De la ILE y la ESI a la IVE. De la legislación que tenemos, a la legislación que queremos
Brenda Austin, Carla Carrizo, Carmen Storani, Tamara Hall y María Belén Dileo
En el Salón Azul, el pasado 5 de junio se llevó adelante la actividad “De la ILE y la ESI a la IVE. De la legislación que tenemos, a la legislación que queremos”, que organizo el Área de igualdad de género y diversidad para estudiantes.
En este marco, brindaron su aporte Carmen Storani (directora provincial de Salud Comunitaria y Entornos No Violentos del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires), Brenda Austin (diputada nacional, UCR-Córdoba) y Carla Carrizo (diputada nacional, Evolución Radical-CABA). Moderaron María Belén Dileo (abogada feminista, UBA) y Tamara Hall (abogada feminista, UBA).
Tras una breve introducción de Cristina Carreras Lobo, coordinadora del Área de igualdad de género y diversidad para estudiantes, comenzó su disertación Carmen Storani. En primer lugar, se refirió al protocolo para la interrupción legal del embarazo y explicó que la provincia de Buenos Aires tiene su protocolo que está adaptado al fallo F., A. L. s/ Medida autosatisfactiva (fallo FAL). En este sentido, sostuvo: “Quienes estamos en este ámbito sabemos perfectamente que el aborto legal existe desde hace casi un siglo dado que el art. 86 del Código Penal del año 1921 dice ‘el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer en cinta no es punible’”.
En cuanto al fallo, explicó que FAL empezó toda la vía recursiva desde su provincia pero ya se había practicado el aborto en el sistema clandestino porque ninguno de los estamentos permitió, salvo la Cámara, que pudiera tener acceso a un aborto no punible. “Pero la Corte igual se expidió a pesar que se podría haber considerado que el tema había devenido abstracto y explicó que lo hacía porque había mucha confusión y denegación de Justicia y porque quería legislar para los casos futuros para que no vuelva a suceder el sufrimiento y el menoscabo a los derechos humanos de FAL”, subrayó Storani y agregó que “la Corte establece que “la judicialización no debe ser una práctica institucional porque es innecesaria, no la requiere el Código Penal, porque es ilegal y obliga a la víctima de un delito a exponer su identidad es contraproducente y la demora pone en riesgo la salud de la mujer”.
A su turno, Carla Carrizo manifestó: “La ley de Educación Sexual Integral (ESI) es de 2006, le dimos 4 años para implementarla, 180 días para pensar un programa y llegamos hasta acá con estos pésimos resultados. (…) El 60% del alumnado no recibió lo que debía recibir. Hay una cuestión con el acceso al derecho y de falta de política”.
Por otro lado, expuso que en Argentina se adoptó el mismo modelo de educación sexual integral que en Europa pero distinguió: “En Alemania hay 996 embarazos adolescentes, es decir hasta veinte por año. En Argentina, con el mismo enfoque desde la infancia, la primaria, la secundaria, los docentes y la formación técnica no universitaria, hay 109.000 embarazos adolescentes de menores de 20 y 3000 de menos de 15 años”. En este sentido, aseveró que “hay muchas leyes pero hay poca capacidad para obligar (...). Empecemos a obligar al Estado, empecemos a tener responsabilidad colectiva cuando legislamos”, y puso de manifiesto la necesidad de tener un ranking que penalice, premie y castigue el cumplimiento de la ley. “Hay que ir a ese tipo de capacidad estatal con respecto a la ESI”, remarcó.
Por su parte, Brenda Austin recordó que “la reforma constitucional de 1994 le da a nuestro país otro marco desde dónde mirar y pensar el derecho. Es una reforma muy cuestionada en algunos puntos pero implica una enorme conquista de derechos humanos para el país y da un cambio de paradigma. Ahí aparecen los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional”. Indicó, también, que “los fallos Corte Interamericana de Derechos Humanos y los informes de los órganos de monitoreo como el Comité de los Derechos del niño, el Comité de los derechos humanos, el Comité de la CEDAW y el Comité contra la tortura desde la reforma de la Constitución hasta acá vienen diciéndole a nuestro país que está incumpliendo con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, en materia de derechos de la mujer y en materia de protección de los derechos de las niñas adolescentes (…) pero no pasa nada con esto”.
Seguidamente, planteó la necesidad de pensar de qué manera se construyen los consensos para dar los debates públicos y reconoció que “en el caso de la IVE estamos atrapados en un debate donde es difícil pasar en limpio los acuerdos”.