Conferencia “Dinero y Política”
Ana María Bourimborde, Alejandra Lázzaro, Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama Rendón
El pasado 17 de noviembre se realizó en el Salón Rojo de la Facultad la conferencia titulada “Dinero y Política”. Las exposiciones estuvieron a cargo de la investigadora de del Instituto Gino Germani, Dra. Alejandra Lázzaro; el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional de Méjico, Dr. Lorenzo Córdova Vianello; y el Profesor de Economía de la Universidad Nacional de Méjico, Dr. Ciro Murayama Rendón. Por su parte, la Dra. Ana María Bourimborde presentó a los disertantes.
La Dra. Alejandra Lázzaro destacó que lo interesante de la relación entre política y dinero es la desconfianza de la ciudadanía subyacente respecto al financiamiento de los partidos políticos. Dividió los costos de estos en dos: los que hacen a su desenvolvimiento institucional, en su rol de intermediadores de la sociedad y el Estado; y los destinados a las campañas electorales, donde se abriría el interrogante sobre la proveniencia de los fondos.
Señaló la existencia de dos épocas diferenciadas en Latinoamérica, antes y después de la década de 1980. En este sentido, explicó que en el primer momento, la ciudadanía se mostró desaprensiva en la investigación de la proveniencia de los recursos partidarios pero que, a medida que se afianzaba el sistema y se daba algún tipo de desilusión, el electorado se tornó más inquisitivo respecto al manejo de sus fondos y que la demanda de transparencia de la ciudadanía fue acompañada por una mayor necesidad económica de los partidos políticos debido a la expansión de los medios de comunicación como medios publicitarios.
En cuanto al caso argentino, destacó la Reforma Constitucional de 1994 que plasmó el reconocimiento expreso de los partidos políticos, que los define e impone como obligación estatal su sostenimiento económico. “Como contrapartida, se les atribuyeron dos conductas imperativas: la capacitación de sus dirigentes y la publicidad del origen y destino de sus fondos”, agregó. Del mismo modo, se refirió a un fallo de la Cámara Nacional Electoral que reconoce el derecho de la ciudadanía a conocer el destino de los fondos que el Estado transfiere a los partidos políticos y que alerta sobre el peligro que les puede implicar el dinero como fuente de influencia, en el sentido de su poder determinante en la colaboración a grupos particulares en detrimento del bienestar general. “A partir de este fallo se dio impulso a la sanción de la actual ley de financiamiento de los partidos políticos, en la cual se regula no sólo la inversión pública, sino también la privada, y plantea como el nuevo horizonte al voto informado del elector”, indicó.
A continuación, el Dr. Lorenzo Córdova Vianello analizó la situación política mejicana y su similitud con la argentina. “La experiencia comparada tiene sentido por tres razones: la primera comprende las realidades políticas con un pasado autoritario común y un proceso de transición a la democracia paralelo; la segunda refiere al problema del dinero y de la fiscalización, que ha sido resuelto de manera eficaz; y la tercera implica las reformas normativas llevadas adelante en ambos países”, puntualizó.
En un marco descriptivo de la reforma constitucional mejicana, remarcó que ella prevé la prohibición tajante y absoluta de publicidad política en medios electrónicos de comunicación, tanto para los partidos políticos como para los particulares, así como la utilización de los “tiempos del Estado” en pos de que estas instituciones lleguen a amplias franjas de la ciudadanía. “Lo novedoso es que esta nueva regulación se da en un contexto en el que, como nunca antes, los medios electrónicos de comunicación constituyen un poder fáctico capaz de condicionar a la política a sus intereses. Por esto, la reforma fue reivindicatoria de la supremacía del Estado frente al poder de los medios de comunicación”, concluyó.
Por último, el Dr. Ciro Murayama Rendón realizó una reseña histórica de la transición a la democracia mejicana, que comenzaría en 1977 con la primera apertura que permitió la incorporación de partidos políticos que habrían padecido la exclusión por largos períodos temporales. Subrayó que en la década de 1980 se mejoró el sistema de representación partidaria y que en el período siguiente a 1990 el objetivo principal estaría comprendido por la limpieza de las elecciones. “Fue así como en 1996 se instauró el ‘sistema de las condiciones de competencia’, que tenía por objetivos la equidad en la contienda, la preservación de la autonomía de los partidos políticos frente a los donadores privados y la transparencia”, afirmó.
Reconoció que los problemas en cuanto a la regulación partidaria son comunes a las democracias contemporáneas, pero que necesariamente las respuestas son diferenciadas. En cuanto a la solución mejicana tras la reforma del 2007 -conducida por la campaña negativa, el desmesurado gasto en publicidad y el excesivo financiamiento por parte de particulares, evidenciado en las elecciones del año anterior-, remarcó cuatro puntos superadores, que se resumen en la reglamentación del financiamiento público, la limitación y publicidad del apoyo económico privado, la determinación normativa del acceso a los medios de comunicación y la creación de una autoridad electoral de fiscalización sólida.