Constitución, regulación y derechos humanos: violaciones en el orden latinoamericano
Ramsis Ghazzaoui y Carlos F. Balbín
Ramsis Ghazzaoui y Carlos F. Balbín
Ramsis Ghazzaoui
Ramsis Ghazzaoui
El pasado 24 de septiembre, en el Salón Rojo, se llevó adelante la conferencia "Constitución, regulación y derechos humanos: violaciones en el orden latinoamericano", a cargo de Ramsis Ghazzaoui (magistrado vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo de Venezuela y profesor de Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela). Organizaron en conjunto la cátedra de Derecho Administrativo del Dr. Carlos F. Balbín y la Especialización y Maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública.
Tras ser presentado por Carlos F. Balbín, el profesor Ramsis Ghazzaoui comenzó diciendo que el título de su conferencia corresponde a tres aspectos que, desde una visión jurídica y política, tocan varios problemas en la región.
Luego indicó que “los problemas en relación con la constitución surgen de la aplicación de las constituciones en la región y aguas abajo se materializan en verdaderas violaciones tanto a los derechos fundamentales como a la aplicabilidad de la regulación y como actividad de la administración en la limitación de los derechos fundamentales”. Dentro de este marco, desarrolló: “En la teoría de la constitución el problema no radica en la normatividad de la constitución sino en la aplicabilidad que le dan los jueces y cómo deciden los jueces, es decir, qué aspectos jurídicos, políticos y humanos se generan en cuanto a la aplicabilidad de la constitución, más que nada en la justicia constitucional pero se traslada también a la justicia administrativa y a la justicia en general”.
Seguidamente, explicó que en la región latinoamericana en general “los jueces constitucionales tienen la última palabra y ese es el problema filosófico, jurídico y político que acarrean las grandes violaciones de la constitución: la interpretación constitucional”.
En este marco, sostuvo que “en Venezuela, desde el año 2004 en adelante, la justicia constitucional se ha dedicado a desmontar el Estado de derecho”, y agregó “al tener ellos la última palabra se ha tergiversado y se ha desmontado todo el Estado de derecho y me refiero más que nada a las instituciones (...). Se hacen lecturas tergiversadas de la constitución venezolana y se trata con ello de hacer una especie de lectura a favor de una ideología particular”. Brindó como ejemplo que en principio en Venezuela se comenzó a atacar la Asamblea Nacional, la Fiscalía, la Contraloría, el defensor del pueblo y la justicia electoral. Asimismo, planteó un ejemplo de este problema en Colombia: “El desmontaje también se ve en la Corte Constitucional colombiana, que a pesar de que tiene una gran fama de ser activista, se ha llegado a niveles muy altos de discrecionalidad por parte de los jueces constitucionales. Esto ha tenido un efecto irradiante porque esta Corte es faro de la justicia constitucional en Latinoamérica”.
Por otro lado, expuso acerca de cómo influye el tema regulatorio en la limitación de derechos fundamentales, en específico en Venezuela. “Para uno limitar o comprimir derechos tiene que ser por vía de ley”, introdujo y agregó que “en la región, hay un abuso del uso del decreto de emergencia y en Venezuela esto ha sido una bandera”. Y reflexionó que “se regulan aspectos sociales, económicos y culturales a través de figuras que no están desde el punto de vista teórico jurisprudencial o administrativo en consonancia con esa teoría”.
Seguidamente, se refirió al abuso de los principios generales del derecho. “En Venezuela hubo y todavía hay por parte el régimen de Maduro una inconsistencia en cuanto al orden de procedimientos administrativos para llevar a cabo estas actuaciones de limitación”, especificó.
Hacia el final, disertó sobre cómo ha hecho la Justicia para desmontar todo el aparato del orden dogmático de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. “En materia de libre empresa no hay garantía de ningún tipo”, resaltó. En cuanto a la tutela judicial efectiva, señaló que “del año 2004 al 2015 el 96% de las sentencias en el orden contencioso de la Sala Político Administrativa son sentencias favorables a la Administración y en materia de medidas cautelares solamente el 2%”. Remarcó: “La Justicia ha sido el principal cómplice del desmontaje total y absoluto del Estado de derecho en Venezuela”, y puso de manifiesto la necesidad de analizar cómo esto ha irradiado a otros países de la región latinoamericana, como por ejemplo Bolivia.