactada; la plataforma de los partidos que asumieron la post transición; cómo se reconfigura el sistema de expertos; y el grado movilización carcelarias.
“Nos pareció interesante poder aprovechar una reunión, que no siempre se da fácilmente, y de esta manera hacer el cierre del año con una perspectiva que compara temas que son claramente inherentes a algunas de líneas de búsqueda de nuestro proyecto”, expuso Diego Zysman Quirós.