Cuenca Matanza Riachuelo: desafíos para su saneamiento
El pasado 1º de octubre tuvo lugar en el Salón de Usos Múltiples del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja una actividad en la que se analizó la situación actual dela Cuenca MatanzaRiachuelo. El evento fue organizado por el Seminario Permanente sobre Derechos Sociales y Políticas Públicas, y por el Proyecto PICTO/FONCYT/CIN “Acceso a la justicia y marginaciones sociales. Líneas estratégicas provenientes del activismo judicial y social en la región metropolitana de Buenos Aires”.
La primera oradora fue Gabriela Merlinsky, del Instituto Gino Germani y proyecto PICTO, quien señaló que el saneamiento del Riachuelo debe ser entendido como un conflicto ambiental de envergadura mayor para la región metropolitana de Buenos Aires y que durante años estuvo silenciado o ignorado por la dirigencia política. Sin embargo, a partir de la intervención dela Corte Suprema de Justicia en el caso Beatriz Mendoza se transformó un conflicto latente en un conflicto abierto. “Algo que estaba repartido entre muchos actores, entre muchas demanda diversas, diferentes escenarios, diferentes problemas complejos que incluyen el acceso al agua potable, el saneamiento de los cursos de agua contaminada y el control de las industrias, ahora empezaron a ser tratados en un mismo ámbito, en una arena judicial”, explicó Merlinsky. En definitiva, se judicializó la política ambiental, debido a que el plan de saneamiento de la cuenca ya no se discute exclusivamente enla Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable sino que también se discute en sede judicial. Además, consideró que el caso Beatriz Mendoza de junio de 2006 es un caso testigo, ya que permite establecer pisos mínimos de deliberación sobre la cuestión ambiental metropolitana. Se refirió también ala Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), un ente interjurisdiccional de Derecho público, creado en noviembre de 2006 por la ley nacional26.168, a la que han adherido las Legislaturas dela Provincia de Buenos Aires y dela Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este ente articula el Plan Integral de Saneamiento Ambiental dela Cuenca Matanza Riachuelo (PISA), teniendo facultades de regulación, control y fomento respecto a las actividades industriales, la prestación de servicios públicos y cualquier otra actividad con incidencia ambiental en la cuenca, pudiendo intervenir administrativamente en materia de prevención, saneamiento, recomposición y utilización racional de los recursos naturales. Afirmó entonces que la sanción de la ley 26.168 se sancionó en respuesta a las exigencias de un plan integral de saneamiento impuestas por parte dela Corte Suprema en el ya mencionado caso Beatriz Mendoza. Paulatinamente, observó que empiezan a concretarse algunas acciones tendientes al saneamiento de la cuenca como, por ejemplo, la limpieza del espejo de agua, la inspección de las empresas contaminantes, el traslado de las empresas químicas del polo petroquímico, entre otras.
“La Cortemantuvo dos años la causa abierta pero en algún momento tenía que cerrar algo, porque sino eso mismo que quería hacer que era generar un caso testigo en términos de construcción de derechos, si seguía abierto ilimitadamente en el tiempo se podía deslegitimar, y entonces dicta sentencia por recomposición y prevención, dejando pendiente lo que es la reparación de los daños colectivos”, comentó. A su vez, explicó quela Corte Supremapara asegurarse la ejecución de su pronunciamiento le atribuyó la competencia de control judicial al Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes.
Luego, Leandro García Silva, dela Defensoría del Pueblo dela Nación, relató que a partir de lo ordenado porla Corte Suprema se ha conformado en el ámbito dela Defensoría del Pueblo dela Nación un cuerpo colegiado a fin de habilitar la participación ciudadana en el control del cumplimiento del plan de saneamiento, que está conformado por el propio Defensor de Pueblo dela Nación -encargado de la coordinación-, además de un representante por cada una de las siguientes organizaciones: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Asociación de Vecinos deLa Boca, Fundación Greenpeace Argentina y Asociación por los Derechos Humanos. Ya Merlinsky había advertido que no ha quedado del todo claro cuál es el rol que cumple este cuerpo colegiado, esto es, si tiene que controlar la ejecución de la sentencia o toda la ejecución de la política pública. García Silva reconoció que en estos últimos cuatro años el rol de este cuerpo ha ido variando, aunque esencialmente “lo que el cuerpo colegiado asumió es el mandato que le diola Corte, que significa de algún modo actuar como la participación ciudadana en la ejecución de la sentencia que no es necesariamente el control de sentencia porque el cuerpo colegiado no es un organismo de control, básicamente actúa opinando”. En tal sentido, este cuerpo colegiado evalúa lo actuado por ACUMAR para más tarde poder opinar de un modo fundado.
Teniendo presente el calamitoso estado dela Cuenca Matanza Riachuelo, Leandro García Silva aseguró que una de las principales preocupaciones es la salud de alrededor de 6 millones de personas que viven en la cuenca. A ello se le debe adicionar que “algunas estimaciones dicen que el 30% del producto bruto industrial, es decir, el 30% de la industria argentina está ubicada en esta cuenca; son los números según lo que se pudo saber ahora porque cuando empezó esta historia no se sabía, no había registros, no había información, y luego de la sentencia la información se tuvo que ir construyendo, y aproximadamente hay unas 11.000 industrias asentadas en la cuenca”. Indicó también que la gran mayoría de estos emprendimientos industriales se localizan en los primeros cordones del conurbano bonaerense, con excepción de algunos frigoríficos que pueden hallarse en las aéreas rurales se la cuenca. Otro punto de álgido es el polo petroquímico de Dock Sud en donde quienes residen en sus inmediaciones están expuestos al refinamiento de combustibles fósiles y químicos varios.
“Lo que el cuerpo colegiado asumió es el mandato que le dio la Corte, de algún modo actuar como la participación ciudadana en la ejecución de la sentencia”, expresó Leandro García Silva.