Congreso de Derecho de Ejecución Penal
Cristina Caamaño, Sergio Delgado y Mónica Pinto
Durante los días 9 y 10 de junio se desarrolló en la Facultad el Congreso de Derecho de Ejecución Penal, organizado por el Centro de Estudios de Ejecución Penal. A través de distintos paneles, se trataron, entre otras temáticas, la Reforma del Código Penal y Ejecución Penal, el trabajo en las cárceles, la salud en la cárcel y la Reforma Normativa de la ley de facto del SPF, realizándose también la entrega de premios a las ponencias.
En la inauguración, la Decana Mónica Pinto remarcó que la Facultad no se agota en los cursos que forman parte de la oferta, sino que presenta una serie de actividades que tienen en mira la formación de los graduados. “El Centro de Ejecución Penal ha llevado una serie de tareas que tienen que ver poder acercarles a todos los estudiantes y graduados ciertos momentos de reflexión sobre problemáticas habituales y nuevas”, subrayó. En relación con el Proyecto de Reforma del Código Penal, destacó que de los cinco juristas que pertenecen a la comisión redactora, tres son profesores de la Facultad de Derecho de la UBA. “Desde 1920 que la Argentina no debate un Código Penal completo, y este no es un dato menor cuando trabajamos con conductas que la sociedad valora como contrarias a la ley y que considera que deben ser retribuidas con penas privativas de libertad”, afirmó.
A su turno, Cristina Caamaño destacó el Anteproyecto de Reforma del Código Penal, ya que fue realizado por una comisión plural y diversa, con personas pertenecientes a distintos partidos políticos, y que tuvieron en cuenta la doctrina, el derecho comparado y el Anteproyecto de Código del año 2006. “Salió un Anteproyecto simple, sin extravagancias, con el fin de iniciar una discusión (…) Esto no es un libro cerrado, sino que justamente es un Anteproyecto que da inicio a una discusión que se tiene que dar en el Congreso”, declaró. En este sentido, la oradora entendió que el mayor error que cometió la comisión fue haber entregado el Anteproyecto sin dar ninguna explicación. “Me interesa analizar a dónde apunta esta reforma de Código Penal, más allá de que se puede agregar la reincidencia si todos están de acuerdo en el Congreso, se puede mejorar, esto es una base que da pie a la discusión”, remarcó. Asimismo, la oradora aseguró que lo que se intentó también con el Anteproyecto fue incorporar todas las leyes que estaban por afuera del Código penal, y a la vez, generar un código armónico, teniendo en cuenta que el Código perdió tanto la armonía como la sistematicidad. “Tenemos penas en los delitos contra la propiedad que son más altas que la de los delitos que lesionan a las personas”, explicó.
A su turno, el director del Centro de Estudios de Ejecución Penal, Sergio Delgado, enfatizó que las distintas comisiones han estado bastante activas. En este marco, hizo referencia al trabajo en la cárcel, el cual es según Delgado uno de los cambios más trascendentes de los últimos años. En este sentido, aseveró que todavía hay constituciones, como la de los Estados Unidos, que consideran a los condenados como esclavos. “Construir una concepción jurídica que dé otra naturaleza al trabajo en la cárcel es de una trascendencia que no se logra percibir sin conocer la realidad que se intenta modificar”, subrayó. En relación a la ley de ejecución, el orador afirmó que la idea es trabajar con cada uno de sus puntos y con una serie de normas que se comenzaron a dictar e implementar con cierta morosidad, como el mecanismo nacional de prevención de la tortura. En referencia al Código Penal, Delgado adhirió a que fue destrozado por distintas reformas hasta perder toda racionalidad. Asimismo, indicó que una de las metas fijadas por el Jefe de Gabinete este año es la reforma de la ley orgánica del Servicio Penitenciario Federal. “No es la única la ley que habría que modificar, porque es una ley de facto que tiene efectos deletéreos”, puntualizó. En este sentido, recordó que las fuerzas de seguridad que gobernaban en ese momento hicieron un diseño estratégico que no ha sido desactivado por la democracia. “Ese diseño está comprendido por la ley de Gendarmería, que es una ley de facto; la ley de Prefectura Naval, otra ley de facto; la ley orgánica de la Policía Federal, una ley de facto anterior que venía ratificada; y la ley de armas, ley de facto de 1973 reglamentada por un decreto posterior de 1975 que convirtió a todos los integrantes de la fuerza de seguridad en legítimos usuarios de armas de fuego”, advirtió. Con relación a esto, el orador consideró absurdo que los funcionarios penitenciarios, que no pueden usar armas de fuego en el ámbito de sus tareas, sean legítimos usuarios de armas de fuego. “Este es uno de los efectos deletéreos de que el servicio penitenciario sea una fuerza de seguridad. Que este año se propongan reformar esta norma me parece saludable”, manifestó.
En el transcurso de las dos jornadas de trabajo también participaron Alejandro Alagia, Marcos Salt, María E. Barbagelata, Luis Guillamondegui, Alfonso González López, Irene Corach, Gustavo Plat, Elsa Porta, Juan Pedrini, Luis Ohman y Victoria Donda.
“Construir una concepción jurídica que dé otra naturaleza al trabajo en la cárcel es de una trascendencia que no se logra percibir sin conocer la realidad que se intenta modificar”, subrayó Sergio Delgado.