Democracia, diálogo social y negociación colectiva. Reflexiones al cumplirse cuarenta años de democracia ininterrumpida en la República Argentina
Juan Pablo Mugnolo, Leandro Vergara, Raquel Cecilia Kismer de Olmos y Héctor Guisado
El pasado 18 de mayo, en el Salón Rojo, se llevó a cabo la actividad “Democracia, diálogo social y negociación colectiva. Reflexiones al cumplirse cuarenta años de democracia ininterrumpida en la República Argentina”. El acto de apertura estuvo a cargo del decano Leandro Vergara, Héctor Guisado (presidente de la AADTYSS) y Juan Pablo Mugnolo (subdirector del Departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social). El decano hizo hincapié en la importancia del diálogo y las negociaciones colectivas con los gremios. “Sin un derecho laboral, ningún país arranca”, aseguró.
Formaron parte del panel de profesores/as: Horacio las Heras, Mónica Copani y Jorge García Rapp. Por su parte, integraron el panel de actores del diálogo social: Raquel Cecilia Kismer de Olmos (Estado); Carlos Aldao Zapiola, Pedro Etcheberry y Alfredo González (sector empresario) y Héctor Daer (CGT), Hugo Yasky (CTA) y Gildo Onorato (UTEP).
Raquel Cecilia Kismer de Olmos habló sobre su militancia política en el peronismo y como este tiene como identidad el esfuerzo colectivo para un derecho laboral eficiente. Celebró los 40 años continuos de democracia porque en este proceso se observa uno de los pilares más fuertes del derecho laboral, que es el interrumpido diálogo entre el Estado, el empresariado y los/as trabajadores/as. Vinculó el derecho laboral, con el derecho de agremiación. “El derecho laboral no es un derecho individual”, expresó. Ambos los explica como fundamentales para el derecho porque la relación individual entre trabajador/y empresario/a siempre es desigual. Por eso la calidad de las asociaciones gremiales es importante. Y añadió que la capitalización de las reformas laborales serán un peligro para la relación tripartita.
A continuación, intervino Horacio las Heras e hizo referencia a lo acontecido en materia laboral durante los 40 años de democracia ininterrumpida. En este marco, ofreció una mirada general sobre el contexto histórico laboral argentino. Divide este período democrático en cuatro etapas. La primera durante el gobierno radical de Ricardo Alfonsín (1983-1988), con poca negociación colectiva y utilización de decretos-ley para combatir la inflación. Entre 1988-1990 se reabrió la negociación colectiva para poner en vigencia la antigua Ley 14.250. Además, hubo una modificación sobre la regulación del procedimiento de negociaciones (Ley 23.545) y se emitieron los decretos 199 y 200. La segunda etapa comienza en 1990 durante el gobierno justicialista de Carlos Saúl Menem (1989-1999) donde se volvió a la implementación de decretos. Se pasa además a un modelo descentralizado de negociación con un incremento del 19 al 89 por ciento en convenios entre empresas. La tercera etapa es el gobierno de la Alianza (1999-2001) en el que se buscó expandir la negociación, pero se ve interrumpida por el corralito. El cuarto período (2003-hasta la actualidad) se centralizó la relación entre capital y trabajo con el propósito de mejorar salarios y la representación de los/as líderes gremiales. Se sanciona la Ley 25.867 con la que hoy en día se sigue manejando la negociación colectiva. “Es una ley que aparece como un remedio, no como una ley definitiva”, expresó. Luego remarcó la importancia de la transparencia empresarial, la posible regionalización para la más eficiente solución de conflictos laborales y la idea que el verdadero progresista es el que da puestos de trabajo formal y es protagonista del conflicto social. “El problema social, es el ingreso laboral y los abogados nos solemos ocupar solo de la salida”, detalló.
Seguidamente, Mónica Copani amplió la reflexión y destacó la realización profesional como un factor importante, tanto la formación del/de la trabajador/a como también de la persona. “El ingreso al empleo es el objetivo final. La educación es un derecho fundamental alabado internacionalmente (Convenio de San Salvador) que debe ser respetado y protegido por los estados. Éstos, a su vez, deben expandirse no solo a los adolescentes sino también a los adultos y personas con capacidades diferentes”, enfatizó.
Jorge García Rapp aludió a los caminos adecuados hacia una reforma que se adapte a la modernidad. “Primero se debe informar al público sobre los temas para que ellos mismos puedan sacar sus conclusiones. Esta recopilación de información también nos sirve para el derecho comparado con países como Alemania e Inglaterra. El diálogo sobre la seguridad social sirve para las generaciones posteriores”, planteó.
Héctor Daer indagó sobre la voluntad de diálogo. “Aunque haya discusión, no somos iguales. El mundo nos demuestra que donde no hay un énfasis en las organizaciones sindicales la desigualdad es predominante. Es labor del Estado el tutelaje de dichos derechos”, subrayó y añadió que “el salir hacia arriba, hacia el mundo globalizado, tiene que ser con todos y de manera sustentable”.
Por su parte, Carlos Aldao Zapiola comentó sobre el diálogo social de manera no jurídica. “Tenemos un planeta en expansión, pero cada vez con menos recursos. Problemas o inquietudes como el terrorismo, crimen organizado, escalada de violencia, epidemias, hambrunas, inmigración, la revolución tecnológica y por último las expectativas ante la globalización, nos obligan a debatir de que se debe hacer en materia laboral y materia humana. Todas estas cuestiones ya no son problemas regionales ya que pasaron a un marco global rápidamente y deben ser discutidos”, puntualizó. Y concluyó: “El diálogo nunca se debe interrumpir”.
Para finalizar, Pedro Etcheberry afirmó que el problema no solo afecta a los actores del trabajo sino a la sociedad entera. “Necesitamos un modelo económico que desarrolle las fuerzas productivas y que estas puedan darle al hombre todos aquellos beneficios que se le hacen necesarios. El derecho del trabajo no puede solucionar los problemas, pero tampoco quiere decir que las convenciones colectivas sean origen de inflación. Estas las pueden mantener, pero no dar origen. Son los gobiernos los causantes”, indicó. Y agregó que “es el trabajo del sector empresarial y sindical la creación de ciertas pautas para el desarrollo continuo y la llegada de un consenso con énfasis en el medio ambiente y la salud del trabajador”. Por último, sostuvo que “las restricciones abusivas son las causantes de la traba de la inversión en la Argentina”.