Conferencia del Doctor Conde-Pumpido Tourón

Conferencia del Doctor Conde-Pumpido Tourón

Fue invitado especialmente a nuestra Facultad el 29 de noviembre, el Fiscal General del Estado del Reino de...

Javier De Luca, Cándido Conde-Pumpido Tourón y Atilio Alterini

A fines de noviembre pasado, la Procuración General de la Nación, a través de su Fiscalía General de Formación, Capacitación y Estudios Superiores, conjuntamente con el Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho y el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), organizaron una serie de conferencias para dar forma al "Seminario Internacional de Derecho Penal Económico y Tributario".

Dentro de ese marco, fue invitado especialmente a nuestra Facultad el 29 de noviembre, el Fiscal General del Estado del Reino de España, Dr. Cándido Conde-Pumpido Tourón, para disertar sobre “La relevancia de la persecución del fraude económico para el funcionamiento de la democracia”.

Para dar la bienvenida a los magistrados, fiscales, abogados, docentes, y demás público presente, el Decano de nuestra Facultad, Dr. Atilio Alterini expresó unas breves palabras de satisfacción por la realización de la actividad. A la vez, destacó que es de fundamental interés para nuestra universidad pública el desarrollo de debates abiertos, libres y plurales que enriquezcan la vida democrática.

En consonancia con esto último, el Dr. Cándido Conde-Pumpido Tourón manifestó que en esta era globalizada los problemas que nos aquejan son comunes y es por ello que debemos llegar a las soluciones a través del diálogo y el intercambio de experiencias.

Citando al reconocido jurista Luis Jiménez de Asúa, nuestro invitado advirtió que en derecho (y sobre todo en derecho penal económico) es necesario mirar la realidad con ojos nuevos, que permitan adaptar y modernizar las normas a la velocidad con que se mueven los mercados y sus agentes económicos. “Hoy la globalización y la informatización de las transacciones nos exigen reformular el papel del derecho penal”, agregó en ese sentido.

De esta manera, el Fiscal General explicó que todo cambio en el derecho penal implica también un cambio en los bienes jurídicos protegidos. “Hoy resulta imperioso proteger valores como la libertad de mercado, la libre competencia, la transparencia en las transacciones, la seguridad jurídica, y la confianza en las instituciones políticas y financieras”, destacó.

Por otra parte, Conde-Pumpido Tourón sostuvo que hablar de derecho penal económico significa también hablar del grado de intervención del Estado en la regulación de las relaciones sociales. Es por ello que hace falta distinguir claramente cuáles son las doctrinas actuales alrededor del grado de poder punitivo del Estado, cuyas posiciones pueden ser divididas en tres bien diferenciadas.

En primer lugar, tenemos al derecho penal liberal clásico, que concibe a la pena como remedio de última ratio y no pretende con ella un castigo sino la reinserción del sujeto en la sociedad. En segundo término, se alistan las viejas concepciones -hoy recicladas- relacionadas con el llamado derecho penal de autor o, como se dice actualmente, “derecho penal del enemigo”. Esta doctrina, apunta a penalizar la peligrosidad, a partir de la aplicación de medidas preventivas extraordinarias o de excepción, renunciándose en ella a la función de resocialización. Finalmente, citó a la doctrina del “derecho penal de los millonarios”, a partir de la cual se conciben los delitos de cuello blanco, cuya tipificación reprocha a sujetos con alto poder adquisitivo que manipulan las normas de convivencia para cometer actos ilícitos.

Luego de esta descripción, el funcionario español sostuvo que en una sociedad democrática deben defenderse los principios liberales que garantizan los derechos constitucionales de los imputados, aun cuando los mismos fuesen nuestros enemigos. “Lo que nos distingue como democráticos es nuestra capacidad de aplicar a todos las mismas reglas”, enfatizó, criticando así a las corrientes penales de tipo preventivas, basadas en la peligrosidad.

Asimismo, nuestro invitado ve como una evolución positiva la sustitución de la pena privativa de libertad (en el caso de delitos económicos) por medidas punitivas distintas, como ser las sanciones pecuniarias. Sin embargo, sostuvo que hay que tener cuidado con este tipo de sanciones porque terminan beneficiando a quienes tienen un mayor poder adquisitivo.

Más adelante, Conde-Pumpido Tourón comentó algunos de los delitos corporativos típicos, como la utilización de testaferros, el lavado de dinero, la evasión impositiva fraudulenta, la actuación a través de estructuras societarias encubiertas, los actos de corrupción, o el llamado insider trading. “Hasta ahora el derecho penal económico no ha demostrado ser un obstáculo para la economía ni parece haber disminuido las transacciones; son, por el contrario, las malas prácticas empresarias las que perjudican la situación económica del conjunto”, expresó.

Para finalizar, nuestro invitado relató algunas de las experiencias registradas en la Unión Europea, y mostró cómo se encuentran evolucionando allí la doctrina y la jurisprudencia en materia de penalización de las personas jurídicas.

“La finalidad de todo esto -concluyó diciendo nuestro invitado- es promover el desarrollo y la estabilidad económica, que son los valores que nos permitirán vivir en paz y lograr de una vez por todas dar realidad a una verdadera convivencia democrática”.