COVID-19: derecho y políticas sociales
COVID-19: derecho y políticas sociales
El pasado 16 de abril el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio L. Gioja” organizó el taller online “COVID-19: derecho y políticas sociales” a través del canal de YouTube y la cuenta de Facebook del Instituto.
Participaron del mismo: Pilar Arcidiácono (“Transferencias de ingresos a las familias en contextos de COVID-19”), Camila Fernández Meijide y Martín Aldao (“Pandemia y aislamiento obligatorio en condiciones de desigualdad estructural: el caso de los barrios populares") y Lila García ("Impacto de las políticas públicas nacionales y regionales en la movilidad humana"). El profesor Marcelo Alegre, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio L. Gioja”, moderó el intercambio.
En primer lugar, Pilar Arcidiácono explicó que existen dos tipos de intervenciones. Por un lado, una intervención que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social. “Es una intervención más tradicional, sobre todo, en clave de lo que tiene que ver con el conjunto de prestaciones alimentarias y que requieren de diferentes intermediaciones y que tienen diversas complejidades”, sostuvo. Y reconoció que la asistencia tradicional pone en juego una trama asociativa que se potencia en contextos como el actual. “Uno está viendo permanentemente diferentes espacios de organizaciones de base, movimientos sociales y cómo ese entramado entre agentes sociales y agentes estatales posibilitan la llegada a bienes y servicios que hacen a la asistencia social”, planteó.
Luego se refirió a la política de transferencia de ingresos que se dio a partir del confinamiento y sus repercusiones en el mercado de trabajo y en los ingresos de las familias: el ingreso familiar de emergencia (IFE). “Es un ingreso que se montó en las últimas dos semanas por parte de la ANSES destinado a sectores que están en situación de informalidad, monotributistas sociales, monotributistas de las categorías más bajas, A y B, todo el personal de casas particulares, registradas o no, y para toda la población que venía cubierta por la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo y otros programas sociales”, expresó.
En este marco, afirmó que “este es un buen caso para después dar cuenta en aula, en trabajo cotidiano en la investigación, de cómo son los problemas de las incompatibilidades, quién entra, quién no, quién queda afuera, cómo se puede cubrir el Estado de este famoso temor, de la famosa sospecha moral por la trampa de los pobres de ingresar a prestaciones que supuestamente no merecen”. Y agregó: “Cuáles son aquellos errores que se pueden cometer teniendo una boca más abierta por parte del Estado, los famosos errores de inclusión y también cuales son los grandes errores de exclusión que puede haber en una política de este tipo”.
A continuación, intervino Laura Pautassi, repuso los antecedentes del ingreso ciudadano y enfatizó que “es un momento para dar la discusión legislativa, y particularmente porque las transferencias, como dijo Pilar, están legitimadas en Argentina”. Por otro lado, comentó que la universalidad tiene que ver “con todo este ámbito de desigualdad estructural que son las relaciones laborales formales pero también las relaciones de trabajo de cuidado que se están haciendo en los hogares. Hoy esto está visiblemente manifestado pero eso no significa que se haya visibilizado en las dimensiones que tiene”, aclaró.
Para finalizar, indicó que “para superar las políticas asistencialistas, que en este momento se requieren necesariamente porque hay que asistir, hay que discutir la informalidad, la salida del confinamiento obligatorio y después cómo vamos a seguir con esta línea”. Y sumó que “hay que discutir de esta misma mano las formas de resolución de la problemática social del cuidado, no es una problemática de cada hogar, sino que es una problemática de transformación”.
Por su parte, Martín Aldao señaló que los barrios populares representan un trece por ciento de los hogares de la Ciudad Buenos Aires y explicó la relevancia de analizar la situación de estos sectores. “Por un lado, son el sector más golpeado tanto en términos sanitarios, eso viene contenido por el momento, pero no sabemos cómo va seguir, pero también en el sentido económico por esta crisis”, aseguró y añadió que “por otro lado, porque se trata de la fuerza de trabajo que sostiene las tareas de cuidados en un sentido muy amplio de nuestra sociedad: construcción, mantenimiento, logística, limpieza, enfermería, cuidado doméstico, delivery”. Y expresó que “los barrios populares o villas no son una anomalía sociourbanística, existen y crecen en todas las grandes ciudades de nuestra región porque nuestro sistema económico neoliberal requiere de una gran cantidad de mano de obra de bajo costo y cada vez menos mano obra calificada de clase media”.
En esa misma línea argumental, organizó su presentación en torno a cinco ejes: vivienda, alimentación, acceso a la salud, educación y trabajo. “Vivir el aislamiento obligatorio en los barrios, es hacerlo en muchos casos, en condiciones de hacinamiento. La cohabitación de familias en una misma vivienda triplica los porcentajes de ciudad formal. El promedio de habitantes por vivienda social entre tres, cuatro y cinco personas. Mientras que en el resto de la ciudad está entre tres y dos. Y, obviamente, la superficie de las viviendas en notablemente menor”, explicó. Además, aludió a las cargas de cuidado que afectan principalmente a las mujeres.
Aldao expresó que si bien estos barrios siempre atravesaron estos problemas, contaban con herramientas que se ven afectadas en el contexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio: “Dentro del repertorio de acciones, las más importantes tenían que ver con la capacidad de movilización, digamos el impacto en la vía pública, y por otro lado, la intervención judicial que tiene una larga y consolidada tradición de intervención en políticas sociales”. “Todo esto sumado a la incertidumbre respecto de la duración del aislamiento y la falta de claridad en las medidas de contingencias desplegadas por el Estado, sobre todo en cuestiones alimentarias, muchas idas y vueltas, falta de información, de lugares donde uno puede acercarse a saber qué es exactamente lo que está pasando, incluso la gente que tiene acceso a los funcionarios del Estado”, indicó.
Camila Fernández Meijide comentó sobre la situación de los migrantes: “La proporción de migrantes que viven en barrios populares es mayor que la que viven en resto de la Ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente provienen de países limítrofes y de Perú”. En términos de generales, la condición de migrante está asociada a una mayor vulnerabilidad relativa debido al desarraigo, las mayores dificultades a redes de contención y capital social. “A lo que puedo agregar situaciones de violencia doméstica y también mayores dificultades para insertarse en el mercado de trabajo, sobre todo el formal y regulado, sobre todo para las personas que viven en barrios populares, villas y asentamiento. Entonces, hay una gran proporción de migrantes que trabajan en el mercado de trabajo informal o en la economía popular”, afirmó. Asimismo, sostuvo que “algunos aspectos que redundan en la desigualdad estructural del migrante específicamente pueden tener que ver con la discriminación, el racismo y la xenofobia, tanto estructural e institucionalizada como en los tratos cotidianos y que se enlaza con otras formas de dominación como la clase social, el género y la orientación sexual, entre otras”. Y agregó que “estos factores dificultan en las condiciones actuales la vida de un inmigrante, ello se ve agravado en gran medida como consecuencia de la pandemia y del aislamiento obligatorio”.
Finalmente, instó a “problematizar y politizar esto que a veces escuchamos que a todos nos está afectando la cuarentena de la misma manera. No nos está afectando de la misma manera. La cuarentena se monta sobre desigualdades estructurales, y por otro lado, también pensar y colaborar con todas estas redes de cuidado y contención que se están generando de manera virtual y de manera presencial”.
Por último, Lila García retomó varias de las ideas presentadas por las/os expositores previamente e hizo hincapié en las implicancias del aislamiento para la movilidad, cuáles son los desafíos estructurales para la Argentina y la región en torno a las migraciones y aportó algunos datos sobre migrantes en relación con el IFE. “El aislamiento va directo al corazón no solo de una población móvil sino de una subjetividad que se construye sobre la movilidad misma”, explicó.
En relación con lo anterior, planteó que existen dos aspectos. “Uno muy claro que las migraciones sabemos que se mueven, las personas migrantes se mueven, con independencia de las barreras las dificultades, los desafíos. Son sobre todo migraciones de supervivencia”, expresó y sumó que “además hay otro nivel que tiene que ver con que este aislamiento exacerba o genera movilidades que en sí mismas que tiene que ver directamente con el cierre masivo de fronteras”.
Seguidamente, señaló que esta crisis agudiza las desigualdades estructurales existentes. Y aludió en particular a tres de ellas: la extendida irregularidad de las personas extranjeras en Argentina, la fragilidad de las economías migrantes y las condiciones habitacionales precarias en las que viven los/as migrantes. “Les extranjeres son les grandes excluides de las políticas sociales. Las políticas sociales cortan en lo nacional y el IFE no fue la excepción. Así como se piden tres años de residencia para la AUH en algunos se piden que sean extranjeros con residencia permanente. Es decir, el gran corte de las políticas sociales tiene que ver con la extranjería”, concluyó.